Escándalo en Irrigación: un fiscal ya investiga y el caso suma otra denuncia

De a poco, muy de a poco, la Justicia ya investiga el accionar de Alejandro Currenti, el inspector de cauce suspendido por el Departamento General de Irrigación (DGI) tras un procedimiento interno muy polémico que se originó al detectarse irregularidades en el manejo de fondos y faltantes en la rendición de cuentas de su repartición. El escándalo, además, toca directo a la anterior gestión de la Municipalidad de Guaymallén y lo salpica al actual intendente, Marcos Calvente, quien se desempeñó como secretario de Obras durante los años de Marcelino Iglesias, el hombre que, en definitiva, es uno de los ejes por los cuáles pasa esta sospecha de que se habrían cometido actos de corrupción entre los años 2021 y 2023 en la construcción de canales de riego. 

Lo que se supo el viernes fue que el fiscal de Delitos Económicos, Juan Ticheli, es quien ya interviene en la investigación luego de que Irrigación derivara a la UFI el expediente Currenti para que determine si, en su accionar cuestionado, se cometió o no algún tipo de delito. Ticheli por ahora lo que hizo fue pedir más información al organismo que le pasó el tema porque está cargado de dudas. Y algo de razón tiene: en principio, todo lo que le pidieron que investigue es un faltante de $1.368.232,74 producto de falencias en la rendición de cuentas de la inspección de Corralitos durante el año 2021. Y no avanzara, por el momento, sobre el fondo de esta historia.

Como viene contando MDZ, la inspección de Corralitos recibió fondos por parte de Irrigación por más de $56 millones para la construcción de canales de riego y, según confirmaron las propias autoridades del Departamento, al menos dos obras nunca se hicieron y existe otra que quedó al 75%. Asimismo, ante sus regantes, Currenti reconoció que durante los ejercicios 2022 y 2023 su Inspección registró un rojo de más de $30 millones.

Ya se sabe: el superintendente del DGI, Sergio Marinelli, intentó tapar el escándalo al menos en dos oportunidades, desde el momento en que las irregularidades comenzaron a notarse allá por el mes de septiembre pasado. Primero trató de hacer pasar el balance de la Inspección de Currenti, pero cuando el Tribunal de Cuentas observó esa situación le devolvió el expediente. Luego buscó forzar una votación para cerrar el caso dentro del Honorable Tribunal Administrativo (bajo el argumento de que Currenti no había podido terminar las obras porque había tenido un problema de aumento de costos por la inflación) pero dos consejeros se negaron de manera firme a pasar por alto el faltante y eso obligó a que, al menos, Marinelli decidiera suspender al inspector cuestionado por sesenta días y que su caso lo termine mirando la Justicia.

Ticheli tiene pocos elementos a la mano por el momento. Podrá determinar si existió o no delito en ese millón de pesos que Currenti no pudo rendir en el 2021. Pero poco y nada podrá avanzar sobre los otros dos años más sospechosos porque, directamente, las auditorías todavía no están hechas. Un detalle: en julio de 2021, Irrigación firmó un acuerdo para quitarle al Tribunal de Cuentas la tarea de llevar a cabo las auditorías de las inspecciones de cauce de Mendoza, para que estas sean de resorte exclusivo del propio Departamento. En el fondo tampoco son auditorías, lo que hace Irrigación es evaluar rendiciones de cuentas.

Por eso es que el fiscal deberá esperar  a que se terminen los balances de cuentas (que ya habrían comenzado a realizarse) para saber por qué hay obras que no fueron entregadas por la Inspección durante 2022 y 2023 y si hubo delito en consecuencia en esa falta embargo.

Mientras tanto la clave es saber si, más allá de esta espera, Ticheli está o no dispuesto a comenzar a hacer preguntas sobre el caso. No es un misterio que, desde hace años, el ritmo investigativo de la corrupción del Ministerio Público Fiscal se mueve al compás de los intereses del gobierno. Rápido, para observar el robo ajeno. Y mirando para otro lado en la mayoría de las denuncias para llegar a saber qué pasó con el propio.

Pero la Fiscalía puede llegar a encontrar, en ese sentido, una ayuda que no pidió. Finalmente se presentará esta semana la denuncia penal que presentará el concejal de Unión por la Patria en Guaymallén, José Pozzoli, para que se investigue el accionar del municipio en este caso. La demanda será por administración fraudulenta de fondos públicos, presuntamente ocurrida durante los años 2022 y 2023, y apunta a pedir que se investigue a la comuna que intervino para que Currenti pudiera llevar adelante su obra.

El esquema funcionaba así: el DGI otorgaba los fondos a través de préstamos para pagar la mano de obra que la Inspección debía devolver, en los papeles, luego de haberle cobrado su parte a los regantes. La municipalidad, sumaba por su lado los materiales para la construcción de esas mismas obras. A Irrigación, Currenti dejó sin pagarle $1,3 millones en 2021 y se verá cómo justifican las obras que no hizo con la plata que le prestaron en los dos años posteriores. En Guaymallén, la cosa se pone peor para este personaje al que todos califican como “muy desprolijo” y que , además, tenía una relación de amistad con Marcelino.

