Baja de la edad de imputabilidad: el Gobierno se replantea y piensa que la mínima debería ser de 12 años
El Gobierno nacional volvió a impulsar la baja de la edad de imputabilidad y afirmó que el límite debería establecerse en los 12 años.
El presidente Javier Milei y su nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
PresidenciaEn medio de la discusión por la reforma del régimen penal juvenil, el Gobierno nacional volvió a defender la baja de la edad de imputabilidad y planteó que el piso debería ser inferior al propuesto en el proyecto oficial, que actualmente fija el límite en los 13 años.
El Gobierno se replantea lo presentado
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo que la legislación vigente quedó desactualizada frente a la realidad del delito juvenil y afirmó que el debate internacional se orienta hacia edades más tempranas. “ La baja de la edad de imputabilidad es clave, ojalá logremos que se establezca a los 13 o 14 años. Creo que incluso debería ser menos”, expresó en declaraciones a Radio La Red.
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En ese sentido, la funcionaria señaló que la discusión actual se ubica entre los 12 y los 13 años. “La tendencia y el debate están alrededor de los 12 y los 13, más allá de los 13 y 14”, afirmó, al justificar la necesidad de avanzar con una reforma más profunda del sistema penal juvenil.
Cuál es el objetivo del Gobierno con la reforma
Monteoliva remarcó que el objetivo de la iniciativa no es criminalizar a los menores, sino dotar al Estado de herramientas legales para intervenir de manera más efectiva frente a delitos graves cometidos por adolescentes. Según indicó, la nueva Ley Penal Juvenil busca combinar sanciones proporcionales con instancias de contención y reinserción social.
El proyecto impulsado por el Ejecutivo ya generó fuertes cruces con sectores de la oposición, organismos de derechos humanos y especialistas en niñez, que advierten sobre los riesgos de reducir la edad de imputabilidad sin fortalecer previamente las políticas de prevención y protección social.
Pese a las críticas, desde el Gobierno insisten en que la reforma es necesaria para dar respuesta a una demanda social creciente vinculada a la inseguridad y sostienen que el debate parlamentario será clave para definir el alcance final de la iniciativa.