Consejo de Mayo: el Gobierno ultimó detalles de la reforma laboral y tensiona con los sindicatos
Con la reforma laboral en el centro de la escena, el Consejo de Mayo se reunió en la Casa Rosada para ultimar los detalles del documento final que se presentará en el Congreso el 9 de diciembre.
El Consejo de Mayo tuvo una última reunión antes de fin de año.
PresidenciaCon Manuel Adorni por primera vez a la cabeza, el Consejo de Mayo se reunió este miércoles en la Casa Rosada para definir los detalles del documento final que se presentará en el Congreso el próximo 9 de diciembre. Este recopilará todas las iniciativas trabajadas en la entidad en los últimos meses, entre ellas la reforma laboral, tema central de discusión.
El Consejo de Mayo se acerca a su fin
Luego de una semana sacudida por las filtraciones de los borradores de la reforma educativa, que despertaron malestar en el Gobierno, la mesa de diálogo ideada por Javier Milei para diseñar reformas con consensos llegó a su recta final.
Sin la presencia de Guillermo Francos, que fue reemplazado por Manuel Adorni, el elenco habitual del Consejo de Mayo se reunió a las 11.30 en el Salón de los Escudos ubicado en las entrañas del Ministerio del Interior para cerrar el borrador del documento final.
Allí se ubicaron el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en nombre del Gobierno; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora radical Carolina Losada por la cámara alta; el jefe de bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, por la baja; el titular de la UIA, Martín Rapallini, por el empresariado; y Gerardo Martínez, líder de la Uocra, en nombre del sindicalismo.
Del Salón de los Escudos al Congreso
Desde su primera reunión en junio, los consejeros -con intervenciones ocasionales de otros funcionarios y especialistas en las diversas áreas a tratar- discutieron los 10 puntos del Pacto de Mayo acordado entre el presidente y 19 gobernadores aquel 9 de julio de 2024 en Tucumán.
Algunos de esos ítems como la reforma laboral, la tributaria, la responsabilidad fiscal, la reforma a la Ley de Glaciares para impulsar la minería en las provincias, está previsto que se debatan en el primer tramo de las sesiones extraordinarias convocadas a partir del 10 de diciembre. Allí entrarán también otros temas centrales como la Ley de Presupuesto -que incluirá el proyecto de presunción de inocencia fiscal- y la reforma del Código Penal.
Otros, como la reforma educativa y la apertura al comercio internacional, se discutirían más adelante, y temas sensibles como la reforma previsional o la rediscusión de la coparticipación federal de los impuestos quedarían fuera de la película, al menos en el mediano plazo.
El objetivo del Consejo de Mayo es que los puntos incluidos en el documento final sean tenidos en cuenta para los proyectos de ley que el Gobierno presentará en el Congreso. Sin embargo, al tratarse de un órgano consultivo, las decisiones tomadas en el Salón de los Escudos no son vinculantes.
"Somos un organismo consultor. Hemos traído propuestas y el 9 de diciembre sacaremos pulido casi todo lo que hemos presentado. Seguramente no todos vamos a estar de acuerdo al 100% pero tendremos un producto de lo que hemos trabajado durante el año", remarcó Cristian Ritondo en diálogo con la prensa acreditada tras el encuentro.
La disputa por la reforma laboral
Pese a la cercanía con las sesiones extraordinarias, el Gobierno aún no ha dejado entrever un texto definitivo de una de las principales reformas: la laboral. Los distintos trascendidos alrededor de posibles puntos del proyecto generaron rispideces, especialmente con la CGT.
En diálogo con la prensa acreditada, el secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez, enfatizó que el sindicalismo puja por "una modernización laboral sin perder derechos". "Veremos si está cerca de eso, hay tantos documentos por parte del gobierno que no sabemos cuál es. Nadie vota a un gobierno para perder derechos", insistió el gremialista , que además anticipó un "posible" encuentro de la nueva cúpula de la CGT con el Gobierno.
Según pudo saber MDZ, la reforma que presentará el Gobierno va a contener 9 títulos que tratarán los siguientes puntos: la ultraactividad; la relación de los convenios; las cargas fiscales; los "peajes" que implican los financiamientos de los sindicatos y las cámaras empresariales; los derechos colectivos; los derechos de trabajo individual; los trabajadores autonomos; la democracia sindical; y derogaciones varias.
Algunos de esos títulos podrían generar mucha conflictividad con la CGT, como por ejemplo una posible derogación de los aportes obligatorios de los trabajadores a los sindicatos.
"Hay que terminar con la industria del juicio y el carancheo. Hay gremios que sobre $1.300 de gasto, $570 es lo que cobra el trabajador en mano. Todo lo demás se va en el carancheo: aportes, sindicatos, etc. El que quiere estar en un sindicato va a estar, y el que no, no. ¿Por qué te voy a obligar a estar sindicalizado?", planteó Ritondo.
Sin embargo, aclaró que todavía no hay un proyecto definitivo: "Hay un montón de instancias de borradores que van desde la UIA que quiere una ley a la que quiere la CGT y nosotros que tratamos de mediar para que haya una modernización laboral que signifique una oportunidad para un montón de trabajadores que hoy no encuentran un trabajo formal".
Para Carolina Losada, el proyecto "está muy avanzado", y si bien no adelantó ninguno de sus puntos, reiteró que su objetivo es aumentar el empleo en blanco, lo cual a su vez repercutirá en mayores ingresos para las jubilaciones y permitirá también una baja de impuestos.
"Ojalá que seamos una mayoría los que acompañemos y que esas reformas puedan llegar a hacerse. El sindicalismo tiene que buscar lo mejor para los trabajadores, que es lo que queremos todos, y no hay nada mejor que tener trabajo en blanco y tener los derechos garantizados", subrayó.
Previo a la presentación final programada para el 9 de diciembre, el Consejo de Mayo se reunirá una última vez para pasar a limpio los puntos trabajados y luego presentar el documento final. A partir de entonces, la pelota estará en control del Gobierno, que deberá llevar la batalla al Congreso.