Para Maximiliano Abad, el sistema acusatorio está en riesgo por la falta de recursos

El senador nacional Maximiliano Abad reclamó al Gobierno Nacional una mayor asignación de recursos humanos, tecnológicos y presupuestarios para garantizar la implementación efectiva del nuevo Código Procesal Penal Federal, cuyo sistema acusatorio comenzará a regir en los tribunales de Comodoro Py en tres meses.

El legislador advirtió que, en las condiciones actuales, la reforma no podrá desarrollarse con éxito y que la demora o deficiencia en la justicia penal afecta directamente la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

-¿Cuáles son los problemas que advierte?
-Antes de entrar en detalles, quiero bajar este tema al llano. Estamos hablando del funcionamiento de un poder de la república. La administración de justicia es fundamental en una democracia porque impacta en el día a día de la sociedad.

El nuevo código establece la implementación del sistema procesal acusatorio para la justicia penal federal. Los fiscales llevarán adelante la investigación en delitos como corrupción, narcotráfico, lesa humanidad, trata de personas y lavado de activos. Presentarán el caso ante los jueces, en el marco de audiencias orales y públicas.

No se trata de un debate banal. Debemos explicarle a la ciudadanía la importancia de esta reforma, que representa un gran avance en materia de proceso penal. Muchas provincias adoptaron códigos acusatorios, pero a nivel federal era una deuda considerable. Es un sistema más ágil, eficiente y transparente; debe aplicarse gradualmente, con responsabilidad y sentido común.

-¿Hasta ahora no sucede esto?
-Lamentablemente no. Falta personal en las Unidades Fiscales. Tampoco hay inversión en tecnología y equipos informáticos. La infraestructura es un gran problema, deben adecuarse las salas de audiencia, construir alcaidías para alojar detenidos y habilitar oficinas para los trabajadores de las fiscalías.

Lo digo con conocimiento de causa. En Mar del Plata, mi ciudad, donde el nuevo código se implementó hace menos de un mes, hay gente trabajando en los pasillos, con jornadas laborales extenuantes y mucha incertidumbre acerca de las causas de transición. No dan abasto, y lo mismo ocurre en otras jurisdicciones. Cuando afirmó que hace falta más personal es porque estas transformaciones le imprimen más tareas y responsabilidades al Poder Judicial y esto necesita ser acompañado por personal idóneo. Se busca una administración de justicia ágil y eficaz a tono con lo que necesita la ciudadanía . 

Reitero: la reforma es excelente, pero su aplicación, hasta ahora, deja mucho que desear. Veo que hay mucha prisa, escaso presupuesto para el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal y prácticamente nula atención a las necesidades de cada jurisdicción.

-¿Cuáles son las consecuencias de avanzar con esta reforma de forma desordenada y sin financiamiento?
-Mire, lo que está pasando es como tener un plano arquitectónico de lujo, con todos los detalles y muy moderno, pero no contratar albañiles ni comprar materiales para construir el edificio.

Si no hay personal capacitado, ni inversión en tecnología, ni infraestructura adecuada, ¿cómo van a resolverse las causas? No hay manera. Le digo más, vuela por los aires una de las grandes virtudes de la reforma, que impone plazos de cumplimiento obligatorio a fiscales y jueces para tomar decisiones, una novedad respecto al código anterior, que aún está vigente en casi todo el país. Procesos que deberían conjugar eficiencia y brevedad van a complicarse muchísimo. La situación es crítica.

La Justicia, si no llega en tiempo y forma, no es justicia. Ahí emergen el caos, la impunidad y se resiente la democracia, porque la ciudadanía no encuentra respuestas satisfactorias y pierde la confianza en las instituciones.

-En tres meses la reforma comienza a aplicarse en los tribunales de Comodoro Py. ¿Hay tiempo de enderezar el barco?
-El panorama a futuro es muy complejo. El sistema acusatorio supone un salto de calidad institucional en la administración de justicia, pero hay muchas dudas por la falta de capacitación, el traslado de empleados y los fondos.

Le doy un ejemplo que ilustra cómo están las cosas actualmente en Comodoro Py. Hace un par de semanas la Cámara Federal en lo Penal Económico avisó que, además de la falta de recursos, no está en condiciones de implementar la reforma porque debería funcionar con seis jueces, pero sólo tiene dos.

Hace falta una planificación minuciosa para que la reforma se desenvuelva sin sobresaltos; de otro modo, le estamos dando ventaja al crimen organizado y a los corruptos. Vuelvo sobre lo mismo: la justicia tiene que ser ágil, transparente y eficaz para juzgar a los delincuentes y mandarlos a la cárcel.

-Mencionó un tema clave, las vacantes judiciales. Usted como miembro de la Comisión de Acuerdos del Senado debe analizar los pliegos de los candidatos del Poder Ejecutivo.
-Sí, ahí ya tenemos cartón lleno. El Ejecutivo debe mandar al Senado más de 200 pliegos para ocupar cargos vacantes en la Justicia, a los que hay que sumarle la Procuración y Defensorías. Hay juzgados con vacantes hace más de diez años.

Es un problema estructural, que evidencia la falta de acuerdos en la Argentina. Esto provoca demoras inaceptables y pone en riesgo dos aspectos esenciales de la república: el acceso equitativo a un servicio de justicia eficiente y la capacidad del poder judicial de ejercer contrapesos frente al Ejecutivo y el Congreso.

Esperamos que el Gobierno, tal como anunció, envíe a la brevedad los pliegos, y además de ese paso formal, ponga sobre la mesa una actitud de apertura para empezar a solucionar esta deuda de larga data.