Comodoro Py se quedó con la causa por supuesto amedrentamiento en el country donde vive Manuel Adorni
La Cámara Federal Porteña rechazó el traslado del expediente a Campana y ordenó que la investigación continúe en el juzgado de Daniel Rafecas hasta tanto se reúnan las primeras pruebas sobre los hechos denunciados.
La casa de Adorni en Indio Cuá
El camarista Eduardo Farah determinó que la investigación por la denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano sobre el supuesto despliegue irregular de efectivos de Gendarmería en el barrio privado Indio Cuá, donde reside el jefe de Gabinete Manuel Adorni, debe tramitar en Comodoro Py.
Farah puso punto final a una disputa de competencia entre el juez federal Daniel Rafecas y su par de Campana, Adrián González Charvay. El magistrado consideró prematuro apartar al juzgado que recibió originalmente el caso, dado que todavía no se realizaron medidas de prueba elementales.
La causa se originó el 21 de mayo, cuando en su denuncia Pagano sostuvo que existía una presencia permanente de efectivos de la Gendarmería Nacional en el acceso al country Indio Cuá, ubicado en Pilar, donde vive Adorni junto a su familia. Según la legisladora, ese operativo habría sido dispuesto sin un acto administrativo que lo justificara, sin una evaluación de riesgo y sin requerimiento judicial.
Pagano también denunció que la medida habría generado un clima de intimidación entre los vecinos del complejo y, además de pedir investigar al jefe de Gabinete, reclamó lo propio a la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva,, y a miembros de la Gendarmería Nacional.
El conflicto tuvo como trasfondo una serie de tensiones entre residentes del barrio privado y Adorni. En las denuncias incorporadas al expediente se mencionaron episodios ocurridos luego de que algunos vecinos tomaran fotografías de la vivienda vinculada a Adorni y expresaran cuestionamientos sobre la presencia de agentes de seguridad en la zona. También se aludió a mensajes intercambiados en grupos de WhatsApp del country, que algunos denunciantes interpretaron como intimidatorios.
No obstante, Farah aclaró que esas acusaciones aún no fueron verificadas y que precisamente la investigación deberá determinar si la custodia existió, quién la ordenó y bajo qué fundamentos.
"Al día de hoy no se sabe siquiera si esa consigna de Gendarmería Nacional existió o existe aún, quién la ordenó y en base a qué circunstancias y aplicando qué normas", señaló Farah en su resolución.
El camarista coincidió con el criterio del fiscal ante esa instancia, José Luis Agüero Iturbe, y destacó que cuando se planteó la incompetencia, apenas obraba la denuncia y ni siquiera había intervenido el Ministerio Público Fiscal.
"El conocimiento reunido hasta el momento es insuficiente para sostener una declaración de incompetencia", sostuvo el juez, quien recordó además la jurisprudencia de la Corte. Suprema que exige una investigación previa suficiente antes de resolver qué tribunal debe intervenir.