Milei no es libertarado: los riesgos del contagioso desprecio a las miradas diversas y a las provincias

Fue Javier Milei el que se describió así mismo como pragmático y, también, como una persona transparente. “Soy libertario, no libertarado”, repitió un par de veces en su fugaz visita a Mendoza. Hacía referencia a que él no tomaba decisiones intempestivas solo atado a sus dogmas, sino con algún equilibrio para evitar males mayores. Por eso, más allá de la verborragia lacerante y directa que suele tener, al Presidente hay que entenderlo también por sus gestos y hechos. Justamente la primera visita a Mendoza como mandatario ratificó el ninguneo y hasta desprecio que tiene sobre una de las bases de la república: el federalismo.

Como se dijo, Milei podría haber estado en cualquier lugar del mundo que daba igual; no cede ni un centímetro de protagonismo fuera de su campo. Lo curioso es la falta de empatía y de registro. Mendoza es la provincia que más lo respaldó, junto con Córdoba, y donde ocurre un fenómeno extrañísimo que habla del enfoque político de la Provincia, por un lado, y de la seducción que produce el poder en la dirigencia. Es que al liberal libertario lo respaldan los propios, los que hallaron un calorcito del poder (como el PRO) y también los opositores que se ven tentados a ocupar la orfandad política de ese espacio (el radicalismo cornejista). Milei no es “libertarado” y no regala elogios, ni respaldos, ni capital político.

La falta de empatía es contagiosa, pues el discurso de Mieli no es ni ingenuo, ni inocuo. Es un militante de su interpretación de "libertad", que incluye individualismo extremo, violencia verbal y acusaciones infundadas a quien critica o piensa distinto.

Ese desprecio por el protagonismo de las provincias (que está en la Constitución y en el origen del país) se nota en hechos, aún más que en las palabras. La Nación ajustó a los estados provinciales, restringió donde pudo y también más. En el informe presentado por el Jefe de Gabinete Guillermo Francos quedó claro: la Nación no financiará, respaldará, ni creará ningún plan, programa o línea económica para la producción local. O cualquiera sea el ámbito. Es decir, serán las provincias las que deban hacerse cargo o el mercado, el sector privado. Esa es una mitad de la historia, pues lo que Milei y Francos no cuentan es que la Nación sigue siendo el ente recaudador; el que recoge los recursos. Ahora, no los distribuye. Ni siquiera con los más fieles. Patricia Bullrich es más local que Milei en Mendoza. Sin embargo su ministerio sigue retaceando recursos a Mendoza y es una de las provincias más perjudicadas presupuestariamente por esa cartera. Según la información oficial, a Mendoza le transferirán 25 mil millones de pesos para Seguridad. Lo mismo que La Rioja, y casi la mitad que Santa Fe, un 50% menos que Entre Ríos y la cuenta sigue. El Presupuesto nacional, que está el elaboración, puede ser una caja de sorpresas, pues será la primera pauta de gastos oficial del Gobierno de Milei. Hasta ahora se maneja con la discrecionalidad que le da la reconducción del de 2023, con recaudación atada a la inflación, gastos congelados y erogaciones obligatorias que no se indexan.

El gobernador Alfredo Cornejo explicó con sentido común y, también, con profundidad lo que puede pasar si el Presidente no aborda la integralidad de la gestión. “Son condiciones necesarias, pero no suficientes”, repite Cornejo. Lo dijo al hablar de las bondades del equilibrio fiscal y el cepo a la emisión. Pero también lo referencia con otros temas. Que el Presidente sea un militante fanático de esas dos máximas puede tener efectos positivos, pero gobernar un país es mucho más. Menos enfático; casi indiferente es el primer mandatario con otros temas de la vida cotidiana, sobre todo la producción. “El Estado no será un agente dinamizador de la economía”, había remarcado el superministro de Modernización, Federico Sturzenegger. Que no se entere que el gobernador al que había elogiado en el mismo discurso es quien encabeza una híper intervención estatal en algunas de las actividades que promueven, como la minería.

Sálvese quien pueda

La política del “sálvese quien pueda” apunta a que Mendoza y las provincias vivan con lo suyo. Rara concepción; divorciada con la estructura global de toma de decisiones que apunta a resolver complejidades nuevas. Desde el hambre, ala ciberseguridad. Y, principalmente, problemas y soluciones ambientales y productivas que se gestionan como engranajes, y no como piezas sueltas.

