Podrían sancionar hoy al inspector de Irrigación sospechado por corrupción

Finalmente hoy, el Departamento General de Irrigación resolverá el caso del inspector de cauce sospechado de corrupción. En ese sentido, en una reunión pautada para las nueve de la mañana, el Honorable Tribunal Administrativo (HTA) del organismo del agua decidirá si sanciona o no a Alejandro Currenti, el titular de la Inspección Canal Vertiente Corralitos, quien está siendo investigado internamente desde hace meses por el faltante de no menos de $30 millones de pesos, entre otras irregularidades.

El Tribunal está compuesto por los cinco consejeros de los ríos, más el superintendente del DGI, Sergio Marinelli, quienes serán en definitiva los encargados de evaluar si existieron o no desmanejos en la inspección en un proceso que viene precedido de un par de escándalos y sumido en un juego de presiones políticas que involucraron hasta delegados del gobierno provincial que intentaron intervenir para que el caso no termine por explotar.

Los que votarán hoy en consecuencia serán Gustavo Villegas, consejero del rio Atuel y además presidente del HTA, Alejandro Gennari (río Mendoza), Eloy Guerrero (río Tunuyán inferior), Omar Sorroche (Tunuyán Superior) y Gustavo Ruiz (río Diamante), quienes junto a Marinelli podrían ir por un camino que ya estaría definido: Currenti muy probablemente será suspendido hoy en sus funciones y se verá, si tras esa decisión, su expediente pasa o no a la Justicia penal para la investigación de posibles delitos.

Llegar a este punto al que se llegaría en esta jornada, fue complejo y la posible suspensión también está por verse. En septiembre del año pasado la Dirección de Fiscalización de Irrigación abrió un expediente por faltantes en los balances de la inspección, que luego derivó en una auditoría que habría confirmado un rojo de $22 millones en 2022 y de $12 millones en 2023. Luego de varias idas y vueltas por lo espinoso del caso, la semana pasada el HTA intentó votar el expediente de Currenti pero no logró ponerse de acuerdo. Dos consejeros, Gennari y Guerrero, se negaron a exculpar a Currenti y llamó la atención la postura del superintendente quien, en principio, dio toda la sensación de buscar salvarlo. Se había convocado de manera informal  a otra reunión para el martes 18 que no se hizo, pero finalmente se decidió cortar con el tema hoy.

Marinelli explicó su postura a MDZ y sostuvo que “es mentira que yo defienda al inspector ante otras posturas” y agregó que lo que él plantea es “objetividad ante la obra que se hizo y que es enorme y única”. En ese sentido, detalló que se realizaron más de 32 kilómetros de canales construidos entre 2019 y 2023, que Irrigación financió parte de estos proyectos por más de $56 millones y que, en un momento, se estaban llevando adelante diez obras de forma simultánea con varios frentes. “Y,además, con una inflación galopante”, defendió el superintendente.

Como reveló la auditoría interna, la investigación surge por dos obras que no se hicieron y por otra que quedó al 75%. Y quienes defienden las explicaciones de Currenti sostienen que no debería ser sancionado porque la altísima inflación lo obligó a desviar fondos hacia otros proyectos y que el problema, en definitiva, fue que el inspector no avisó lo que hacía. Sin embargo, todo apunta a que habrá una sanción. En principio, los consejeros dispuestos a no votar una sanción de menor intensidad como se intentó inicialmente en el seno del HTA, habían optado por pedir la destitución del inspector. Pero en esta jornada el camino sería otro: apostar por la suspensión y que la Justicia lo investigue, porque echarlo implicaría que el caso quedaría cerrado.

Lo que se está ventilando, como ya contó MDZ, generó un expediente interno iniciado en septiembre del año pasado por la Dirección de Fiscalización de Irrigación (Repartición 24- Letra 2- Número de orden 802812) por la posible irregularidad cometida en el manejo de al menos tres obras financiadas por el Departamento. “Hay que recalcar que, durante la construcción de estas obras vivimos una etapa de altísima inflación. No obstante las obras del Plan no concluidas o no realizadas, implican irregularidades que es lo que se debe evaluar a los efectos de sancionar. Y mañana (por hoy) se decide cuál es esa sanción”, anticipó Marinelli a última hora del martes.

Por ahora, este es el tema que se analizará: el faltante de las obras. Pero el HTA podría evaluar también otros episodios irregulares que también rodean a la gestión de Currenti sobre quien, asimismo, ayer algunas versiones lo daban por desaparecido y que incluso había aprovechado la difusión pública de su caso para destruir documentos. Las irregularidades no se terminan solo en la manera en que se manejaron recursos por parte de esta Inspección. Según se supo, Currenti habría incurrido también en otra maniobra: Irrigación le otorgó fondos para que construyera la sede en Corralitos, pero la terminó edificando en un terreno de su propiedad y, aprovechó el dominio, para hacer un comodato con la DGI que le permitiría utilizar las instalaciones que le pagó el Estado (galpones, infraestructura , etc) en beneficio propio.

Su mujer, Romina Cagol, habría firmado asimismo en enero de este año un contrato de locación de servicios con la Inspección Canal Vertiente Corralitos para la realización de tareas administrativas por un total de $5.040.000 a pagar en doce cuotas de $420.000 cada una. Pero lo más interesante de este vínculo no queda aquí. Cagol, asimismo, habría firmado un convenio para aportar a la Inspección un tractor Massey Ferguson de su propiedad y además con una cláusula especial: Irrigación le garantizó que, caso de que las cubiertas de las máquinas se gastaran en un 20%, estas debían ser reemplazadas automáticamente por el organismo público.

El caso ya generó un pedido de informe de la Legislatura por parte del senador de Unión por la Patria, Félix González, quien solicitó la remisión del expediente en cuestión. Y además deja abierta otra puerta. La responsabilidad de la municipalidad de Guaymallén, quien suscribió las obras de la discordia durante la gestión de Marcelino Iglesias en el departamento. El exintendente, asimismo, fue hasta aquí uno de los defensores de la gestión de Currenti con quien no solo mantiene un vínculo personal. Sino que además se encargó de defenderlo personalmente en una escandalosa asamblea de regantes que se realizó hacia finales de mayo y que casi terminó a las piñas cuando todos se dieron cuenta allí que, al inspector, los números no le cerraban.