Levantan la suspensión y retoman la quita de celulares en las cárceles de Mendoza

La quita de celulares en las cárceles de Boulogne Sur Mer y San Felipe sigue generando polémica a nivel provincial. La semana pasada, el juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, decidió suspender la medida para esos dos establecimientos y desató el enojo por parte del Gobierno. De hecho, el Ejecutivo comenzó a analizar la posibilidad de iniciar un jury de enjuiciamiento. 

Con esa "amenaza" sobre la mesa, este lunes el magistrado decidió apartarse de la causa y lo comunicó a través de una nota en la que advirtió que tomó la decisión “en atención a las circunstancias de público conocimiento que, por su repercusión y tenor, podrían razonablemente afectar la percepción de imparcialidad".

Ahora, y con el juez separado de la causa, el magistrado Juan Manuel Pina -juez de turno de Ejecución- resolvió suspender la suspensión, por lo que la quita de celulares en las cárceles de Mendoza puede hacerse efectiva. 

"En mi carácter de Juez de turno de la Unidad de Control de Privación de Libertad del JPC N°1, y atento a la inhibición de Sebastián Sarmiento, concédase el recurso de apelación interpuesto en tiempo y forma por el director del Servicio Penitenciario de la Provincia de Mendoza, contra el auto dictado en fecha 15/04/2025 y suspéndase lo ordenado mediante resolución de fecha 15 de abril de 2025, en lo que resulta objeto del presente recurso, y hasta tanto quede firme la misma", señala el fallo. 

La suspensión previa y el apartamiento

La semana pasada, Sarmiento hizo lugar a un hábeas corpus que presentaron organismos de Derechos Humanos y representantes de los presos en esos dos complejos penitenciarios. Según el fallo, no se estaba garantizando la instalación de una terminal de comunicación cada 200 personas privadas de libertad, en el marco del proceso de retiro de los celulares a los presos. Esa decisión generó una fuerte polémica y críticas del Gobierno provincial. 

Luego, decidió inhibirse en el trámite del proceso y en el comunicado explicó por qué había suspendido la quita de celulares. "Con el objeto de garantizar el ejercicio del derecho a la comunicación de las personas privadas de libertad, conforme a los estándares establecidos en la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela)", explicó. 

En este sentido, indicó que “se ha generado un amplio debate público, incluyendo manifestaciones realizadas por altas autoridades del Poder Ejecutivo Provincial, que han sido reproducidas en medios de comunicación masiva y que refieren directamente al contenido de resoluciones judiciales dictadas en el expediente”.

Consideró que es “natural y saludable que exista intercambio de posiciones y criterios entre los distintos poderes del Estado en un régimen democrático”, pero resaltó también que “es necesario preservar la serenidad del proceso judicial, garantizando las condiciones objetivas para el ejercicio imparcial de la función jurisdiccional”.

Advirtió que el artículo 72 inciso 11 del Código Procesal Penal de la Provincia de Mendoza establece que el juez deberá inhibirse de intervenir en una causa "cuando mediare violencia moral u otras circunstancias que, por su gravedad, afectaren su imparcialidad”.

“Las condiciones institucionales actuales, generadas a raíz del impacto mediático y político del caso, podrían razonablemente afectar la percepción de imparcialidad de este magistrado”, expuso el magistrado, fundamentando su decisión de apartarse de la causa.