El debate por la Ley de financiamiento universitario se coló en La Noche de la Educación

Referentes de todos los partidos y provincias fueron convocados este martes en el Palacio Libertad (ex CCK) en el marco de La Noche de la Educación, a fin de presentar el acuerdo con las 10 prioridades que debe tener la agenda educativa del país. Sin embargo, irremediablemente se coló en el evento el debate sobre la Ley de Financiamiento Universitario, la cual se tratará en el Senado el próximo jueves. 

El proyecto, que ya tiene media sanción por parte de la Cámara de Diputados, lo que buscaría a grandes rasgos es declarar la emergencia presupuestaria para 2024, estableciendo así una distribución del 85% para salarios y un 15% para el funcionamiento. Sin embargo, al igual que como sucedió con la Ley de movilidad jubilatoria, el Gobierno de Javier Milei amenaza con vetarla en caso de ser aprobada, para que no afecte su ambicioso plan de llegar al déficit cero.

Carlos Torrendell sobre el posible veto a la Ley de financiamiento universitario

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, reconoció que hay una demanda que es legítima por parte de las universidades, pero insistió en consolidar una política fiscal para que los aumentos salariales y de recursos vayan de la mano. "Tenemos que lograr el equilibrio fiscal que permita que se gaste solo lo que ingresa, en esa línea sí estamos de acuerdo. También estamos de acuerdo con que hay que ir recomponiendo los salarios progresivamente en la medida que se pueda", señaló.

Por ello, planteó que el objetivo principal del oficialismo es llevar adelante una inversión educativa inteligente. Argumentó que en las décadas pasadas hubo un gran aumento del gasto educativo y un fuerte deterioro de los aprendizajes, tal como muestran las estadísticas, lo cual evidencia que es una cuestión de más recursos vinculados con la evaluación y seguimiento de resultados. 

"Lo mismo de las universidades. Nuestro foco es la alfabetización las universidades, para eso necesitan recursos sin duda, pero nuestra prioridad tiene que ser para el 60% de chicos pobres que está en los sectores desfavorecidos. Eso es justicia educativa. No seguirle dándole más a lo que más tienen, por eso tenemos que equilibrar bien el presupuesto y lograr consolidarlo en esa línea", añadió el secretario. 

En ese sentido, recordó que a principio de año otorgaron un 270% de aumento a todas las universidades para gastos de funcionamiento. Sin embargo, más del 80% del presupuesto es dedicado a los salarios de docentes y no docentes, a lo que Torrendell contestó: "Tenemos que ir recomponiendo la masa salarial, obviamente es un volumen muy importante. Dentro de la Secretaría de Educación el gasto universitario representa el 70% del presupuesto hoy, o sea que evidentemente tiene un impacto grande. No hay una negación de la realidad, lo vamos a recomponer a medida que vayamos pudiendo avanzar".

En rigor, el proyecto busca un aumento de los recursos universitarios y del sueldo de los docentes y no docentes. En total generará un impacto fiscal de $735.598 millones, que representa el 0,14% del PBI, según detalló la Oficina de Presupuesto del Congreso. En caso de aprobarse, deberán actualizarse las partidas presupuestarias para cubrir: funcionamiento, investigación y extensión en las universidades, y cada dos meses el Gobierno deberá ajustar según inflación.

La mirada de los gobernadores

El mandatario mendocino, Alfredo Cornejo, mostró una mirada más dialoguista en torno a esta cuestión. Reconoció que cada ajuste fiscal que busca estabilizar la economía afectará a todos los sectores financiados por el Estado, tal como también le sucede a los jubilados. 

"Y o creo que la oposición colaborativa y el Gobierno deben llegar a acuerdos, como fue con la Ley Bases y el Paquete fiscal en su momento. Estamos hablando de un Gobierno que tiene minoría parlamentaria, que arrancó intentando imponer, más allá de la opinión que cada cual tenga, la mía era favorable en líneas generales; pero luego acomodó su situación a un acuerdo que fue positivo, y le demostró a los actores económicos nacionales e internacionales que tenía gobernabilidad y prestigio", analizó.

Luego, el gobernador sumó: "Yo veo un proceso de mala praxis de no buscar los acuerdos como se buscó en la Ley Bases y en el paquete fiscal de parte del Gobierno y de la oposición colaborativa, que no hablo del kirchnerismo porque este no quiere apoyar nada".

Aún así, alejó su apoyo de Milei en torno al conflicto por el veto de la Ley de movilidad jubilatoria. Para Cornejo, una opción más viable hubiese sido realizar un veto parcial, quitando los tres artículos que presentaban problemas fiscales (tal como solía hacer comúnmente el expresidente Carlos Menem).

Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, se mostró más duro ante la decisión de interponerse con la Ley de financiamiento universitario. Insistió en que es un sector muy golpeado por la inflación y que, por lo tanto, necesita de un buen respaldo económico; sin embargo, también reconoció que es una responsabilidad que descansa totalmente en el presidente. 

Argumentó, de este modo, que el Ejecutivo deberá evaluar si hay suficientes recursos para aprobar este proyecto. Ya que si ve imposible lograr financiar esta Ley, entonces no le parece una decisión errada vetarla. 

Por último, el mandatario chaqueño, Leandro Zdero, también insistió en que es una medida que sólo puede tomar el presidente por tener las atribuciones para hacerlo y, de este modo, hay que ser respetuosos de ello. "Yo soy un defensor de la educación pública, y creo también que no hay que temer a que las universidades sean auditadas si los manejos son realmente claros y transparentes", indicó.

En este sentido, y para cerrar, añadió: "Yo he vetado leyes en mi provincia porque afectaban la caja y ponían en crisis la situación del presupuesto provincial. Claramente le he comunicado a los sectores cuál fue la decisión de vetar, y lo he comunicado personalmente a toda la sociedad. Las leyes que no se pueden sustentar cuando no hay recursos, es difícil que avancen".