La nueva resolución sobre las asambleas en la Justicia que genera resistencia
En medio de las paritarias con los empleados judiciales, que continúa abierta, el Ministerio Público Fiscal resolvió limitar a una hora la participación en las asambleas convocadas por la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial o cualquier otra organización sindical que los nuclee. El gremio, que representa a los empleados, calificó la medida como un intento "antidemocrático" que desconoce "derechos constitucionales y "una notificación firmada en la última acta paritaria sobre el mismo tema". Las autoridades judiciales vuelven a poner en debate la esencialidad del servicio de justicia.
La resolución 174/2025 tiene fecha del 20 de marzo pasado y la firma del jefe de los fiscales, es decir del procurador general, Alejandro Gullé. Entre otros puntos, el texto dice: "que en atención a las asambleas informativas convocadas por las asociaciones sindicales resulta necesario reglamentar en relación a la concurrencia del personal a las mismas a fin de compatibilizar los derechos de los ciudadanos y de los profesionales que se presentan diariamente en este ministerio Público Fiscal".
Además, sostiene que el organismo judicial recibió informes de "notarias ausencias de los trabajadores para concurrir a las asambleas" y que la Procuración siempre "fue sensible a los requerimientos del personal judicial (,,,) incluido el procurador que en forma personal ha recibido todas las veces requeridas a los representantes sindicales". Con esos argumentos, es que Gullé tomó la determinación de limitar la asistencia a las asambleas.
En ese sentido, la resolución dispone que: "el personal del ministerio Público Fiscal podrá concurrir durante el lapso no superior a una hora a las asambleas informativas" convocadas por los gremios. Pero además, aclara que para calcular "la hora" se debe adicionar " el tiempo que razonablemente insuma el traslado desde la dependencia judicial a donde se realice la asamblea gremial.
Fuentes judiciales afirmaron a este diario que la Corte tiene regulado a través de una acordada hace años que las asambleas deben durar una hora y que el ministerio Público Fiscal puede adherir o sacar una nueva. Sin embargo, la acordada de la Corte es lo que rige. Además, el reciente fallo del máximo tribunal contra el SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación) que prohíbe las asambleas durante el horario de clases sienta jurisprudencia sobre el tema.
El texto aparece en medio de la negociación salarial que el Gobierno provincial lleva adelante con los judiciales, en la que la Corte está involucrada tras una acordada que derogó el año pasado y le permite intervenir como parte activa, pero que pese al paso del tiempo- desde fines de febrero- aún no hay resolución de la paritaria. En diálogo con MDZ, el titular del gremio de los empleados judiciales, Ricardo Babillón, calificó a la resolución del ministerio Público como "un intento de debilitar a las asambleas".
Además, el dirigente junto al resto de la comisión directiva del gremio está recorriendo las oficinas fiscales advirtiendo a los judiciales que "si los trabajadores deciden ejercer sus derechos, no pueden exigirnos guardias mínimas". Por lo tanto el desconoce desconoce la resolución.
Más allá de la discusión sobre la participación de las asambleas, de fondo, como ocurrió en 2024, las autoridades judiciales vuelven a poner en agenda si el servicio de Justicia es esencial - como la salud- o no. Ese debate se dio el año pasado tras el extenso conflicto salarial que hubo en este poder del Estado que retrasó la actividad de varios fueros. De hecho, había una versión muy fuerte que apuntaba a que el Ejectivo provincial estaba preparando un proyecto de ley para declarar como servicio esencial a a la Justicia, es decir que debe haber una guardia mínima cuando hay medidas de fuerzas, pero finalmente con el acuerdo salarial que consistió en aumento salarial y en un mecanismo de devolución de los días de paro, no prosperó.