Envían a juicio a Eduardo Belliboni por coacción y fraude al Estado
El magistrado federal Sebastián Casanello dispuso el cierre parcial de la instrucción y elevó a instancia de debate el expediente que tiene como principal acusado al piquetero Eduardo Belliboni por coaccionar a beneficiarios del plan Potenciar Trabajo. El referente del Polo Obrero está acusado de encabezar una banda delictiva que además desviaba dinero del Estado para actividades partidarias.
Además de Eduardo Belliboni, a quien se le endilgó la autoría delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión, Casanello envió a juicio a otras 17 personas. En su auto de elevación, el juez convalidó lo planteado por el fiscal Gerardo Pollicita quien en su requerimiento de febrero pasado señaló que se trata de organización cuya "estructura jerárquica, de tipo piramidal", se encontraba bajo el liderazgo del piquetero donde se creó un sistema "en el que, lejos de proporcionar ayuda social, extorsionaron y coaccionaron a las personas cuya frágil situación social facilitaba el esquema delictivo".
Asimismo, el acusador público señaló que estas personas en situación de vulnerabilidad "acudían a la agrupación en búsqueda de ayuda, utilizando aquéllos la quita del alimento o de la prestación como método de intimidación, y al mismo tiempo se apropiaron de una parte de los fondos públicos que les habían sido confiados con fines de asistencia laboral y educativa; todo lo cual acentuó la dependencia de las víctimas y garantizó los verdaderos fines de la organización: a mayor cantidad de personas bajo su tutela, mayor poder y dinero".
La investigación permitió revelar "una compleja matriz delictiva que durante años se aprovechó de las necesidades de un amplio sector social de carácter vulnerable de nuestro país, lo que les permitió ejercer ilegítimamente poder sobre aquéllos con miras a manejarlos según sus designios y obtener dinero, utilizado en provecho propio y de terceros, privando a las víctimas de un mejor porvenir".
Junto a Eduardo Belliboni, Casanello envió a juicio a Mariano Alejandro Centanni, Iván Ortiz, Erica Tamara Lubenfeld, Ezequiel Adrián Coego, María Isolda Dotti, Elizabeth del Carmen Palma, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti, Gianna Puppo, Gustavo Guillermo Vásquez, Cynthia Delgado Vilches, Brisa Noelia Paucara Choque, Dina Patricia Iramain, Elizabeth Galindo Mamani, Roberto Adrián Albornoz, Gloria Paraguay Estrada y Rossemary Grande Arancibia, señalados como coautores y partícipes de las maniobras.
Por otra parte, el magistrado mantuvo las calificaciones delictivas fijadas por la Cámara Federal porteña y en paralelo convocó a indagatoria a facilitadores profesionales que intervinieron en el armado de las llamadas "sociedades de cajón", las cuales suministraron las facturas truchas usadas para el fraude.
En ese apartado, y de acuerdo al fiscal Pollicita, Eduardo Belliboni y el resto de los acusados "se valieron de cuanto menos ciento ochenta y ocho (188) facturas apócrifas de las empresas EDICIONES E IMPRESIONES RUMBOS SRL, COXTEX SA, URBAN GRAPHICS SA, RICOPRINT SRL, MINISO TRADE SA y de Carlos Osvaldo MONFRINI, que fueron incluidas en las rendiciones de cuentas presentadas a las autoridades públicas hasta diciembre de 2023, simulando gastos no concretados por un monto nominal de $49.417.301,89".
La causa tuvo su origen tras la primera marcha contra Javier Milei recién asumido como presidente. Allí, el Ministerio de Seguridad habilitó la línea 134 para denunciar de manera anónima la existencia de personas que fueran forzadas a participar de la movilización. Posteriormente el Gobierno radicó una denuncia donde se incorporó como prueba los dichos de 5 testigos protegidos.
Ahora, el expediente será remitido a la Cámara de Casación para que realice el sorteo del cual tendrá intervención mediante debate oral uno de los 8 tribunales orales de Comodoro Py.