El conflicto que vuelve a generar tensión entre el Gobierno y la Corte
Además de la paritaria salarial del gremio Casinos, los empleados Judiciales son el único sindicato que no ha acordado su salario y reclama un aumento mayor que el ofrecido. La Corte cree que es el Ejecutivo quien debe decidir si la paritaria está cerrada y si dará una suba salarial por decreto. En tanto que desde el Gobierno aseguran que es una decisión que deben tomar en conjunto con el Máximo Tribunal porque "es el empleador". Desde el gremio continúan con las asambleas, como la que harán este jueves 3, a la que varios jueces supremos califican "paros encubiertos".
El conflicto no tiene para nada las dimensiones del año pasado- donde hubo casi un mes de paro y además de los empleados, se sumaron los funcionarios que esta vez ya acordaron-. Sin embargo, vuelve a poner en tensión a dos poderes del Estado sobre el manejo de los fondos. El Poder Judicial depende del Ejecutivo quien hace la propuesta salarial. La Corte puede decidir cómo va a manejar su presupuesto, es decir con qué prioridades, aunque claro está los fondos son limitados, es decir, son los acordados con Casa de Gobierno antes de la aprobación de la pauta de gastos general.
El gremio de empleados Judiciales, que dirige Ricardo Babillón, ha rechazado la oferta salarial de la paritaria para el primer semestre del año, que ya firmaron casi todos los sindicatos e incluso, ya cobró el primer porcentaje de aumento la mayoría del personal estatal con el sueldo de marzo. La propuesta salarial del Gobierno para el primer semestre de 2025 consiste en aumentos del 7% para marzo, del 2,5% para abril, del 2% para mayo y del 1,5% para junio.
Judiciales se niega a aceptar ese incremento del 13% total y pide el blanqueo de algunos ítems. La Corte- no todos los ministros- considera en cambio, que el reclamo implica que les otorguen el doble de lo ofrecido al resto de los gremios y espera señales del Ejecutivo. Además, entiende que en la última reunión paritaria que fue hace 20 días, se firmó un acta donde los miembros oficiales dejaron por sentado que se trataba de la última propuesta, ante el rechazo del gremio.
Para el máximo Tribunal, depende del Ejecutivo los pasos a seguir. La posibilidad de la suba por decreto no es algo lejano porque lo que está claro es que no habría otra oferta más de lo que se le ha ofrecido al sindicato. O al menos no la que pretende el gremio que incluye el blanqueo de algunos ítems, de acuerdo lo establece el convenio colectivo de trabajo, algo que el gremio tiene como bandera.
En cambio, de acuerdo a lo que dijo a MDZ una alta fuente del Gobierno provincial, si hay decreto o si se avanza de otra manera, el Ejecutivo debe decidirlo junto a la Corte quien es "el empleador". Mientras se tensa esa cuerda, el gremio continúa con las asambleas. De hecho, para este jueves 3, habrá una nueva asamblea provincial. El sindicato cree que a otros sectores de los empleados públicos les han otorgado aumentos mayores- nombran a la policía y a los docentes que recibieron el ítem arraigo por ley- y que a junio, muchos empleados judiciales no llegarán a los $700.000 de bolsillo.
La Procuración sacó una resolución en la que reafirma una acordada de la Corte por la cual cada agente no puede usar más de una hora diaria (adicionando el viaje si no es en su lugar de trabajo) para ese fin. Ese hecho también generó rispideces con el gremio, además de que en el inicio del año judicial que fue el 26 de marzo pasado, hubo reclamos por parte de empleados en medio de la ceremonia. Las autoridades los acusaron de generar disturbios, mientras que el gremio sostuvo que hubo un intento de la Corte de evitar que visibilicen el reclamo.