Irrigación mantiene la veda de acceso al agua en la zona más codiciada de Mendoza

El Departamento General de Irrigación decidió mantener la restricción para otorgar derechos de agua subterránea en la margen derecha del Río Mendoza, la zona de mayor demanda por parte de la industria vitivinícola, que incluye el sur de Luján (Agrelo, Ugarteche) y Tupungato. Esa veda se impuso en la década de los '90 y se mantiene, pero hubo un período oscuro en el que se dieron permisos de manera irregular y con sospechas de corrupción. Ahora, tras varios análisis, Irrigación decidió mantener la restricción y no otorgar agua a nadie. 

"Dispóngase la continuidad de la situación de restricción para el otorgamiento de nuevos permisos de perforación, a llevarse a cabo en la Margen Derecha del Río Mendoza - Subcuenca El Carrizal, por el plazo de dos años", dice la Resolución 1108 firmada por Sergio Marinelli, dándole continuidad al cepo para autorizar más permisos precarios y concesiones. Irrigación "blindó" la decisión con informes propios, el INA y del IHLLA, organismos que recomiendan mantener la veda porque, aseguran, en un contexto de sequía y mayor demanda no se puede garantizar que la autorización de nuevos permisos no afecten al acuífero.  

Esa decisión le cierra el acceso a pozos a otras empresas que habían solicitado permisos y que también habían judicializado el tema. Entre ellas está el gigante CRESUD, que había pedido pozos de agua para avanzar en un campo de más de 600 hectáreas. Esa empresa y otras del sector habían solicitado pozos de agua porque entendían que había disponibilidad y que hubo una ventana legal para hacerlo. La Suprema Corte había ordenado que Irrigación le diera el permiso a CRESUD, siempre y cuando hubiera disponibilidad de gua. Ahora el ente rector del agua de Mendoza dijo que no. "Déjese establecido que no resulta procedente una redistribución de los volúmenes de agua no asignados", menciona la resolución.  

Según Irrigación, los permisos que habían entrado en la ventana de posibilidad no pueden otorgarse porque no hay garantías de que el caudal que se otorgue "no comprometa con perjuicio de terceros: la calidad, capacidad o disponibilidad de la fuente del acuífero", y "no provoque una disminución o agotamiento del caudal medio para satisfacer las explotaciones anteriores o prioritarias y que no causará perjuicio a las mismas".

La prórroga del cepo es por dos años. Antes de ese tiempo podrían estar disponibles el Código de Aguas y, sobre todo, el Plan Hídrico, que regularán y reorganizarán el manejo del agua en Mendoza, y en particular el agua suterránea. 

La margen derecha del río Mendoza (subcuenca El Carrizal) es una de las zonas más deseadas. No hay acceso a agua superficial y por eso los pozos son la clave para el desarrollo. Hubo, también, una explosión de venta de tierras con y sin acceso al agua. La diferencia monetaria es enorme. Allí se han radicado algunos de los emprendimientos vitivinícolas y turísticos más relevantes de los últimos años. Los problemas hídricos afectaron el acuífero y en la década de los 90 se impuso una restricción. Sin embargo, hubo un mercado negro para el acceso a pozos de agua. En 2010 el entonces superintendente Eduardo Frigerio autorizó 21 pozos de agua de manera irregular y generó  uno de los escándalos más graves de la historia reciente.

Un grupo de inversores usó la figura de una entidad intermedia para disimular que eran particulares y consiguieron los pozos de agua. Detrás, siempre estuvo la sospecha de corrupción. Por eso hubo un Jury que fue suspendido por la renuncia de Frigerio. Irrigación revirtió los permisos, pero muchos de los empresarios ya habían avanzado con los desarrollos. El tema está en la Suprema Corte, que lleva más de una década sin resolver, aún cuando las causas están a la espera de la decisión de los siete jueces. 

En la resolución de Marinelli se advierte que el tema está judicializado. "Debe considerarse la situación judicial de causas que aún no tienen sentencia vinculadas a permisos y concesiones de uso de aguas subterráneas sobre la cuenca ya sea por rechazo de concesión, sanción de caducidad, revocación de permisos, teniendo en cuenta especialmente que la hipotética acogida de dichas causas significará un impacto sobre el acuífero", mencionan.

Los argumentos

La tensión alrededor del acceso al agua subterránea tiene una larga historia. En los últimos meses Irrigación busca ordenarlo, por necesidad propia y por presión judicial. Por eso hicieron un "barrido legal" y autorizó 21 pozos de agua. De ese grupo, hay 13 permisos efectivamente constituidos, es decir pozos que se perforaron y comenzaron a trabajar y 6 de esos proyectos se encuentran ejecutados y con posibilidades de acceder a la concesión. Pero no todos quedaron conformes y hubo reclamos de empresas grandes que pidieron agua, no se las dieron y reclamaron ante la Suprema Corte. CRESUD; la rama de negocios agrícolas de IRSA, pidió 7 permisos de perforación para desarrollar un predio de más de 600 hectáreas en la zona restringida, pues para ellos esa prohibición estaba caducada. La Suprema Corte le dio la razón y le ordenó a Irrigación a que le de agua, siempre y cuando haya. Lo que hizo la Corte es "ordenar las prioridades" en caso de que se confirme que había disponibilidad para otorgar permisos. Pero según los estudios, no hay agua para repartir. 

"A partir del año 2012, la tendencia en la evolución de los niveles es descendente y preocupante, ya que en los últimos tres años han aumentado los pozos que registran mínimos históricos. No puede garantizarse que el caudal factible de ser extraído no comprometa con perjuicio de terceros, la calidad, capacidad o disponibilidad de la fuente del acuífero, como también no puede garantizarse que no disminuirá ni agotará el caudal medio para satisfacer las explotaciones anteriores o prioritarias", argumenta la resolución. En el mismo sentido, citan al Instituto Nacional del Agua (INA), organismo que "la tendencia descendente en los niveles estáticos del acuífero junto con el aumento de los volúmenes de bombeo y los pronósticos climáticos adversos, justifican la necesidad de mantener y reforzar las medidas de gestión actuales". Algo similar opinó el IHLLA.

La restricción tiene algunas excepciones: los pozos para abastecimiento poblacional, los permisos pedidos por inspecciones de cauce y el reemplazo de pozos. Ahora se espera que la Suprema Corte resuelva sobre los pozos otorgados por Frigerio y que están sospechados.