Del discurso a los decretos: Javier Milei reforzó Defensa y endureció la ofensiva por Malvinas

El Gobierno de Javier Milei avanzó con un paquete de medidas vinculadas a la cuestión Malvinas que combina mayores recursos para las Fuerzas Armadas con un nuevo esquema para acelerar las sanciones contra empresas que participen en actividades hidrocarburíferas en los espacios marítimos que Argentina considera propios.

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 867/2026, el Ejecutivo modificó el Presupuesto 2026 y destinó cerca de $218.000 millones adicionales al área de Defensa, con el objetivo declarado de fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas mediante la incorporación, modernización y recuperación de equipamiento y medios.

El refuerzo alcanza al Ministerio de Defensa, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el Estado Mayor Conjunto. Una parte significativa de los fondos está destinada a anticipos a proveedores y contratistas de largo plazo, vinculados con la incorporación y recuperación de capacidades militares.

El Ejército recibirá alrededor de $60.429 millones, mientras que la Fuerza Aérea contará con unos $34.156 millones. Para la Armada se contemplan aproximadamente $8.115 millones, destinados principalmente a equipamiento informático y alistamiento operacional. El Ministerio de Defensa concentra otros $114.732 millones, mientras que el Estado Mayor Conjunto suma recursos adicionales.

El movimiento presupuestario se conoció horas después del mensaje de Milei por la cuestión Malvinas, en el que el Presidente anunció una nueva etapa en el reclamo argentino de soberanía y anticipó la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego.

Pero el Gobierno también avanzó por la vía económica y administrativa. En paralelo al decreto presupuestario, Milei firmó el Decreto 868/2026, que modifica el esquema de aplicación de la Ley 26.659, la norma que establece restricciones y sanciones para quienes participen en actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en la Plataforma Continental.

Cancillería queda al frente de las sanciones por Malvinas

Uno de los principales cambios establecidos por el nuevo decreto es que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto pasa a ser la autoridad de aplicación de la Ley 26.659.

La decisión busca coordinar las acciones administrativas contra empresas con la estrategia diplomática argentina en la disputa por la soberanía de las islas.

El decreto establece además que todos los organismos de la Administración Pública Nacional deberán informar a Cancillería, dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles, cualquier hecho que pudiera configurar una infracción a la legislación hidrocarburífera.

A partir de allí, la autoridad podrá iniciar de oficio un procedimiento administrativo cuando existan indicios suficientes de una actividad prohibida.

El mecanismo también apunta a acelerar los tiempos. Los presuntos infractores tendrán 10 días hábiles para presentar su descargo y ofrecer pruebas, mientras que la autoridad deberá resolver dentro de otros 10 días hábiles desde la presentación del descargo, el vencimiento del plazo o la finalización de la etapa probatoria.

Las sanciones previstas por la Ley 26.659 incluyen la inhabilitación de personas físicas o jurídicas por períodos de entre cinco y 20 años. En determinados casos, además, puede disponerse la reversión de concesiones hidrocarburíferas al Estado nacional o a las provincias, según corresponda.

El Gobierno apunta también al RIGI

El Decreto 868 introduce otro elemento de peso: las empresas que pretendan acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) deberán declarar que cumplen y cumplirán con las disposiciones de la Ley 26.659.

La declaración jurada deberá ser presentada por el representante legal del Vehículo de Proyecto Único (VPU) y alcanzará también a las personas físicas o jurídicas que tengan participación directa o indirecta en el proyecto.

Además, antes de resolver una solicitud de adhesión al RIGI, deberá intervenir obligatoriamente la autoridad de aplicación de la Ley 26.659 para verificar que el solicitante y quienes tengan participación en él no estén involucrados en las actividades prohibidas.

El mismo criterio se aplicará a quienes busquen obtener permisos, concesiones, autorizaciones o habilitaciones hidrocarburíferas. Deberán presentar una declaración jurada en la que aseguren que no realizan ni realizarán las conductas prohibidas por la legislación argentina.

Una ofensiva en varios frentes

Con ambos decretos, el Gobierno de Milei desplegó una estrategia que combina política exterior, sanciones económicas, regulación energética y fortalecimiento militar en torno a la cuestión Malvinas.

Mientras el Decreto 867 amplía significativamente los recursos destinados a Defensa y busca mejorar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas, el 868 apunta directamente contra las empresas que participen en actividades hidrocarburíferas vinculadas con las islas sin autorización argentina.

La medida adquiere especial relevancia frente al desarrollo del proyecto Sea Lion, impulsado por las empresas Rockhopper y Navitas en aguas próximas a las Malvinas, que el Gobierno argentino considera parte de su plataforma continental.

Milei había anticipado que su administración avanzaría contra las compañías involucradas directa o indirectamente en proyectos hidrocarburíferos en las islas. El nuevo decreto establece ahora un procedimiento específico para detectar, investigar y eventualmente sancionar esas actividades.

Así, a horas de haber colocado nuevamente a Malvinas en el centro de su agenda, el Gobierno pasó del discurso a una batería de medidas concretas: más recursos para Defensa, mayores controles sobre las petroleras y nuevas condiciones para acceder a los beneficios del RIGI.