Julio Cobos arremetió contra el Gobierno por un cambio clave en el rol de la UIF
El diputado mendocino presentó un proyecto de resolución solicitando explicaciones al Poder Ejecutivo Nacional tras la publicación de un decreto que impide a la UIF actuar como querellante.
El diputado nacional por Mendoza Julio César Cleto Cobos presentó un proyecto de resolución en la Cámara Baja solicitando explicaciones al Poder Ejecutivo Nacional sobre el reciente Decreto 274/2025, publicado el 16 de abril.
La normativa modifica aspectos clave de la Ley 25.246, la Ley 25.520 y el Decreto 577/2017, eliminando la capacidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) para actuar como querellante en causas penales vinculadas al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. El legislador, acompañado por la diputada Karina Banfi, exige conocer las razones detrás de esta decisión que podría afectar la lucha contra el crimen organizado.
El proyecto busca que el Gobierno de Javier Milei explique los fundamentos que motivaron la limitación de las facultades de la UIF, un organismo autárquico creado en el año 2000 bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Cobos solicita detalles sobre cómo la participación del organismo como querellante podría afectar su autonomía y eficiencia operativa, tal como sugiere el decreto presidencial.
La iniciativa parlamentaria también pide información acerca de las medidas que se adoptarán para compensar lo que Cobos considera un "debilitamiento de la capacidad del Estado" para colaborar con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal en investigaciones sensibles relacionadas con delitos económicos.
Según el decreto cuestionado, la Argentina representa "un caso aislado respecto a la facultad de querellar" en causas de lavado de capitales, y se fundamenta en un supuesto informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El documento oficial sostiene que esta modificación busca dotar a la UIF de "mayor autonomía, eficacia y eficiencia" para evitar "influencia o interferencia indebida" en los términos de las recomendaciones internacionales. Con esta medida, el organismo queda limitado a "recibir, solicitar y archivar información" en el marco de investigaciones sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, sin poder intervenir activamente en los procesos judiciales.
En los fundamentos de su proyecto, Cobos destaca que la UIF ha cumplido un rol crucial como querellante en diversas causas de alto impacto vinculadas al lavado de dinero, corrupción pública, narcotráfico y financiamiento de organizaciones criminales. El diputado mendocino subraya que la intervención del organismo ha sido clave para el avance de investigaciones judiciales complejas, aportando conocimiento técnico especializado, acceso a información financiera sensible y una perspectiva institucional comprometida con la transparencia y la legalidad en el combate contra el crimen económico.
"Para combatir al crimen organizado hay que pegarle donde más le duele: en lo financiero, por eso la lucha contra el lavado de activos es clave. ¿Qué sentido tiene limitarle la facultad a la UIF de ser querellante particular en las causas de las cuales tiene la mejor información?", se lamentó Cobos en su cuenta de X.

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