Alejandra García: "La ley de lobby busca criminalizar la participación ciudadana"

Alejandra García hizo historia al convertirse en la primera mujer en presidir el Colegio Público de abogados de la Capital Federal desde su creación, en 1985. Abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires y con más de 30 años de ejercicio profesional, asumió la conducción de la institución como continuidad de la gestión de Ricardo Gil Lavedra, con quien trabajó durante cuatro años. Desde ese lugar, plantea una agenda que combina participación de las mujeres, capacitación en género, transparencia en la selección de magistrados, independencia judicial y defensa del ejercicio profesional de los abogados.

En Entrevistas MDZ, García sostuvo que la integración de la Corte Suprema debe resolverse mediante los mecanismos previstos por la Constitución y rechazó los nombramientos en comisión. También cuestionó el proyecto de ley de lobby porque, según afirmó, puede terminar afectando la participación ciudadana y el secreto profesional de los abogados. Además, defendió el amparo presentado por el Colegio contra determinados aspectos de la reforma laboral y advirtió sobre las sanciones que algunos jueces aplican a abogados durante el ejercicio de su profesión.

Entrevista completa a Alejandra García

-Usted es la primera mujer en presidir el Colegio Público de la Abogacía desde su creación. ¿Qué significó ese momento?

-Desde lo profesional, hace más de 30 años que ejerzo la profesión y era algo que soñábamos todas las mujeres que participamos en la colegiación. Hace 40 años, cuando se creó el Colegio Público de la Abogacía, hubo solo una mujer integrando el Consejo. Hoy tenemos paridad, pero, a pesar de tenerla desde hace varios años, tuvimos que esperar muchos años más para que una mujer ocupara la presidencia. Creo que es una mirada distinta, pero también es continuidad, porque tuve la oportunidad y el placer de trabajar junto a Ricardo Gil Lavedra durante los cuatro años de su gestión. Fue una presidencia que abrió enormemente los espacios de participación y permitió que lo sucediera una mujer.

-¿Qué cambios concretos impulsa en materia de participación de las mujeres y perspectiva de género?

-Venimos trabajando en un plan para que cada persona que quiera matricularse en nuestro colegio tenga que hacer un curso introductorio mínimo en cuestiones de género y violencia de género. También establecimos una capacitación gratuita para aquellos abogados y abogadas que quieran capacitarse en estas cuestiones para defender mejor a las víctimas de violencia. Además, creamos el Instituto de Estudios de Género. Cuando hice mi primera reunión de gerentes, yo era la única mujer y todos los gerentes del Colegio Público eran varones. Entonces impulsé una capacitación para que ellos también se formaran en cuestiones de género y en cómo tratar al personal a su cargo.

-El Gobierno modificó por decreto el mecanismo para cubrir vacantes de jueces, fiscales y defensores. ¿Cuál es la posición del Colegio?

-El Colegio fue enfático y se expidió sobre la materia. El régimen de 2003 ampliaba la participación ciudadana y permitía que los colegios públicos, las universidades y las organizaciones de la sociedad civil pudieran participar y opinar. Y más allá de las reglas mínimas que establece la Constitución, ampliar la transparencia en una democracia es siempre bueno. También se eliminaron criterios de selección vinculados con la composición de género y la trayectoria. Y esto último es muy importante. Empezaron a cubrirse vacantes judiciales, algo que también reclamaba el Colegio Público, pero en toda esa cobertura solo hay dos magistrados que vienen del ejercicio de la profesión. Nosotros creemos que es importante la mirada de alguien que haya ejercido la profesión dentro del sistema de justicia. Los abogados y las abogadas somos parte del sistema de justicia porque somos la primera puerta de acceso que tiene la ciudadanía para defender sus derechos.

-¿Dónde está hoy el principal cuello de botella para cubrir las vacantes judiciales?

-Hubo distintas etapas. Hay juzgados, por ejemplo, un juzgado comercial, que están vacantes desde hace 15 años. En ese período pasó de todo: asumió un gobierno, se retiraron los pliegos, se enviaron otros, el Senado no los trató, asumió otro gobierno y se retiraron nuevamente. Así pasaron 15 años, prácticamente sin cobertura de vacantes. Te diría que hubo problemas en todas las instancias. Además, los abogados y abogadas no tenemos igualdad de posibilidades cuando se trata de concursar para la magistratura. Y esto es importante ahora que se está debatiendo un nuevo reglamento para la selección de magistrados.

Las mujeres en el Colegio de Abogados trabajamos hace tiempo

-¿Está de acuerdo con los nombramientos en comisión para cubrir vacantes en la Corte Suprema?

-No estamos de acuerdo con el envío de jueces en comisión porque creemos que tienen que articularse los mecanismos que establece la Constitución para la designación de los magistrados, mucho más si hablamos de la Corte Suprema y teniendo en cuenta que esto hace, una vez más, a nuestra democracia. En su momento no nos expedimos respecto de los candidatos impulsados por el Poder Ejecutivo, pero sí respecto de que tenían que respetarse los criterios de selección establecidos por el decreto entonces vigente, porque entendíamos que tenían que enviarse jueces o juezas mujeres a la Corte.

