IMPSA: arde la negociación y Caputo sube la presión sobre Cornejo

La fecha final para la privatización de la empresa IMPSA venció hace un tiempo más largo que el previsto. El nuevo propietario de la empresa mendocina de alta tecnología exportada al mundo debió haber sido anunciado una semana antes de Navidad. Ese fue el plazo que se tomó el gobierno nacional para analizar la mejora de oferta que se le pidió a Arc Energy, el único grupo que se terminó presentando en el proceso de privatización, pero no se cumplió.

El pliego de condiciones de privatización de IMPSA fue comprado por una decena de supuestos interesados. Como se sabe casi todos ellos “pagaron para ver”, como en el póker, pero solo los venezolanos-estadounidenses de Arc Energy terminaron concretando una oferta.

Esa oferta, considerada hostil al extremo por el ministerio de Economía nacional que es quien lleva delante de última el proceso privatizador, fue insuficiente para poder avanzar en la privatización.

Desde ese momento se inició un proceso que paso desde la negociación dura y hasta con aristas violentas, hasta la chance de un fracaso total del proceso. Casi dos semanas después de ese plazo final fallido, la negociación sigue casi en los mismos términos.

La semana pasada continuó la negociación en los mismos términos conocidos: ajustar la nueva oferta de Arc Energy a las condiciones de privatización aceptables por los accionistas que, esencialmente y con poder decisorio son, el gobierno nacional y la provincia de Mendoza. Tres diferencias dividieron las chances de cerrar la operación hasta ahora: las condiciones de cumplimiento de obras pendientes que tiene IMPSA, la refinanciación de la deuda y, finalmente, algunas condiciones laborales del directorio y la conducción de IMPSA. Este último tema, aunque menor en apariencia, envuelve a una cantidad de privilegios que mantuvieron los ejecutivos que manejaron la empresa fallida desde que el gobierno de Alberto Fernández de la mano de Matías Kulfas, llevaron adelante la estatización de la empresa de los Pescarmona.

¿Cuál es, entonces, ahora la situación del proceso de privatización? Antes del martes la comisión evaluadora de la licitación se expedirá sobre la viabilidad de la oferta presentadas por Arc Energy. Es el dictamen final aprobando o rechazando esa única oferta presentada, después de la mejora en las condiciones que aceptó el oferente; el mismo pronunciamiento que debió conocerse antes, pero que sigue demorado por la negociación.

Esa comisión evaluadora está integrada por un represéntate de la Agencia de Transformación del sector público, otro por el Fondep, que en defintiva es controlado por el estado federal que aportó fondos para mantener la empresa funcionando y que ya agotó los recursos y un representante de la provincia de Mendoza. Milei hace rato que ordenó que no se ponga un peso mas para mantener la empresa funcionando. 

En términos lúdicos, esa comisión evaluadora funciona con un esquema de 2 a 1. El gobierno nacional tiene dos votos y Mendoza uno. Esta ecuación es un dato esencial del proceso. El ministerio de Economía de Luis “Toto” Caputo y Javier Milei creen que el tema IMPSA es un problema de Alfredo Cornejo y que el Estado nacional, sea cual fuere el resultado del proceso de privatización, no tiene por qué poner más fondos.

En Mendoza la posición, obviamente, es distinta. El proceso de estatización de IMPSA, sus costos y consecuencias, fueron decisiones que tomó el gobierno nacional, entonces en manos de Alberto Fernández. Esa decisión, que le sacó a Pescarmona el peso de la quiebra de la empresa (con Venezuela como cliente no pagador como una de las múltiples causas), fue tomada por el gobierno de Alberto Fernández y no directamente por la provincia. Desde ese momento comenzó el desaguisado final de toda esta novela de quiebras y costos para el bolsillo de los argentinos que aún no encuentra solución.

Mas allá de esos razonamientos hoy coexisten dos realidades que complican tanto a Milei como a Cornejo.  

En el ministerio de Economía nadie quiere firmar una privatización sin tomar en cuentas las condiciones en que se entrega la empresa. Es un tema esencial que complica a los administrativistas que manejan el proceso privatizador. Por eso la presión sobre el mejoramiento de la oferta hostil inicial que presentó Arc Energy. El segundo punto a nivel nacional es el impacto que podría tener un fracaso, algo que quieren evitar como sea. IMPSA es la primera privatización encarada por la era Milei y en la Casa Rosada nadie quiere que el proceso quede truncado y que la empresa vaya definitivamente al cierre. Por eso es que presionan sobre Cornejo para que, a la hora de evaluar la operación, ponga la firma en el proceso, aunque existan dudas.

Para el gobernador mendocino la situación es también complicada. Milei cree, con razón, que IMPSA es una empresa con impacto esencialmente en Mendoza. Para Cornejo un fracaso sería asumir una crisis con los mas de 700 empleos directos de la empresa, más los indirectos. Sería claramente una crisis para el marcado laboral de la provincia.  Si IMPSA es factible o no como empresa en el futuro es un item que hoy la emergencia aún no ha tomado en cuenta definitivamente.

En estos términos la Casa Rosada vuelve a mirar a Cornejo esta semana cuando ya casi no queda tiempo para una definición. La presión sobre el gobernador se renueva, pero en definitiva quien tiene los “votos” para definir es el gobierno nacional. En ese juego hoy la disputa es por quién define. Quedan pocos días, pero mucho por negociar.