Coimas en la Andis: la Justicia rechazó el pedido de los Kovalivker para anular la investigación
La familia Kovalivker había solicitado cerrar el caso y dejar de ser investigados por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. El pedido fue rechazado por el juez federal Sebastián Casanello.
Los dueños de la droguería Suizo Argentina plantearon además que la empresa ya había sido investigada por hechos similares este mismo año.
ArchivoEl juez federal Sebastián Casanello rechazó este viernes el pedido de la familia Kovalivker para anular la investigación por el supuesto mecanismo de retornos que habría funcionado dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad a través de la droguería Suizo Argentina. De acuerdo al fallo, los empresarios tuvieron una clara intención de "entorpecer el desarrollo de la investigación".
El fallo de la Justicia contra la familia Kovalivker
Martín Magram, abogado de los Kovalivker, había alegado una "violación flagrante" al derecho de defensa de sus clientes, así como una "vulneración del debido proceso", lo cual calificó como "una verdadera caza de brujas mediante la merituación de unas grabaciones adulteradas y obtenidas de forma ilícita". Por eso, el letrado le atribuyó al caso un "claro tinte político" y pidió su anulación.
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Sin embargo, esos argumentos fueron rechazados esta semana por el fiscal a cargo del caso, Franco Picardi, y finalmente el juez Casanello ratificó la decisión.
Para Picardi, el postulado de los Kovalivker -Eduardo, Jonathan y Emmanuel- era "errado, contradictorio, carente de sustento evidencial, y cuyo fin litigioso, únicamente, busca entorpecer el desarrollo de una investigación -incipiente- que se ha llevado a cabo -y se lleva, y llevará- respetando las reglas constitucionales y procesales vigentes".
Los argumentos de Casanello
En ese sentido, Casanello planteó que la defensa pretende "atribuir carácter de prueba única a algo que, al menos de momento, no lo tiene, para luego denunciarlo sobre una base enteramente especulativa con el objetivo de hacer caer todo lo actuado".
Por eso, el juez planteó que si él le diera lugar a ese argumento, "bastaría que los propios investigados hicieran circular este tipo de audios con un relato ponzoñoso atado a una tesis conjetural para luego procurar impunidad".
De la misma manera se había expresado el fiscal, que acusó a la defensa del trío Kovalivker de "intentar poner en tela de juicio el actuar de esta justicia penal federal, utilizando diversas hipótesis y suposiciones que no puede sostener de ninguna manera pero que, además, se presentan como antagónicas".
Con todos esos argumentos del dictamen del Ministerio Público Fiscal, Casanello rechazó el pedido de nulidad y sentenció: "No se explicó, ni se observan motivos que justifiquen la premura en cursar un planteo de esta especie a ciegas".
A su vez, el magistrado señaló que el pedido de nulidad se produjo pocos días después del inicio de la investigación, cunado la causa se encontraba bajo secreto de sumario. Por ese motivo, "no puede admitirse en favor de la parte su ignorancia de las circunstancias por las que pretende tachar de nulidad algo que, en verdad, desconoce".
Así, el juzgado decidió la continuidad de la pesquisa y remarcó que la "investigación incipiente, en pleno curso, ha respetado las reglas establecidas para su desarrollo".
La investigación sobre la Suizo Argentina y la Andis
La fiscalía a cargo de Picardi se encarga de investigar "posibles maniobras de corrupción pública desplegadas en el seno de la Agencia Nacional de Discapacidad desde diciembre del 2023 a agosto del 2025", es decir, durante la gestión del presidente Javier Milei.
El caso estalló a partir del escándalo que significó la difusión de audios del ahora extitular de la Andis Diego Spagnuolo, donde denunciaba un supuesto esquema de coimas dentro del organismo. Allí, el exfuncionario -una persona muy cercana al presidente- mencionaba como partícipes directos a la Suizo Argentina, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y su mano derecha, Eduardo 'Lule' Menem.
En ese marco, el fiscal explicó en uno de sus últimos dictámenes que su objetivo es la "determinación de las características" de la supuesta maniobra, es decir, "el conocimiento respecto de su entramado y la identificación de sus responsables".
De acuerdo al funcionario, "estos sucesos habrían ocasionado un perjuicio patrimonial al Estado Nacional, y en particular, a los destinatarios de las políticas públicas de discapacidad". Del presunto esquema se investiga la participación de la Droguería Suizo Argentina, pero también de otras droguerías que podrían haber participado "en la recaudación o erogación de pagos indebidos, destinados a funcionarios/as públicos/as del Gobierno Nacional".