Marcos Calvente estuvo muy activo la semana pasada en los medios, intentando desligar responsabilidades y buscó, en primera instancia, despegarse de la firma de los convenios entre la municipalidad y la Inspección cuestionada. Pero ese intento llevó implícita una verdad a medias: es cierto, como sostiene el actual intendente, que todos los acuerdos que se llevaron a cabo entre 2021, 2022 y 2023 fueron suscriptos personalmente entre Marcelino y Currenti. Pero Calvente, como secretario, dejó estampada su firma digital en los decretos que terminaban ratificando esos convenios para que terminaran obteniendo el OK definitivo desde lo administrativo y se pudieran poner en marcha. Y aquí una consideración.

Es llamativa la velocidad con que Guaymallén terminaba viabilizando este tipo de trámites, en una comuna en donde desde hace muchos años cualquier expediente de obras privadas se demora meses. Currenti, por lo general, presentaba sus notas al municipio solicitando la provisión de materiales hacia finales de diciembre de cada año y, hacia mediados de enero, ya tenía todo aprobado.

Si bien la decisión política de hacer los acuerdos que ahora están bajo la lupa siempre corrió por cuenta de Marcelino Iglesias, Calvente era responsable en un aspecto vital de la cadena. Su área era la encargada de la compra, del reparto y de la auditoría de los materiales que le terminaban entregando a Currenti como parte de los convenios. Y ahí le dieron de todo al amigo del exintendente. Y mucho. Y con escasos controles, más allá de lo que ahora esgrime el actual jefe comunal en su defensa.

Se estima que por los corralones de la municipalidad se despachó hormigón al ritmo de ochocientos metros cúbicos por mes, casi un millar de bolsas de cemento, hierros, fenólicos y hasta glifosato. El intendente dio sus argumentos sobre este punto. Dijo que “la característica es que Guaymallén aportaba esos materiales 'in situ', es decir, llevaba el material al lugar donde estaba la construcción del canal o de lo que se esté haciendo. No daba los materiales a un intermediario, se colocaban en el terreno donde estaba la construcción”, tal como expresó a MDZ Radio. Con el hormigón, es probable que eso haya ocurrido. Pero con el resto de los materiales subsidiados las dudas son enormes, porque la gran mayoría las retiraba o bien el propio Currenti o bien otros empleados de la inspección en sus propias camionetas y camiones.

Uno de los elementos centrales que aportaba el municipio para la Inspección de Coralitos era el combustible. Como un calco, cada uno de los tres acuerdos firmados en esos años estableció que la comuna se comprometía a otorgar 1.500 litros semanales de gasoil infinia para la operatividad de las máquinas de Corralitos. El cálculo sale fácil: Guaymallén pagó por algo más de 72.000 litros de combustible por año, lo que hace un total de 216.000 litros en el lapso de tiempo que duraron los acuerdos. La Inspección de esa zona trabajó siempre con una excavadora y con una retroexcavadora que, según datos aportados por operadores de la zona, a los sumo podrían haber consumido 800 litros por semana trabajando todos los días hábiles más las horas extras. Calvente confirma esto último. Pero hace una salvedad. Sostiene que, además, esas mismas máquinas estaban dedicadas a la limpieza de canales.

Así y todo el consumo no cierra y aquí es donde está la otra pata del escándalo. Como se observa en los documentos que se exponen a continuación, una de las personas que mas combustible retiraba era Eduardo Salpietro, empleado de la Inspección y otro era Raúl Ibarzábal, el metalúrgico de la delegación. En definitiva, Currenti retiraba el combustible a través de personas de su confianza, en chulengos propios y la sospecha es que, al menos, podría haber comercializado por su cuenta la mitad de lo que el municipio le entregó durante el lapso de esos tres años.

Calvente vuelve a despegarse. “Al final del año se hacían auditorías para dejar en papeles que los metros de canales pactados en las calles o en las locaciones se habían ejecutado y los años 2021, 2022 y 2023. La correcta ejecución de esos convenios se ha emprendido como se rinden todos los fines de años, las gestiones municipales frente al Tribunal de Cuentas", dijo.

Sin embargo, cuando se observa la manera en que las auditorías municipales se llevaban a cabo, más preguntas podrían originarse para el fiscal. Lo que se hacía era concurrir al lugar, sacar fotografías de las obras, medir  la longitud de los canales construídos, pero no se termina por determinar con exactitud la cantidad de kilómetros que efectivamente se deberían haber hecho por contrato. En ese sentido la única conclusión a la que llega la auditoría realizada, por caso en julio de 2022, fue que “se sugiere la realización de dichas auditorías con mayor periodicidad a fin de poder llevar con mayor detalle los insumos proveídos por la comuna”.

El municipio defiende la decisión política de haber impulsado el tendido de unos 32 kilómetros de canales de riego en la zona y es una decisión que se puede llegar a discutir o no.  Ahora bien; si Guaymallén pagó para que se hicieran 32 kilómetros, estos deben estar. Y el problema es que, como admite Irrigación, hay dos obras que Currenti no hizo y otra la dejó a medio terminar. Y por ahora, más allá del argumento de que el problema fue la inflación, nadie puede explicar nada.