-¿Qué rol debe jugar el Colegio de Abogados cuando están en juego la independencia judicial y la división de poderes?

-La calidad de la democracia no se agota en el cumplimiento de las normas constitucionales, sino en que se cumplan con transparencia. El debate y la participación ciudadana colaboran siempre. Por eso también objetamos tanto el proyecto de ley de lobby, porque creemos que busca limitar la participación ciudadana en procesos tan importantes como la selección de jueces y el dictado de leyes. La calidad institucional tiene mucho que ver con la participación ciudadana, con que la gente entienda qué se está debatiendo. Muchas veces son debates técnicos que quedan lejos de la ciudadanía. Las organizaciones de la sociedad civil y los colegios profesionales pueden explicar esos procesos, participar, darles publicidad y ayudar a la transparencia.

-Si tuviera que resumir en una frase el principal problema de la ley de lobby, ¿cuál sería?

-Diría que busca criminalizar la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque es tan amplio el objeto que cualquier participación o cualquier gestión podría considerarse gestión de intereses. Y no es lo mismo el lobby comercial que una ONG defendiendo la libertad de expresión. Son cosas distintas. Por otro lado, aplica sanciones, incluso pena de prisión, para una falta administrativa que podría ser no informar.

-¿Qué sucede con el secreto profesional de los abogados?

-Creo que los abogados y abogadas tenemos que estar excluidos de esa ley. Lo que hacemos es siempre defender intereses y, mientras defendamos intereses legítimos de nuestros clientes, no tendríamos por qué informar qué hacemos, dónde vamos o qué decimos. Eso no solo viola el secreto profesional, sino que atenta contra la legítima defensa y el derecho de defensa que tienen nuestros clientes.

-El Colegio presentó un amparo contra dos artículos de la reforma laboral. ¿Qué diferencia su posición de la de los sindicatos?

-Nosotros defendemos nuestro ejercicio profesional. El Colegio Público de la Abogacía siempre actúa cuando se pone en juego o se atenta contra nuestro ejercicio profesional. Concretamente, los dos artículos que objetamos afectan nuestro ejercicio porque un abogado laboralista tendría que cobrar en cuotas sus honorarios regulados, sobre todo cuando nuestros honorarios tienen carácter alimentario.

-¿Cómo impactaría el pago en cuotas de las sentencias laborales sobre los honorarios de los abogados?

-No hay razón de ser. Si hablamos de igualdad ante la ley, ¿por qué un abogado laboralista tendría que cobrar sus honorarios en cuotas y no tendría que cobrarlos una abogada comercial cuando llega a un acuerdo en un pleito comercial con un cliente? Ahí también se afecta la igualdad entre dos abogados o abogadas en el ejercicio profesional. Y el otro artículo que objetamos establece que el abogado puede ser solidariamente sancionado cuando el juez entiende que pidió por encima de la pretensión. Uno defiende libremente los intereses de su cliente y el juez puede decidir que lo que pidió estaba bien, que era menos, parcial o total. Eso afecta la libertad con la que defendemos a nuestros clientes.

-¿Cuál es hoy la mayor amenaza concreta al ejercicio libre de la abogacía?

-Estamos atravesando un problema concreto: los jueces empiezan a sancionar a abogados. Por eso nos opusimos tanto a ese artículo de la reforma laboral. La disciplina o la sanción de las faltas éticas la tiene el Colegio Público de la Abogacía, porque así lo establece la ley. Entonces, cuando los jueces entienden que pueden sancionar a abogados y abogadas en el ejercicio profesional, creemos que eso también es amedrentar o privar al ciudadano de una defensa libre.

Los abogados somos la puerta para defender derechos

-Hay quienes sostienen que estas reformas buscan agilizar la justicia y bajar los costos, aunque puedan afectar a un sector de la abogacía. ¿Qué les respondería?

-Creo que se equivocan, porque nosotros no estamos haciendo una defensa corporativa de nuestra profesión. Nosotros defendemos siempre el interés general. Lo dice también nuestra ley de colegiación. Cuando juzgamos las faltas éticas, somos bastante menos corporativos que los jueces. Cuando hay una falta de ética de un abogado, el Tribunal de Disciplina lo sanciona. Puede aplicarle una multa, un apercibimiento, suspenderlo o incluso retirarle la matrícula. Y pongo un ejemplo para que se entienda: se habla de las sucesiones notariales con el argumento de que eso va a bajar los costos. Primero, no es cierto y, segundo, se pretende que un escribano reemplace a un juez. Eso no da seguridad jurídica. Una sucesión la entiende o decide un juez porque hay intereses en juego y porque el juez tiene constitucionalmente requisitos para serlo. Tiene que concursar; su terna es enviada por el Poder Ejecutivo, es avalada por el Senado y debe atravesar todos esos requisitos. Es el juez quien tiene que dictar sentencia, no los escribanos. No estamos defendiendo solamente nuestra incumbencia profesional. Estamos defendiendo la seguridad jurídica. Lo mismo ocurre con los divorcios. No puede ser un empleado administrativo quien, simplemente llenando un formulario, determine un divorcio cuando están en juego derechos.