La discapacidad en Argentina: un llamado urgente a la atención y la inclusión real

La discapacidad en Argentina sigue siendo un tema relegado, invisibilizado y postergado, no solo por gobiernos de turno, sino por una sociedad que aún no comprende la urgencia de garantizar derechos plenos y efectivos a quienes viven esta realidad. Como madre de un niño con discapacidad y presidente de la Fundación Morelli, he vivido y sigo viviendo en carne propia las dificultades que enfrentan las familias para acceder a una educación adecuada, a un acompañamiento terapéutico efectivo y a un sistema que realmente incluya y no excluya.

Según datos oficiales del Registro Nacional de Personas con Discapacidad (julio de 2023), hay casi 1.6 millones de personas con discapacidad certificada en el país, lo que representa un 3,46% de la población total. Sin embargo, la certificación es solo el primer paso; la verdadera batalla está en la implementación efectiva de políticas públicas que aseguren la igualdad de oportunidades y la inclusión social.

Uno de los aspectos más críticos es la educación. Los primeros seis o siete años de vida son fundamentales para el desarrollo de niños con condiciones como retraso madurativo, TDAH o autismo. En estos años se moldean no solo habilidades cognitivas, sino también emocionales y conductuales. Sin un acompañamiento terapéutico adecuado y una escuela que adapte su currículo a las necesidades específicas de cada individuo —mediante Programas de Protección Integral (PPI)—, estos niños quedan en desventaja y no logran alcanzar su potencial.

Nuestra realidad, en Argentina, es que muchas escuelas, tanto públicas como privadas, no solo no renuevan vacantes para chicos con discapacidad, sino que en algunos casos persisten prácticas de exclusión y persecución que terminan expulsando a las familias de estos espacios educativos. A nivel de acompañamiento terapéutico, la situación tampoco es alentadora. Aunque en los últimos años se ha mejorado el pago a los prestadores, con actualizaciones y mayor regularidad, la falta de un nomenclador oficial que reconozca y valore adecuadamente estas prestaciones sigue siendo un problema. El trabajo de estos profesionales suele ser remunerado a un valor irrisorio por parte de las obras sociales, lo que limita la calidad y cantidad de horas efectivas que pueden brindarse.

La Ley 24.901 y sus modificatorias establecen un sistema de prestaciones básicas para la atención integral de las personas con discapacidad, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), ratificada por Argentina, reconoce derechos fundamentales como la igualdad, la educación inclusiva, el empleo libre y la participación plena en la sociedad. Sin embargo, estos marcos legales no se traducen en una realidad concreta para la mayoría. Es imprescindible que el Estado y la sociedad entiendan que la discapacidad no es un tema menor ni una cuestión que pueda relegarse a un segundo plano. Las personas con discapacidad tienen derecho a una educación inclusiva y de calidad, a un acompañamiento terapéutico adecuado y a vivir en igualdad de condiciones.

Para ello, propongo:

• La implementación urgente de un nomenclador oficial que garantice tarifas justas y adecuadas para los servicios de acompañamiento terapéutico y demás prestaciones, asegurando su calidad y continuidad.
• La promoción y fiscalización de escuelas integradoras que cuenten con recursos, formación docente y programas adaptados para atender a niños con discapacidad, evitando la exclusión y la persecución.
• La asignación de presupuestos específicos y suficientes para políticas públicas de discapacidad, con controles transparentes y participación activa de las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias.
• Campañas de sensibilización social que promuevan la inclusión, el respeto y la valoración de la diversidad funcional como parte fundamental de nuestra sociedad.

No se trata de una cuestión que deba preocuparnos solo a quienes la vivimos directamente. Es un desafío colectivo que requiere compromiso, acción y voluntad política. Solo así podremos construir un país donde nadie quede excluido, donde cada niño tenga la oportunidad de aprender y crecer, y donde todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos y vivir con dignidad.

* Bárbara Morelli, presidente de la Asociación Civil Morelli.