Banda de los grafitis: de los contratos para limpiar pintadas al juicio oral por lavado de activos
Ocho personas serán juzgadas por su presunta participación en una estructura que habría utilizado empresas fantasma para obtener contratos públicos millonarios y canalizar fondos vinculados a maniobras de evasión fiscal.
El juez federal Sebastián Casanello dispuso el cierre de la instrucción y la elevación a juicio oral de la causa que investiga un presunto esquema de lavado de activos articulado a través de las firmas Citepa S.A. y Varberg S.A., empresas que obtuvieron contratos con distintos organismos públicos.
La investigación se originó a partir de una denuncia de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). A partir de esa presentación, el organismo tributario, junto con la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), detectó inconsistencias contables, presuntas evasiones millonarias de IVA y Ganancias, falta de estructura empresarial acorde con el volumen de negocios declarado y movimientos financieros considerados incompatibles con la actividad registrada.
Según la reconstrucción judicial, entre 2013 y 2018 se habría desarrollado una maniobra destinada a introducir en el circuito financiero formal fondos provenientes de delitos precedentes vinculados con la evasión tributaria y con contrataciones públicas sospechadas de haber sido direccionadas y sobrefacturadas.
La operatoria incluía la transferencia de dinero hacia cuentas abiertas en una sociedad de bolsa, donde los fondos eran invertidos en títulos públicos y posteriormente retirados mediante cheques de bajo monto o en efectivo, con el objetivo de dificultar su trazabilidad.
Casanello consideró acreditada la hipótesis de que Citepa y Varberg funcionaban como sociedades controladas de hecho por Víctor Enrique Solmi, Sergio Gustavo Solmi y Víctor Manuel Solmi, aunque formalmente aparecían administradas por terceros. Entre las pruebas reunidas figuran conversaciones por mensajería, correos electrónicos, registros financieros y documentación contractual que, según el magistrado, permitieron reconstruir el rol de cada involucrado y determinar quiénes ejercían el control efectivo de ambas compañías.
La causa también puso bajo la lupa las contrataciones públicas obtenidas por las firmas investigadas. De acuerdo con los investigadores, Citepa acumuló más de 33 millones de pesos en contratos vinculados con tareas de limpieza de grafitis en formaciones del subterráneo porteño.
Además, distintas pericias contables detectaron indicios de posibles sobreprecios, simulación de competencia mediante presupuestos confeccionados para aparentar procesos licitatorios genuinos y presuntos vínculos entre los empresarios investigados y funcionarios que participaron en las adjudicaciones.
Los investigadores también concluyeron que Citepa y Varberg llegaron a competir entre sí en determinados procedimientos de contratación, una circunstancia que reforzó las sospechas sobre la existencia de mecanismos destinados a simular concurrencia entre oferentes.
En ese contexto, el fiscal federal Ramiro González solicitó que Víctor Enrique Solmi, Víctor Manuel Solmi, Sergio Gustavo Solmi, Pablo Bernardo Geoghegan y Rodolfo Santiago Solimano sean juzgados como coautores del delito de lavado de activos.
Para la fiscalía, los tres empresarios habrían dirigido la estructura y administrado los fondos, mientras que los dos contadores habrían desempeñado un papel esencial en el diseño y sostenimiento del esquema mediante la confección de balances, declaraciones impositivas y documentación societaria que otorgaban apariencia de legalidad a las operaciones investigadas.
Respecto de Jorge Alejandro Palacio y Mariana Peretti, González requirió que sean juzgados como partícipes necesarios tras señalar que Palacio actuó como presidente formal y presunto "prestanombre" de Citepa, mientras que Peretti habría desarrollado tareas de administración, representación y coordinación operativa, realizando gestiones ante organismos públicos, entidades financieras y organismos de control.
La situación de José María Cambón recibió un tratamiento diferente desde el inicio de la investigación. El fiscal entendió que su intervención había sido menos determinante y solicitó que respondiera como partícipe secundario del delito de lavado de activos, al considerar que se incorporó en una etapa posterior de la maniobra y que su aporte no resultó indispensable para la concreción de los hechos.
Sin embargo, Casanello no compartió ese criterio. Tras analizar la prueba reunida durante la instrucción, concluyó que la actuación del contador tuvo una relevancia mayor a la sostenida inicialmente por la fiscalía.
Para el magistrado, Cambón habría colaborado activamente en el mantenimiento operativo de las estructuras societarias investigadas, asesorando a los beneficiarios finales, participando en la elaboración y presentación de documentación y aportando domicilios para el funcionamiento de las firmas.
Dichos elementos fueron considerados por el juez suficientes para atribuirle una participación de mayor entidad dentro de la maniobra investigada. De hecho, Cambón, quien fue sobreseído en el fuero penal económico por evasión tributaria, intentó evitar el juicio mediante un pedido de suspensión del proceso a prueba, ofreciendo una reparación económica y la realización de tareas comunitarias.
Aunque la propuesta contó con dictamen favorable de la fiscalía, Casanello la declaró nula al considerar que esa postura resultaba arbitraria y contradictoria con las instrucciones vigentes de la Procuración General de la Nación, por lo que rechazó la salida alternativa.
Ahora será el Tribunal Oral Federal n.º 4 el encargado de llevar adelante el debate oral y público, donde se determinará el grado de participación de cada uno de los ocho imputados en la estructura investigada.