Cuestionamientos al Consejo de la Magistratura ponen en foco el rol de Luis Juez

El funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación volvió a quedar bajo la lupa en las últimas semanas a partir de una serie de presentaciones administrativas que cuestionan la imparcialidad del órgano disciplinario y la legalidad de algunas de sus decisiones. En ese contexto, el nombre del senador nacional Luis Juez, integrante del cuerpo, aparece reiteradamente mencionado en recusaciones formales y pedidos de nulidad incorporados en distintos expedientes.

Según surge de recursos y escritos presentados ante el propio Consejo, en el último tiempo se multiplicaron los planteos que objetan la intervención de algunos consejeros en decisiones adoptadas antes de que los hechos investigados cuenten con instrucción concluida o sentencia firme. Fuentes judiciales con acceso a esas actuaciones señalan que los cuestionamientos no se limitan a un solo expediente, sino que se repiten en distintos procesos disciplinarios.

Denuncias reiteradas y medidas anticipadas

Uno de los ejes centrales de las impugnaciones gira en torno a la reiteración de denuncias basadas en los mismos hechos, presentadas ante distintos órganos o en diferentes momentos procesales. De acuerdo con los planteos incorporados en expedientes administrativos durante 2025, esta dinámica habría derivado en la adopción de medidas calificadas como “preventivas”, pero con efectos concretos sobre el funcionamiento de juzgados y la situación de magistrados involucrados. Entre esas medidas se mencionan modificaciones en la estructura interna de tribunales y el desplazamiento de funcionarios clave, adoptadas —según los recursos— sin que existiera una investigación concluida ni una resolución definitiva. Para los firmantes de esos escritos, se trata de decisiones que, en los hechos, producen consecuencias similares a una sanción.

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Pruebas cuestionadas y debido proceso

Otro aspecto señalado de manera recurrente en las presentaciones es la debilidad del sustento probatorio. En varios expedientes se cuestiona la utilización de testimonios indirectos o de oídas como fundamento para decisiones administrativas de alto impacto institucional. Especialistas en derecho administrativo consultados en el marco de estos planteos advierten que esta lógica invierte el principio de inocencia, al priorizar la adopción de medidas antes de completar la investigación. Según sostienen, ese criterio podría afectar garantías básicas del debido proceso y generar precedentes sensibles dentro del sistema disciplinario judicial.

El rol político dentro del Consejo

La figura de Luis Juez, senador nacional y dirigente de fuerte perfil político, ocupa un lugar central en este debate. Su participación en decisiones que luego fueron objeto de recusaciones y pedidos de nulidad comenzó a generar resistencias internas y cuestionamientos formales dentro del propio Consejo. Para distintos actores del ámbito judicial, que un consejero sea señalado en múltiples expedientes por presunta falta de imparcialidad o por vicios en actos administrativos no constituye un dato menor, ya que reabre una discusión de fondo sobre el rol del organismo: si debe actuar como garante técnico de la independencia judicial o si queda expuesto a lógicas políticas que tensionan su funcionamiento.

Una alerta institucional

Más allá de los nombres propios, las situaciones descriptas configuran —según advierten juristas— una alerta institucional. La reiteración de denuncias no resueltas, la adopción de medidas anticipadas y los cuestionamientos probatorios aparecen como factores que podrían erosionar la confianza en el sistema disciplinario. Desde el entorno del senador Luis Juez señalaron que su actuación dentro del Consejo se ajusta a derecho y rechazaron los cuestionamientos, al tiempo que destacaron su compromiso con el control institucional del Poder Judicial.

Mientras tanto, el debate permanece abierto: cómo ejercer el control disciplinario sobre los magistrados sin afectar el debido proceso, la imparcialidad y la independencia judicial, pilares centrales del Estado de Derecho.

* Sergio Hernández. Abogado.