Elisa Carrió denunció penalmente a Javier Milei, que acumula denuncias en su contra
El Gobierno nacional y Javier Milei en particular, atraviesan un momento complicado luego de que se conociera que el activo digital, $LIBRA, causara una posible estafa en el marco de la maniobra conocida como "rug pull". Ahora, la oposición motoriza pedido de juicio político y denuncias penales.
En este contexto, la Coalición Cívica presentó una denuncia penal para que se investigue "la posible comisión de los delitos de estafa, cohecho o dádivas promovidos desde el Poder Ejecutivo" luego de que Milei promoviera una inversión en criptomonedas. El comunicado emitido por el espacio conducido por Elisa Carrió confirma la solicitud penal firmada por Carrió y los diputados nacionales Juan Manuel López, el jefe de bloque del espacio político; Maximiliano Ferraro, quien detenta la presidencia del partido; y Mónica Frade, Victoria Borrego y Marcela Campagnoli.
Según la denuncia, se insta a investigar "por la posible comisión de delitos de acción pública (arts.256 o 259 del CP) o la posible participación en otros ilícitos penales que pudieran haber cometido terceros, cuya configuración se pudiera acreditar durante la investigación".
Para la Coalición Cívica, el hecho no es "accidental e involuntario", y citan el encuentro entre Javier Milei y Julián Peh, Ceo de kip Protocol (impulsor de la criptomoneda) en el Hotel Libertador en el marco del Tech Fórum.
Tras la presentación judicial, la denuncia se encuentra radicada en el juzgado de la jueza María Servini. Por su parte, el fiscal que interviene es Eduardo Taiano.
Se acumulan denuncias penales
Por otro lado, se sumó otra denuncia en contra del presidente Javier Milei. La misma es motorizada por Mila Zurbriggen, exlibertaria y candidata a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por el Frente Nueva Generación (FNG). El motivo es por el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, que habría estafado a unas 40.000 personas por un monto estimado de 100 millones de dólares.
La misma está radicada en el Fuero Penal Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, y sostiene que debido a "la complejidad del presente caso requiere una labor minuciosa de peritaje informático, incluyendo el análisis de las maniobras denunciadas, la revisión de los registros de acceso y la evaluación de los intervinientes en la maniobra".
En este sentido, el documento también solicita medidas cautelares para evitar que el presidente se investigue a sí mismo y pide la intervención de la fiscalía especializada en delitos informáticos.
Además, por medio del documento judicial, Zurbriggen objeta que "los hechos que motivan la presente denuncia evidencian una maniobra fraudulenta de gran magnitud, que habría sido premeditada y ejecutada con el objetivo de beneficiar a determinados actores económicos en perjuicio de miles de personas".