Puertas adentro de la Provincia, con una escala distinta, el aislamiento es un problema también. Ante esas complejidades nuevas, la centralidad parece anacrónica. Incluso el antiguo diagrama para “echar culpas” de los problemas. Un ejemplo se vivió en la semana con el drama de la violencia y la inseguridad. Hubo dos muertes; dos asesinatos con culpas distintas y con un contexto en el que difícilmente pueda determinarse un culpable único. La muerte del policía retirado en manos de un condenado por otro homicidio (que también murió en la escena) es un ejemplo de que las cosas pasan, que todos los sistemas tienen “fallas”. El Gobierno tardó en expresarse y lo hizo obviando detalles. Tiene lógica, pues corren riesgo de morderse la cola como el perro: no hay sistema, poder y estructura más intervenida por el el cornejismo que la seguridad, la justicia y la política criminal. Desde la modificación de los códigos, hasta la selección de jueces, pasando por el Ministerio Público Fiscal, la policía, el Colegio de Abogados, la cúpula de la Corte y cuando lugar se toque.

El homicida había sido liberado por el juez de Ejecución Penal Sebastián Sarmiento, el mismo que con sus decisiones había favorecido la estrategia judicial del oficialismo para ir contra Janina Ortiz. El homicida, sin embargo, había sido favorecido por un acuerdo propuesto por el Ministerio Público Fiscal para que, en el caso del asesinato de Vistalba, no sea juzgado como homicida criminis causa, cuya única condena es la prisión perpetua (25 años de cárcel). La condena de 11 años y seis meses que acordaron entonces presuponía incluso menos. El uso de armas en el caso de los dos muertos también podía presagiar un final dramático, como siempre ocurre con esos elementos. La complejidad del caso (hay que leer la historia de vida del homicida y el drama que se generó en la familia del policía retirado asesinado) ilustra que las soluciones son mucho más complejas que un mensaje de Twitter, red social elegida por la ministra Mercedes Rus para expresarse sobre el tema.

Días decisivos para el plan minero

En temas menos dramáticos, pero relevantes para la calidad de vida de los mendocinos, también hay riesgo de simplificación. El Gobierno acelera con la idea de resolver antes de fin de año la aprobación del Distrito Minero Malargüe. Cornejo tiene en su haber una victoria discursiva, pues no hay casi opositores a la idea de explorar, de desarrollar la minería en las zonas no restringidas de la cordillera y, así, promover esa actividad productiva. La ansiedad y la costumbre hace que se obvien músculos que en la Provincia habían sido muy fuertes.

A diferencia de lo que ocurrió en otros sitios, como San Juan y Catamarca, Mendoza tiene una masa crítica potente que puede agregar valor a la política minera. Un sector gremial empresario inquieto, una sociedad civil activa (en organizaciones y de manera particular también), dos universidades públicas y más de 10 privadas, un sistema científico con un volumen de producción enorme (IADIZA; IANIGLA; etc) y antecedentes buenos y malos en la ejecución de actividades extractivas que pueden servir de antecedentes. Parte de esa masa crítica está plasmada en los informes sectoriales del plan minero. Muchos son críticos al extremo. Pero a diferencia de lo que se cree, no es negativo: esas visiones pueden agregarle valor, mejorar y darle volumen y anticuerpos al plan oficial. En una provincia que desde 2015 se mantiene con una visión unidireccional, tomarlo con ese enfoque es un desafío. De hecho la estructura de gestión está tomada de manera unipolar: quienes proponen (Impulsa Mendoza), quienes promueven (Dirección de Minería) y quienes deben controlar (Ambiente) están del mismo lado y tienen la misma visión. No es que se dude de la honestidad de esa cadena, pero sí de la dificultad para ser imparciales ante una orden.  

Ocurre también con el desarrollo urbano y la híper promoción de inversiones sin tener en cuenta la idea del “buen vecino”; la disponibilidad de servicios y, sobre todo, los planes compartidos. Mendoza tiene sellos como el Unicipio, normas como la ley de Ordenamiento, el Plan de Ordenamiento y los planes municipales. Pero poco de ejecución conjunta.  Es recordada aquella decisión del exitendente Víctor Fayad cuando decidió cambiar de dirección de circulación a una calle en perjuicio y sin consultar a Guaymallén. Hoy el Gran Mendoza está gobernado casi en su totalidad por intendentes del mismo signo político. Pero la sinergia de las campañas no se trasluce en hechos. De manera retórica, algunos intendentes deciden cambiarle la dirección a varias calles en beneficio propio, pero en perjuicio de sus vecinos.