Cuenta regresiva en la negociación entre Alfredo Cornejo y Ulpiano Suarez por un millonario fondo

Las negociaciones entre el Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de Capital por la actualización del Fondo Compensador que recibe la comuna han entrado en una etapa decisiva que amenaza con terminar en la Justicia. Luego del decreto del gobernador Alfredo Cornejo declarando la “incompetencia” del Ejecutivo para resolver el planteo municipal, el intendente Ulpiano Suarez ha interpuesto una acción ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza para que se haga lugar a su reclamo, aunque ha dejado abierta una instancia de diálogo para alcanzar un acuerdo con la Provincia antes de darle continuidad a la vía judicial.

El jefe comunal radical viene solicitando desde el año pasado al Gobierno provincial que actualice el monto establecido por la ley N° 6.393 para compensar a los departamentos de Capital y de La Paz, perjudicados por el régimen de coparticipación que entró en vigencia en 1996. Desde el municipio resaltan que originalmente el Fondo Compensador era equivalente a 4 millones de dólares y que con el paso del tiempo y a raíz de la escalada inflacionaria de las últimas décadas, esa suma fija hoy representa alrededor de 10.000 dólares.

Suarez solicitó la intervención del gobernador para adecuar este fondo y que se aplique el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), para ajustar por inflación el monto que la Provincia debe transferir todos los años al municipio.

Sin embargo, Cornejo desestimó el planteo administrativo. Declaró que el Poder Ejecutivo es incompetente para resolver el reclamo presentado por el intendente de Capital y remitió a la Legislatura provincial la presentación, indicando que la solicitud sea analizada por una Comisión Especial Bicameral, cuya creación está contemplada en la Ley de Coparticipación pero que nunca fue conformada.

Esto quedó plasmado en el Decreto N° 1045, firmado el pasado 29 de mayo por el mandatario provincial y notificado el 3 de junio al municipio, pero que apareció publicado recién este viernes en el Boletín Oficial.

Ante este revés, Suarez decidió llevar el reclamo a la vía judicial e interpuso una acción procesal administrativa contra el decreto ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Esta causa quedó en manos de los jueces Pedro Llorente, Omar Palermo y José Valerio.

Desde el municipio entienden que la norma firmada por el gobernador es “nula” y se encuentra viciada porque “transgrede derechos constitucionalmente protegidos” y que el Gobierno provincial no ha “valorado razonablemente las circunstancias de hecho y derecho aplicable para disponer las medidas proporcionalmente adecuadas”.

Por otra parte, la comuna sostiene que su reclamo fue enviado “a ningún lugar”, ya que la Comisión Bicameral a la que fue remitida la presentación no ha sido conformada desde la sanción de la Ley de Coparticipación en 1996. A su vez, resaltan que ya ha habido antecedentes de actualización del Fondo Compensador sin la intervención de esta comisión.

El aporte del Gobierno provincial al fondo era de $ 4.100.000 anuales originalmente. Durante la gobernación de Celso Jaque y la intendencia de Víctor Fayad, el monto del Fondo se modificó en 2008 pasando a $9 millones anuales, y en 2010 donde quedó establecido en $13 millones por año, monto que se mantiene hasta la actualidad. Esos cambios se realizaron a través de las leyes de presupuesto, impulsadas por el Ejecutivo Provincial, sin ninguna intervención de la Comisión Bicameral.

Asimismo, otro antecedente significativo que pone sobre la mesa el municipio tiene que ver con la reciente modificación del Coeficiente de Equilibrio de Desarrollo Municipal, también creado por la Ley Nº 6.396 de coparticipación. Esa reforma impulsada por el Ejecutivo tuvo como finalidad compensar o reparar inequidades generadas a partir de los datos del Censo 2022 que se tiene en cuenta para la distribución secundaria de los fondos coparticipables. En este caso, tampoco tuvo ninguna participación la comisión especial nombrada anteriormente.

De todas maneras, Suarez ha dejado abierta una ventana de negociación antes de ir a fondo con la demanda judicial. El intendente ha fijado un plazo de 60 días para que el Gobierno provincial convoque al equipo municipal para sentarse en una mesa de diálogo y buscar una solución.

La expectativa del jefe comunal es que el Ejecutivo impulse un proyecto de ley para actualizar el Fondo Compensador en paralelo a la discusión del Presupuesto provincial 2025 y están abiertos a la posibilidad de que se concrete desde enero del año que viene.

No obstante, todavía no ha habido una comunicación desde el Ejecutivo provincial y si no hay un acuerdo, el municipio tiene la decisión de que la demanda judicial en la Corte continúe su rumbo.

Otro elemento que entra en juego en esta negociación es que luego de la firma del decreto, la Legislatura provincial se pronunció a favor del reclamo de Capital. Tanto el Senado como la Cámara de Diputados sancionaron durante el mes de julio dos resoluciones solicitando al Ejecutivo que, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, implemente la adecuación del Fondo Compensador, estime el valor de actualización del mismo durante el ejercicio 2024 y se ejecute en el presupuesto 2025.

Ambas iniciativas fueron aprobadas por unanimidad en las dos cámaras, lo cual remarcan desde la municipalidad que es un mensaje claro para que el Ejecutivo impulse una propuesta que obtendrá el aval legislativo necesario.