Justicia electoral

Candidatos falsos y muertos en PBA: los procesados recibieron miles de millones

Una investigación por "maniobras fraudulentas desplegadas por un conjunto de apoderados y autoridades partidarias" destapó listas con candidatos inexistentes, muertos o que no sabían de su rol.

Milagros Moreni
Milagros Moreni jueves, 22 de agosto de 2024 · 10:20 hs
Candidatos falsos y muertos en PBA: los procesados recibieron miles de millones
Cuatro procesados por 170 candidaturas truchas: había hasta muertos en las listas Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

El juez electoral de la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, procesó a los apoderados de cuatro partidos políticos que se presentaron en las PASO 2023 con listas en las que incluían candidatos muertos o que no estaban al tanto de que competían por un cargo. La maniobra fue realizada con el objetivo de cobrar el dinero que el Estado otorga por ley a las fuerzas políticas que participan de las elecciones. Las cifras que recibieron estas personas supera los miles de millones, según la Dirección Nacional Electoral (DINE).

Los procesados son Ernesto Raúl Habra, Sergio Jesús Medrano, Yamil Eloy Salerno y Matías Mauricio Burgos, apoderados de los partidos Encuentro Republicano Federal, Justicia y Dignidad Patriótica, Proyecto Joven y Esperanza del Pueblo, respectivamente. A los cuatro se les prohibió la salida del país y se les embargó sus bienes. El primero, fue procesado por “defraudación a la administración pública en concurso ideal con falsedad ideológica” en cuatro oportunidades mientras que a los otros tres se los procesó bajo las mismas figuras penales, aunque sólo con relación a sus propios partidos.

En el marco de la investigación, la Dirección Nacional Electoral aportó un informe a partir del que se pudo constatar que "a Proyecto Joven se le asignó un total de $352.050.020,32 en concepto de aportes de campaña e impresión de boletas para las categorías Diputados Nacionales, Parlamentarios del Mercosur distrito Regional, y Senadores Nacionales. Además, se dispuso un nuevo aporte para imprimir boletas para los partidos que presentaran listas internas, y por cada categoría se otorgó $76.566.885,12", según fuentes judiciales.

"A Justicia y Dignidad Patriótica se le asignaron $124.224.124,30, también por aportes de campaña e impresión de boletas, por las categorías Diputados Nacionales, Parlamentarios del Mercosur distrito regional, y Senadores Nacionales", agregaron.

El juez electoral Alejo Ramos Padilla fue quien dictó los procesamientos.

"En el caso de la agrupación Esperanza del Pueblo, aunque el partido no cobró el dinero tras rechazar la justicia electoral las listas de precandidatos presentadas, la DINE asignó a la categoría Diputados Nacionales $38.283.442,56 en boletas y como aportes de campaña la suma de $4.545.683,42. Para la categoría Parlamentarios del Mercosur distrito Regional había asignado la suma de $38.283.442,56 para la impresión de boletas y como aportes de campaña la suma de $427.644,19. Por último, para la categoría Senadores Nacionales se asignaron 38.283.442,56 para imprimir boletas y $4.400.469,01 para aportes de campaña", detallaron.

Como en el caso anterior, la agrupación Encuentro Republicano Federal no logró cobrar el dinero asignado por haber sido rechazadas las listas con las precandidaturas presentadas, pero la DINE había designado para la categoría Diputados Nacionales un total de $38.283.442,56 para la impresión de boletas y como aportes de campaña la suma de $5.688.175,35. Para la categoría Parlamentarios del Mercosur distrito Regional fue asignada la suma de $38.283.442,56 para la impresión de boletas y como aportes de campaña la suma de $342.115,35. Por último, para la categoría Senadores Nacionales había asignado la suma de $38.283.442,56 para la impresión de boletas y la suma de $3.520.375,20 en concepto de aportes de campaña.

La investigación

Comenzó en julio de 2023 cuando, en los días previos a la oficialización de las precandidaturas, el juzgado federal de La Plata ordenó a los partidos la confección de informes preliminares sobre las listas y un entrecruzamiento de todos los precandidatos. Allí detectó que los cuatro partidos mencionados incluían entre sus precandidatos personas muertas, en algunos casos, hacía más de diez años. Se abrieron cuatro causas penales -que se acumularon en un único expediente, el 7215/2023- para investigar si estaban cometiendo otro tipo de irregularidades, se convocó a la AFIP para que haga un seguimiento de los gastos de cada uno de los partidos, y se elevó un informe a la Cámara Nacional Electoral que daba cuenta de la proliferación de partidos sin vocación política y planteaba la necesidad de reanalizar los estándares de asignación de recursos económicos fijados por la C.S.J.N. en el año 2017 en el caso “Biondini”.

Sergio Jesús Medrano, uno de los cuatro procesados. 

En la causa penal que se formó para investigar estos hechos, el Juez Ramos Padilla convocó a prestar declaración a todos los precandidatos de las cuatro agrupaciones investigadas. Los resultados fueron concluyentes. Después de que 216 candidatos prestaran declaración ante el juez, se pudo determinar que 170 de ellos jamás habían prestado conformidad para integrar las listas de candidatos, y la mayoría desconocía la existencia de los partidos en los que figuraban como precandidatos a Diputados Nacionales, Senadores Nacionales o Parlamentarios del Mercosur.

A partir de esas irregularidades, Ramos Padilla citó a prestar declaración indagatoria a los apoderados y a los miembros de las juntas electorales partidarias, y ahora se conoce el procesamiento y el embargo de los responsables de dichas maniobras. Los integrantes de las juntas electorales de esos partidos también negaron haber aprobado las listas investigadas y, al igual que los candidatos, algunos señalaron desconocer que formaban parte de ese partido y que cumplían funciones en los órganos partidarios. También, desde el juzgado electoral de La Plata, se ordenaron allanamientos y se encontró documentación electoral relacionada con decenas de partidos políticos en los domicilios de Habra. 

El caso y su impacto en el debate por la Boleta única de papel

El oficialismo en el Senado retomó este martes el debate sobre el proyecto de boleta única de papel para las elecciones nacionales, una iniciativa que quedó estancada durante las sesiones extraordinarias del verano. La propuesta, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en mayo de 2022, enfrenta un escenario de virtual empate en la Cámara Alta, lo que obliga a La Libertad Avanza a buscar un acuerdo clave con la rionegrina Mónica Silva, quien impulsó un dictamen alternativo que también cuenta con el respaldo de Unión por la Patria.

La intención detrás de esto es cambiar el modelo actual de boleta partidaria de papel hacia una boleta cuyo diseño, impresión y distribución dependa del Estado para evitar este tipo de irregularidades y reducir gastos.

Durante el debate de comisión en el Senado el vicejefe de Gabinete del Interior, Leandro Catalán, dijo que este cambio representaría "una simplificación del sistema electoral y sobre todo una simplificación en la participación de aquellos partidos que tienen menos estructura".

"Nosotros entendemos que la boleta única es un requerimiento de la mayoría de la ciudadanía, creemos que va a traer aparejado una simplificación del sistema electoral, del sistema de representación, más allá de que también trae un ahorro en el costo financiero del Estado", señaló.

"No es lo mismo imprimir las boletas tradicionales de los partidos políticos que la boleta única que tiene ciertas características y, por ejemplo, no todas las imprentas del país tienen la capacidad operativa para hacerlo. No es lo mismo que la Cámara Electoral apruebe los PDF de las boletas tradicionales que llevar adelante la impresión de las boletas únicas y la logística de distribución de esas boletas a todos los rincones del país", justificó.

 

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