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El Gobierno no piensa enviar un proyecto para cambiar el régimen de Tierra del Fuego

La Casa Rosada asegura que "es inviable" avanzar con un proyecto en el Congreso. Apostarán por más medidas "para fomentar la competitividad", pero los beneficios impositivos seguirán en la provincia.
El Gobierno critica el Régimen de Tierra del Fuego, pero no lo tocará Foto: NA
El Gobierno critica el Régimen de Tierra del Fuego, pero no lo tocará Foto: NA

Para el Gobierno, el Régimen de Promoción Industrial de Tierra del Fuego "es un curro por el cual se llenaron de plata durante años" por sus beneficios fiscales. Sin embargo, no se enviará al Congreso ningún proyecto que busque eliminarlo ni modificarlo, según precisaron este miércoles fuentes oficiales a MDZ.

En medio del paro total de actividades en la provincia, el Ejecutivo da una marcha atrás con su vehemencia contra el sector productivo fueguino y asegura que no puede ir "contra los derechos adquiridos". "Claro que queremos ir contra el régimen de la provincia, pero sabemos que no tenemos los números y apenas se presente se va a judicializar", aseguraron desde la mesa chica del presidente Javier Milei, quienes sostienen que apelarán a "medidas que fomenten la competitividad y el consumo" como forma de contrarrestar "los privilegios" de quienes producen en el sur del país.

“Lo que hacen es armar productos que vienen desarmados del exterior”, cuestionaba días atrás el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien agregaba: “Es hora de que empiecen a competir un poco más. Lleva mucho tiempo este régimen, debería tener condiciones de competitividad mayor. Lo que hacen es armar productos que vienen desarmados del exterior para meterlos al territorio con una cantidad de beneficios impositivos muy grandes”.

“Se exageran las cosas. Todo lo que se produce allí tiene mucha protección y entra al continente con un costo muy alto. En el exterior, estos costos han bajado significativamente. Se pretende generar un marco de competitividad entre los argentinos, y Tierra del Fuego tendrá que ajustarse y competir más”, planteaba el funcionario, en medio del anuncio referido a la eliminación de aranceles para la importación de teléfonos celulares.

El propio Adorni dijo en conferencia de prensa que “es un sistema injusto que los argentinos paguemos productos más caros de lo que deberíamos”. “No tiene ninguna razón de ser que los argentinos subsidiemos una zona del país con cuestiones que se discutieron hace 50 años”, sostuvo. No obstante, no se prevé un golpe letal del Ejecutivo a las normas que se dispusieron para beneficiar a la industria tecnológica.

Además de la quita de aranceles a esos productos importados, los alfiles libertarios indicaron que en los últimos días se permitió “vender directamente al continente sin intermediarios”. “En los últimos días se resolvió que se puede comprar productos realizados al precio que está en Tierra del Fuego, sin impuestos”, agregaron.

Pese a esas arremetidas que ponen en jaque la preponderancia de la provincia en materia de comercio tecnológico, no se jugará más a fondo con el corazón productivo de la provincia. “No podemos ir más allá, perdemos en la Justicia. Por ley, la vigencia del régimen se prolongó hasta finales del 2053, con una revisión en el 2038”, resumieron.

Cuáles son los beneficios a Tierra del Fuego

El Régimen de Promoción Económica y Fiscal es un sistema de incentivos fiscales y aduaneros establecido en 1972 a través de la Ley Nacional N° 19.640, con el objetivo de fomentar el desarrollo económico en la provincia de Tierra del Fuego. Bajo este Régimen, las empresas industriales que invierten en la provincia reciben beneficios fiscales, tales como la exención de impuestos a las ganancias, el IVA y los derechos de importación y exportación, entre otros.

Este Régimen fue creado para “compensar las desventajas geográficas y climáticas que enfrenta la provincia de Tierra del Fuego, por su lejanía del resto del país y su clima extremo”. Con el paso del tiempo, el régimen se fue actualizando y modificando para adaptarse a las nuevas realidades económicas y productivas de la provincia y del país.

Si bien la Ley N° 19.640 tiene vigencia por tiempo indeterminado, los beneficios que obtiene la mayor parte de la industria que abastece al mercado nacional tiene plazo de vigencia. En el 2021, mediante el Decreto nacional N° 727/2021, estos beneficios fueron extendidos hasta el año 2053, condicionado a una evaluación de resultados en el año 2038.

Según explicó a Infobae el investigador del Conicet y coautor del informe realizado por la Fundación Fundar acerca del régimen, Juan Carlos Hallak, mantener estos beneficios le cuesta al Estado USD 1.070 millones anuales. En términos de créditos fiscales, el estudio de Fundar estima que el beneficio en IVA representa USD 630 millones anuales.