Se prepara la motosierra: cómo el Gobierno auditará a un millón de pensionados por invalidez laboral

Con causas que ya se habían iniciado en 2023, el año pasado salieron a la luz diversas irregularidades que se gestaron en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante los gobiernos kirchneristas. Con el fin de potenciar las auditorías, el Gobierno comenzó a articular fuerzas con el PAMI para investigar a más de un millón de pensionados por invalidez laboral no contributivas: cómo será el proceso y cuándo comenzará.

Durante las presidencias de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, la cantidad de personas que recibieron este subsidio por una supuesta discapacidad aumentó exageradamente: el santacruceño las incrementó en un 183%. Su esposa en los primeros cuatro años un 143%, y en el segundo mandato un 47,93%. Macri logró una caída de tan solo el -1,9%. Y Alberto acrecentó el número en un 18,46%.

Si bien ya se realizaron exhaustivas auditorías en diferentes jurisdicciones a lo largo del 2024 y en lo que va del 2025, como sucedió en Chaco, donde estiman que alrededor del 80% de los pensionados no tiene una incapacidad que justifique el cobro de este beneficio, este nuevo método pretende potenciar los controles: a partir de febrero, abarcará a 1.013.400 casos y constará de cuatro etapas.

Cómo se auditará a un millón de pensionados por discapacidad

Cada una fue diseñada para garantizar la integridad del proceso. Además, se pondrá especial atención a las pensiones más recientes, es decir, las otorgadas durante el gobierno de Alberto Fernández. 

La primera etapa consistirá en el envió de cartas documento a los beneficiarios de pensiones que hayan tenido un turno asignado con un médico de PAMI, para que presenten toda la documentación requerida en un plazo determinado. En un segundo momento, médicos del organismo harán las entrevistas y controles necesarios a fin de garantizar que todos los beneficiarios accedan al proceso de auditoría y a su correspondiente revisión. 

En tercer lugar, se realizará el procesamiento de la información. Los profesionales de la Andis se encargarán de analizar la documentación de cada beneficiario que reciben. El paso final será la emisión de los dictámenes y resoluciones de cada caso; es decir, se determinará si los usuarios cumplen con los requisitos para continuar percibiendo el beneficio o si corresponde su suspensión. 

Si bien el Presupuesto 2025 aún no fue aprobado, comprende una serie de recortes dentro de varias áreas públicas y programas sociales. Entre ellos, se prevé la interrupción de más de 176.000 pensiones no contributivas por invalidez laboral, decisión que igualmente quedará firme a lo largo de este ciclo e incluso podría convertirse en una cifra mayor. 

Hasta la primera mitad de este mes, distintos beneficiarios a lo largo del país que, por supuesto, no han sido contactado por las autoridades, recibirán las cartas para presentarse a constatar su situación médica. La Secretaría de Salud de la Nación supervisará todo el proceso, y seguirá el desmantelamiento de este esquema de corrupción a gran escala. 

Si se acudió al apoyo del PAMI, como explicaron a este medio fuentes de la Agencia, es porque el mismo cuenta con una estructura de alcance territorial única con su red de médicos prestadores. Cabe destacar que el grado de incapacidad que debe presentar el paciente para ser usuario del beneficio, tiene que ser igual o superior al 66%.

Pensiones falsas: casos en las provincias y CABA

No obstante, el haber recurrido a este organismo no es algo nuevo. Fuentes judiciales de Chaco, que llevan adelante juicios por la distribución de pensiones falsas desde 2023, aseguraron que como la Andis no tiene estructura allí, han acudido tanto al PAMI como a la ANSES bajo un riguroso trabajo de investigación. 

El territorio chaqueño es la provincia que, en proporción a su población, cuenta hoy con la mayor cantidad de pensionados del país. En 2003 habían 4.637 personas recibiendo esta pensión; pero al 2023 esta cifra alcanzó los 99.088 beneficiarios, un aumento del 2037%. Para el 2024, la jurisdicción registró 99.134 certificados.

Pese a que varias localidades están siendo auditadas, la de Taco Pozo presenta los resultados más escandalosos. Entre los imputados de este sitio está el intendente, su hija, colegas de la familia, amigos y cercanos, que en su mayoría trabajan en el Hospital Rural Santa Rosa de Lima.

Santiago del Estero es segunda provincia en tener más subsidiados en base a su densidad poblacional, seguida por Formosa. También se auditaron a fines del año pasado casi 29.000 pensionados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y más de 300.000 en la provincia de Buenos Aires.

Los primeros resultados arrojados en la capital porteña fueron descritos por la Agencia como "inquietantes". De los 10.000 beneficiarios contactados, un 67% no pudo ser localizado en los domicilios indicados, lo que plantea serias dudas sobre la veracidad de sus declaraciones. Esta falta de respuesta obligará a una segunda citación; pero entre los que sí se presentaron, menos de la mitad es digno del subsidio pues ni siquiera presentan una discapacidad.

Dentro de la provincia de Buenos Aires el panorama es similar. Se citaron 900 pensionados, de los cuales un 21% no fue hallado. De los 720 notificados, solo 462 asistieron; y dentro de estos presentes, apenas el 20% cumple con todos los requisitos exigidos por la normativa. En otras palabras, el 80% forma parte de este esquema de corrupción: un 67% con certificados "truchos", y un 13% ni siquiera contaba con la documentación necesaria.

Uno de los motivos por los que es tan polémica esta investigación son los fundamentos médicos "irregulares" para otorgar las pensiones no contributivas. Algunos diagnósticos eran por pie plano, o por amputaciones que jamás tuvo el paciente. También fueron recibidas por condenados o personas que estuvieron residiendo estos años en otros países, como Egipto.