Causa Vialidad: los puntos clave que la defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentó ante la ONU
Los abogados de la expresidenta recurrieron al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas denunciando proscripción política y violaciones al debido proceso.
Exigieron medidas cautelares urgentes, entre ellas la suspensión de la inhabilitación perpetua y cambios en el régimen de prisión domiciliaria.
Alfredo Izaguirre/MDZLuego de considerar agotadas todas las instancias judiciales en la Argentina tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia, la defensa técnica de la dos veces presidenta y exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó formalmente una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU). El escrito, enmarcado en el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, solicita la intervención internacional por presuntas violaciones sistemáticas a las garantías constitucionales en la causa conocida como "Vialidad".
En el documento, los letrados sostienen que el proceso judicial tuvo como fin último la inhabilitación política de la exmandataria y cuestionan la imparcialidad de los tribunales intervinientes.
Las 8 violaciones al Pacto Internacional denunciadas por CFK
La presentación detalla una serie de supuestas irregularidades procesales cometidas durante la sustanciación de la causa:
Derecho a votar y ser elegida (Art. 25): Denuncian que el proceso persiguió su proscripción electoral y que la inhabilitación perpetua constituye una restricción arbitraria de sus derechos políticos.
Juicio justo y debido proceso (Art. 14): Cuestionan que se le atribuyó la responsabilidad por actos administrativos ajenos a su competencia constitucional, tomando como eje la firma del Decreto 54/2009.
Tribunal independiente e imparcial (Art. 14.1): Señalan mecanismos de asignación de causas de tipo "forum shopping" y acusan a jueces y fiscales de mantener vínculos personales con dirigentes políticos opositores.
Presunción de inocencia (Art. 14.2): Sostienen que existió una presunción de culpabilidad desde el inicio y apuntan a que el actual Presidente presentó públicamente la condena como una decisión impulsada por el Ejecutivo.
Derecho a la defensa (Art. 14.3): Argumentan que se incorporó prueba de otros procesos sin posibilidad de contradicción y que la acusación tuvo un acceso privilegiado a documentación que le fue negada a la defensa.
Revisión por un tribunal superior (Art. 14.5): Sostienen que la Cámara de Casación no realizó un examen ni control efectivo de los agravios formulados por los defensores.
Prohibición del doble juzgamiento (Art. 14.7 - Ne bis in idem): Advierten que 49 de las 51 obras públicas investigadas ya habían sido objeto de expedientes anteriores que concluyeron con cierres o sobreseimientos.
Derecho a un recurso efectivo (Art. 2.3): Denuncian que la actual composición reducida de tres miembros en la Corte Suprema impidió un examen independiente, sumado a que un juez recusado intervino en la resolución de su propia recusación.
Medidas cautelares solicitadas al organismo internacional
Tras certificar el agotamiento de las vías internas con el fallo del máximo tribunal del 10 de junio de 2025, la representación legal de Fernández de Kirchner solicitó la adopción de medidas cautelares urgentes.
Entre los pedidos formulados a la ONU se destaca la suspensión inmediata de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, alegando el incumplimiento de precedentes internacionales. Asimismo, reclamaron el restablecimiento de la integración legal de la Corte Suprema argentina.
En cuanto a las condiciones de detención, la defensa solicitó formalmente la modificación del régimen de prisión domiciliaria: pidieron el retiro de la tobillera electrónica, la eliminación de las restricciones de visitas, el acceso al aire libre, y que las autoridades no responsabilicen a la exmandataria por las manifestaciones que de manera espontánea puedan llevar a cabo terceros en las inmediaciones de su domicilio.
