Causa Andis: la Justicia ordenó investigar el origen de los audios de Diego Spagnuolo

En un fallo dividido, la Sala II de la Cámara Federal Porteña revirtió la decisión del juez Sebastián Casanello que había rechazado los planteos de las defensas de Emmanuel y Eduardo Kovalivker y la del exdirector de Andis, Diego Spagnuolo, quienes reclamaron la nulidad de los audios donde se menciona un presunto pago de dádivas que involucra a secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo "Lule" Menem, quienes presuntamente se quedaban el 3%.

Según la resolución a la que accedió MDZ, los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico señalaron que no está acreditado quién grabó las conversaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, ex titular del organismo, en las que se mencionan supuestas maniobras ilícitas vinculadas a compras públicas, ni que tampoco el material fue editado, manipulado o generado mediante inteligencia artificial.

El planteo llegó al tribunal de alzada luego de que Martin Magram, defensor de los hermanos Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker titulares de la Droguería Suizo-Argentina y de Mauricio D’Alessandro en representación de Spagnuolo reclamaron la nulidad no solo de los audios sino también de todo lo actuado.

Los letrados sostuvieron que el caso se inició sobre la base de pruebas de procedencia incierta difundidas en medios, que podrían haber sido obtenidas sin consentimiento y que vulnerarían el derecho a la intimidad. En esa línea, también señalaron que la denuncia que dio origen al proceso descansó exclusivamente en ese material sin haberse verificado su autenticidad, cadena de custodia o condiciones de registro.

El juez Sebastián Casanello había desestimado el planteo por considerar que la defensa de Spagnuolo no demostró un perjuicio concreto y que tampoco no existía impedimento alguno para que una denuncia se base en conversaciones privadas divulgadas por terceros.

Para los camaristas Irurzun y Boico el razonamiento de Casanello resultó insuficiente. En ese marco, ambos coincidieron en que, si bien la causa se activó a partir de publicaciones periodísticas, parte de esa información reproduce precisamente los audios cuestionados, cuyos datos contextuales como tiempo, lugar, interlocutores y proceso de obtención, continúan siendo un enigma.

“Esa incertidumbre, que el juez tradujo como un planteo “a ciegas” por parte del Dr. Magram al pretender tachar de nulo algo que, en verdad, desconoce, se proyecta con idénticos alcances a la decisión en examen: cierto es -como allí se sostiene- que la causa se inició por una denuncia efectuada por un particular a partir de trascendidos periodísticos. Pero también lo es que parte de la información contenida en esos artículos y reflejada en la denuncia proviene de los elementos cuya utilización se cuestiona”, sostuvieron.

Para los jueces de cámara, “la discusión no gira sobre la eventual admissibilidad futura de grabaciones hechas por particulares”, sino sobre la ausencia actual de elementos objetivos que permitan saber qué son exactamente esos audios y cómo llegaron al expediente. En ese sentido, encomendó al magistrado Casanello “adoptar todas las diligencias necesarias para clarificar los puntos en disputa y precisar qué otras pruebas fueron utilizadas hasta ahora para sostener la investigación”.

Por su parte, el juez Farah defendió la validez de la resolución apelada y criticó la estrategia de las defensas, de las que indico que construyeron hipótesis meramente conjeturales. Para Farah, el contenido de los audios exhibe datos concretos y verificables sobre funcionarios, empresarios, proveedores y mecanismos de presuntas coimas, lo que otorga verosimilitud suficiente para iniciar una investigación.

En su voto disidente, Farah también señaló que los audios no fueron el único motor del expediente: las denuncias iniciales incorporaron artículos periodísticos que ya un año antes mencionaban movimientos sospechosos en la ANDIS, incluido el rol de la droguería Suizo Argentina, propiedad de la familia Kovalivker, y entrevistas públicas al propio Spagnuolo donde se anticipaban tensiones internas vinculadas a presuntos manejos irregulares. A su entender, todo ello justifica la continuidad de la investigación y descarta que se haya basado exclusivamente en los audios cuestionados.