Nueva fórmula jubilatoria: los tres senadores mendocinos votaron a favor de la Ley que Javier Milei quiere vetar
Este jueves, el Senado aprobó por dos tercios el proyecto que, entre sus aspectos generales, recompone en un 8,1% las jubilaciones correspondientes al mes de abril para alcanzar la variación porcentual mensual del IPC de enero 2024. También pliega su actualización mensual al Índice de Precios al Consumir (IPC) por encima del valor de la canasta básica de alimentos. La iniciativa ya había tenido la media sanción de la Cámara de Diputados y el presidente Javier Milei había advertido que, de sancionarse, la vetaría.
Fue por 61 votos afirmativos, ocho negativos y cero abstenciones en general. En particular, la oposición logró blindar algunos artículos sensibles para el Gobierno nacional con dos tercios como, por ejemplo, el pago de las deudas que mantiene la Nación con las cajas previsionales provinciales. Los tres representantes mendocinos votaron a favor. Se trata de la peronista Anabel Fernández Sagasti y de los radicales Rodolfo Suarez y Mariana Juri. Estos dos últimos, en esta ocasión, dejaron de lado las coincidencias que en otro momento los llevaron a votar junto a La Libertad Avanza.
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Sucede que, tanto la UCR como el PRO, Unión por la Patria y otros bloques provinciales votaron a favor. "El proyecto de recomposición de las jubilaciones es un acto de justicia que es necesario apoyar. Por eso lo acompañé con mi voto en el Senado", argumentó Rodolfo Suarez en sus redes sociales.
En tanto que Anabel Fernández Sagasti sostuvo en su cuenta de X: "Equilibrio fiscal sí, pero no con el hambre de nuestros jubilados. El Senado, por amplia mayoría, votó una nueva fórmula que beneficia a quienes trabajaron toda la vida por nuestra Patria. Insto al Poder Ejecutivo a respetar la voluntad del pueblo y de los representantes de las provincias".
Por su parte, Mariana Juri expresó: "Aprobamos la reforma previsional. Queremos darle algo de alivio a los jubilados. La ley prevé la actualización será mensual y no trimestral, el haber mínimo no podrá estar por debajo de la canasta básica total y 6 meses para cancelar deudas previsionales por juicios".
Además del aumento de 8,1% y el cambio en la fórmula de actualización, la iniciativa contempla que, en marzo de cada año, se aplicará un aumento del 50% de la variación de la de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del IPC del año anterior.
A su vez, dispone que la ANSES "garantizará, para el caso de las personas que perciban un solo beneficio, el pago de una prestación con un suplemento dinerario de carácter alimentario, de forma tal que los ingresos totales no sean menores al último valor de la canasta básica total por adulto multiplicado por 1,09".
También instruye a ese organismo a que cancele la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales "no fueron transferidos al Estado nacional, como así también con los beneficiarios que cuenten con sentencia firme, dentro de los 6 meses de la promulgación de esta ley".
Su aplicación significará un gasto del 0,43%, según especificó un estudio realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Ante este panorama, Javier Milei aseguró que utilizaría, por primera vez, su facultad de veto, al calificar como "degenerados fiscales" a los diputados cuando le dieron luz verde al proyecto en un principio.
Semanas atrás, la Casa Rosada había enviado al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y al titular de la ANSES, Mariano de los Heros, para defender el "déficit cero" que promueven Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Los funcionarios postularon que aceptaban el 8,1, pero no harían lugar al resto de los puntos; no obstante, la propuesta del 8,1 también fue condicionada por los emisarios del Poder Ejecutivo al sostener que no sería de forma retroactiva a enero, mes en el que las jubilaciones subieron 12,5 frente al 20,6 que fue la inflación, sino al mes siguiente de la promulgación de la ley.