Cobos pide informes porque tiene dudas sobre el acuerdo de Mendoza con la Nación por las obras viales

El legislador nacional Julio Cobos presentó un pedido de informe dirigido al Ejecutivo Nacional para que se analice la actuación de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y se determine si se están vulnerando los derechos de las provincias, especialmente de Mendoza. La solicitud se extiende a notas a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Auditoría General de la Nación (AGN) para que también investiguen la posible afectación a las jurisdicciones provinciales.

La preocupación surge a raíz del convenio reciente firmado entre la Dirección Nacional de Vialidad y la provincia de Mendoza, mediante el cual se transfiere a la provincia, por un lapso de tres años, el mantenimiento y conservación de tramos de las rutas nacionales 7, 40 y 143. Si bien la Fiscalía de Estado de Mendoza dio su aval legal al convenio, realizó una advertencia crucial respecto al posible perjuicio que el actual esquema de asignación de recursos nacionales podría causar a la provincia, planteando una situación de inequidad con respecto a otros estados provinciales. Cobos subrayó la importancia de que, de confirmarse el perjuicio, Mendoza realice los reclamos pertinentes al gobierno nacional para defender sus derechos.

El núcleo de la cuestión, según explicó el diputado, reside en el origen de parte del presupuesto de Vialidad Nacional. Una porción significativa de dicho presupuesto proviene de impuestos específicos sobre los combustibles, en particular del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, creado por ley en 2002. Estos tributos tienen una asignación específica: deben destinarse al mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial a través del Fideicomiso de Infraestructura del Transporte.

Según el Decreto 976/01, el 28,58% de lo recaudado por estos impuestos debe aplicarse al financiamiento de obras viales dentro del Sistema Vial Integrado (SISVIAL). Los montos de este impuesto, compuesto por alícuotas y montos fijos, se actualizan mensualmente en función del precio del combustible.

La denuncia principal de Cobos es que estos recursos, si bien son recaudados por el Gobierno Nacional, no estarían siendo girados a la DNV por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, como corresponde por ley. El legislador advierte que el desvío de fondos no solo constituye un posible delito, sino también una doble injusticia. La primera injusticia es que las provincias ya han cedido parte de su coparticipación mediante esta afectación específica; la segunda es que, además, tendrían que utilizar recursos propios para financiar obras que no son de su competencia directa.

Ante esta situación, el pedido busca advertir que si el Gobierno Nacional no está transfiriendo estos fondos conforme a la normativa vigente y les está dando un destino diferente, corresponde exigir el cumplimiento de la ley. De lo contrario, Cobos plantea que debería derogarse la asignación específica para permitir que esos recursos regresen directamente a las provincias.

Se presentaron cifras alarmantes: según datos manifestados por distintas entidades gremiales, entre enero y diciembre de 2024, la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos fue de 2.520.915 millones de pesos. En el primer bimestre de 2025, de 600.000 millones de pesos recaudados por el mismo concepto, solo se transfirieron 18.000 millones a la DNV, cuando, conforme al Decreto 976/01, deberían haberse transferido 86.000 millones. Esto significa que se giró apenas el 20,96% de los fondos que le corresponden al organismo.

Finalmente, Cobos manifestó que espera respuestas del Ejecutivo Nacional para confirmar si se está perjudicando a las provincias y solicitó la intervención de la SIGEN y la AGN. Alertó que esta política de "abandono de la obra pública" del gobierno nacional afecta seriamente la infraestructura provincial, aumenta considerablemente los costos logísticos (por el incremento de seguros), compromete la seguridad vial de millones de usuarios y atenta contra el federalismo.