Con la baja de edad de imputabilidad, el Congreso tendrá un febrero de híper actividad
El Gobierno confirmó que tratará la baja de edad de imputabilidad en febrero. Se espera un mes de alta actividad política.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
N/AEl oficialismo quiere pisar el acelerador en el Congreso y tener un febrero de híper actividad parlamentaria en ambas cámaras. Mientras el Senado trabajará para darle media sanción a los proyectos de reforma laboral y de glaciares, en Diputados definen la composición de las comisiones para tratar la baja de edad de imputabilidad a 14 años.
Así, queda en el tintero para el año legislativo la reforma tributaria que quiere imponer el Gobierno de La Libertad Avanza. Esto se resolvió este lunes por la mañana en una nueva reunión de la mesa política en Casa Rosada, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
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En la Cámara baja está previsto que en la primera semana de febrero se conformen las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda y Familia y Niñez, las tres que tratarán la creación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que prevé condenas a menos de 18 años. Así buscarán dictaminar esa misma semana y llevarlo al recinto la siguiente.
En mayo de 2025, con menos cantidad de diputados, el oficialismo consiguió un dictamen favorable al proyecto que por aquel entonces impulsaba la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Sin embargo, La Libertad Avanza, subsumido en una impotente minoría parlamentaria, no puedo controlar la agenda para llevarlo al recinto.
Con un mejor clima, que tiene a La Libertad Avanza como primera minoría, el oficialismo se entusiasma con cumplir con su promesa electoral de mano dura. A diferencia de otros proyectos, en este cuenta con el apoyo de los gobiernos provinciales de Santa Fe y Córdoba, que hace tiempo piden endurecer las penas y darle "penas de adultos a delitos de adultos", uno de los eslóganes para defender esta iniciativa.
También se espera que reciba el apoyo de los gobernadores que suelen acompañar al Gobierno nacional como el de Catamarca, Tucumán, Salta, Corrientes, Misiones, Río Negro, San Juan y San Luis.
El Gobierno intentará impulsar el mismo proyecto que tuvo dictamen en la comisión. Sin embargo, nadie descarta que haya algunas modificaciones para asegurarse más votos en el recinto y no correr ningún riesgo.
En aquella oportunidad, el Gobierno logró un dictamen consensuado con 77 firmas de las tres comisiones. Para eso tuvo que acordar un texto con los distintos bloques.
El despacho final se logró a partir de la unificación de los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo Nacional; por el del diputado massista Ramiro Gutiérrez; los del Pro de Cristian Ritondo y Diego Santilli; de Gerardo Huesen de La Libertad Avanza; de Juan Manuel López de la Coalición Cívica; de Carla Carrizo de Democracia para Siempre; y la sanjuanina Nancy Picón Martínez, entre otros.
Qué dice el dictamen de 2025 sobre la baja de edad de imputabilidad
El proyecto establece el régimen penal aplicable a personas adolescentes a partir de los 14 años, con el objetivo de promover el sentido de la responsabilidad legal por los actos cometidos y favorecer procesos de educación, resocialización e integración social.
Según el dictamen, en los procesos penales seguidos contra niños, niñas y adolescentes regirán todos los principios, derechos y garantías del sistema procesal acusatorio. Además, las sanciones que se apliquen no podrán implicar en ningún caso la interrupción de los estudios. Para garantizar la escolaridad obligatoria, el texto prevé la implementación de programas educativos específicos, coordinados con el sistema educativo de cada jurisdicción.
La iniciativa fija también un límite máximo de 15 años para las penas privativas de la libertad en el caso de personas adolescentes. En cuanto a las condiciones de detención, establece que deberán ser alojados en institutos adecuados o en sectores separados de los adultos dentro de establecimientos carcelarios, con espacios especialmente preparados para el tratamiento de jóvenes en conflicto con la ley penal y con personal capacitado de manera específica para su abordaje.