Causa AFA: revés para los presuntos testaferros de Toviggino por la lujosa quinta de Pilar

La Justicia asestó un nuevo golpe a los presuntos testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, en la causa que investiga a los dueños de una lujosa quinta de Pilar, donde los allanamientos permitieron secuestrar 54 autos de alta gama, pistas ecuestres, caballerizas y hasta un helipuerto.

La Cámara en lo Penal Económico exigió que el juez federal de Campana, Adrián González Charbay, remita "con carácter de muy urgente" el expediente a la Capital Federal, tal como el tribunal había ordenado trece días atrás.

En la misma resolución, rechazó un recurso de los acusados que buscaba llevar la disputa a la Cámara de Casación.

Los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio, de la Sala A, habían resuelto el 12 de junio —tras siete meses de pulseada judicial— apartar del caso a González Charbay, el magistrado en cuya órbita pretendían quedar los acusados, y radicarlo en la justicia porteña especializada en lavado y evasión: el Juzgado Penal Económico N° 10, a cargo de Verónica Straccia.

Sin embargo, el expediente sigue físicamente en Campana, por lo que el tribunal le pidió a Straccia que se lo reclame formalmente a su colega federal.

Quiénes son los acusados

Los imputados son Luciano Nicolás Pantano y su madre, Ana Conte, que figuran como titulares de la mansión pese a no contar con un respaldo económico acorde.

Según consignó La Nación, ambos aparecen como dueños de Real Central S.R.L., la sociedad que adquirió el predio de unas cinco hectáreas, tasado en torno a los 20 millones de dólares.

Frente a la decisión de trasladar la causa a la Capital, la defensa había intentado escalar a la Cámara de Casación, un planteo que ahora quedó desestimado.

La Cámara les cerró la vía de Casación

Hornos y Robiglio denegaron el recurso de casación a Pantano y Conte, responsables de la firma que aparece como propietaria del inmueble.

El tribunal, además, les impuso las costas y encomendó al juzgado de Straccia que requiera "con urgencia" el expediente al Juzgado Federal de Campana, dado que la remisión no se concretó pese al tiempo transcurrido desde la orden original.

Una sociedad que cambió de nombre y multiplicó su capital

El predio, ubicado en la calle Misiones 4097 de Villa Rosa, partido de Pilar, fue comprado en mayo de 2024. El lugar disponía de helipuerto, haras, canchas de fútbol, pista ecuestre y un galpón repleto de autos de colección y de alta gama.

Para los investigadores, ni Pantano ni Conte tienen el perfil patrimonial para haber adquirido semejante propiedad, lo que alimenta la sospecha de que actuaron como testaferros del tesorero de la AFA.

La trazabilidad de la empresa refuerza esas dudas. La firma que compró el predio se llamaba originalmente Central Parks Drinks S.R.L., tenía actividad casi nula y un capital social de apenas 300.000 pesos.

El 16 de mayo de 2024 fue rebautizada como Real Central S.R.L. y su capital trepó a 58 millones de pesos.

Catorce días más tarde, adquirió la quinta. Entre los primeros indicios apareció una tarjeta corporativa de la AFA a nombre de Pantano, con la que se pagaban gastos de la flota de vehículos hallada en el lugar.

Siete meses de pelea por la competencia

El núcleo del conflicto pasa por definir qué juez debe investigar. En siete meses, el expediente recorrió tres magistrados: arrancó con Daniel Rafecas, que dispuso las primeras medidas y allanó la quinta; pasó luego al Juzgado en lo Penal Económico N° 10, entonces a cargo de Marcelo Aguinsky; y más tarde, a raíz de un planteo de inhibitoria que Pantano presentó en Campana durante la feria de enero, el camarista de San Martín Alberto Lugones lo derivó al juzgado de González Charbay.

Esa maniobra fue anulada el 15 de mayo por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, a instancias de un recurso del fiscal Carlos Cearras.

El voto mayoritario sostuvo que el tribunal de San Martín no tenía jurisdicción para dirimir la contienda y que ese tipo de disputas entre jueces federales debía resolverlas la Cámara de Apelaciones de la que dependiera el magistrado que hubiese investigado: en este caso, la Penal Económica.

Con ese argumento, el expediente regresó a esa cámara, que el 12 de junio asignó la competencia de manera definitiva al Juzgado N° 10 de Straccia.

Los planteos de la defensa, rechazados uno a uno

Para impugnar esa resolución, la defensa recurrió a la Casación con varios argumentos: afirmó que se vulneró el principio del juez natural, denunció irregularidades en el trámite de inhibitoria, cuestionó lo que llamó "la ilegitimidad de la concentración capitalina" y habló de "presión mediática".

La Cámara desestimó todo el paquete. Consideró que una resolución sobre competencia no equivale a una sentencia definitiva, ya que no clausura el proceso ni causa un perjuicio irreparable. Las menciones a la presión mediática y a la "concentración capitalina" fueron despachadas como opiniones extrajurídicas sin peso técnico, y los jueces subrayaron que la casación no es la vía prevista para impugnar este tipo de decisiones.

Qué le queda a la defensa

Con el rechazo, a Pantano y Conte solo les resta interponer un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal, una instancia de admisibilidad estricta y resultado incierto, sobre todo porque la propia Sala I ya se pronunció a favor de la competencia de la Penal Económica.

De acuerdo con La Nación, un nuevo intento por esa vía funcionaría más como una chicana dilatoria que como una herramienta con chances reales, en una causa que acumula siete meses de demora sin que se haya investigado el fondo de la maniobra de lavado.

Mientras tanto, el juzgado de Straccia deberá reclamar el expediente a Campana para retomar la pesquisa sobre el origen de los fondos con los que se compró la quinta y el rol de Pantano y su madre.

Según la hipótesis fiscal, esa operación formaría parte de un esquema mucho más amplio de desvío de dinero de la AFA que podría superar los 300 millones de dólares.