Myriam Bregman: "Arrieta y compañía usan privilegios del Estado en beneficio propio"

La visita de Arrieta y otros miembros del bloque de La Libertad Avanza a los represores en el penal de Ezeiza el pasado 11 de julio generó una oleada de críticas sobre la impunidad y el trato a los represores imputados de la última dictadura cívico-militar argentina. Las internas del oficialismo terminaron con Arrieta expulsada y creando su propio monobloque, mientras que la polémica sigue después de que se difundiera un video en donde se puede ver a los legisladores ingresando al penal omitiendo todos los controles correspondientes. Myriam Bregman, abogada, activista y dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), habló con MDZ Radio 105.5 FM sobre la visita y sus implicancias en la liberación de genocidas.

"Lo primero que hay que decir es que Arrieta y compañía usan privilegios del Estado en beneficio propio. Para sostener su ideología pro genocida, su ideología de impunidad de los que cometieron actos atroces en la dictadura cívico militar, utilizaron evidentemente alguna conexión con lo más alto del poder del Servicio Penitenciario Federal", aseguró Bregman, porque "no hay manera de explicar esos videos" en los que se ve a los diputados entrando y saliendo del penal sin pasar por ninguno de los controles, por lo que "es evidente que alguien de mucho poder tiene que haber dado la orden".

La abogada comentó que, recientemente, fue al penal de Ezeiza "a visitar con una delegación de organismos de derechos humanos al último de los detenidos que queda por la Ley Bases, de aquella movilización del 12 de junio. Y para poder ingresar al penal tardamos unos 45 minutos de controles, pasando distintas revisiones". Entre ellos dos escáneres por los que pasó toda la comitiva de derechos humanos, "cumpliendo obviamente con todos los requisitos que hay para ingresar a una cárcel", explicó.

Durante la polémica, Arrieta reveló que los diputados planeaban aligerar las penas contra los genocidas, "Nos preocupa mucho porque la situación en la que van a declarar los testigos de las causas de lesa humanidad, estando los genocidas libres, en sus casas o en situaciones de privilegio, no es cómoda". Entonces mencionó el caso de Julio López, víctima de desaparición forzada durante la dictadura que desapareció nuevamente poco después de declarar contra el represor Miguel Etchecolatz en 2006, cuando ya había vuelto la democracia. Bregman fue abogada de López. "Esas situaciones de privilegio implican que algunos (imputados) están en la casa, otros en condiciones de privilegio en la cárcel, con todo tipo de contacto ilimitado con el exterior, les han permitido, por ejemplo, planear el secuestro de Julio".

"No es un tema del pasado, es un tema de la actualidad porque solamente hay 128 personas detenidas bajo custodia penitenciaria. 128. Ese es todo el universo que hay en todo el país. Imagínense que hay reconocidos más de 800 centros clandestinos de detención en nuestro país. Pero a la vez hay solamente 128 personas que están detenidas y unas 500 más que están en sus casas", señaló.

Por último, la dirigente dijo que "estamos en una situación crítica. Entonces que esta gente le dedique tiempo a la impunidad de los genocidas, que además se enriquecieron porque se apropiaban de los bienes de los detenidos desaparecidos. Pusieron hasta una inmobiliaria en la ESMA con la cantidad de bienes que se habían apropiado", en la que vendían las propiedades robadas, por lo que "eso también explica un poco por qué tanta cantidad de abogados de renombre y apellidos muy reconocidos están detrás en estos casos. Hay mucho dinero en juego", concluyó.

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