Patronato de liberados: la figura "norteamericana" clave del nuevo paquete de seguridad
El pasado jueves el gobernador Alfredo Cornejo envió a la Legislatura un paquete de reformas en materia de seguridad. La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, presentó los 11 proyectos de ley que apuntan a agilizar, modernizar y consolidar la estrategia de seguridad de la provincia.
Los detalles de la iniciativa se divide en cuatro ejes: prevención (seguridad privada humana y tecnológica, sistema provincial de videovigilancia y captación de datos e imágenes, control y registro sobre la comercialización de bienes usados, modificación al Código de Faltas y modificaciones a la Ley de Tránsito); investigación (se establece la audiencia oral para pedir allanamientos y la presencia del juez en casos graves y complejos, ampliación el Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas y ampliación de la inserción en la orden del día); Juzgamiento (ampliación del Juicio por Jurados); y control del liberado (seguimiento, Control y Promoción del Liberado).
Este último ítem busca mejorar el control, monitoreo y seguimiento de liberados a través de la nueva figura del Oficial de Libertad Vigilada y mediante tecnología, para evitar que las personas reincidan en comportamientos delictivos y facilitándoles su reintegración a la sociedad. La propuesta es uno de los puntos clave del paquete y desde el Gobierno provincial esperan que la Legislatura los acompañe para lograr la sanción definitiva. Para mayor precisión, MDZ Radio 105.5 FM habló con el abogado Pablo Teixidor para que explique los puntos más importantes de la iniciativa.
El letrado señaló que "la Dirección de Promoción de Liberados, más conocido como el Patronato de los Liberados, hoy tiene un rol pasivo y eso genera muchas veces que dependa de la propia persona que tiene conflicto con la ley penal, regularse a sí mismo las conductas que le han sido impuestas al momento de otorgarle esa libertad. Ya sea durante el proceso, posterior de una condena e incluso cumpliendo una condena de libertad condicional o cuando adquieren beneficios luego de haber transitado por un proceso de detención dentro de los muros de algún penal".
"Entonces, ante estas circunstancias, es que el rol hoy es pasivo. Este proyecto de ley propone un rol activo para que la Dirección sea quien controle realmente si estas personas que tienen estos beneficios o que adquieren estos beneficios, cumplan realmente con los mandatos de los jueces", agregó.
Además, aseguró que el objetivo de la medida "es poder brindar el derecho de reinserción social a aquel que tiene un conflicto con la ley penal, pero a la vez que esto sea bajo el control exhaustivo de las autoridades para evitar la reincidencia delictiva y para poner a resguardo a la sociedad".
Y destacó la implementación de una figura clave: "Me gustó la idea de incluir un Oficial de Libertad Vigilada. Esta figura podemos haberla visto en alguna película norteamericana, cuando una persona que sale de un penal tiene que comunicarse permanentemente y está bajo la tutela de un oficial público que controla que cumpla con las normas que le han sido impuestas. Este personaje ingresaría a través de este proyecto, si es que se transforma en ley, a ser parte también de nuestra legislación provincial para controlar a estas personas con conflicto con la ley penal y que recuperan su libertad".
"Me parece interesante un rol activo por parte del Estado en aquellas personas que tienen beneficio de no estar detenidas de manera permanente, y puedan estar siendo también controladas por un órgano técnico. Conforme dice el proyecto, hoy existen aproximadamente 3000 personas que se encuentran en condiciones de libertad, condenas de ejecución condicional, de arresto domiciliario, que obviamente es un número muy importante y que hay que tener un control sobre esto", detalló el abogado.
Por otra parte, Pablo Teixidor advirtió que "el proyecto también prevé que cuando el juez no asigne medidas a realizar post cárcel, lo pueda hacer el organismo técnico dándole medidas, por ejemplo, de trabajo comunitario para de alguna manera devolverle a la sociedad algo del daño que se genera cada vez que se comete un delito. Creo que son cosas que hay que atenderlas por la experiencia de lo que hemos vivido en los últimos años, por la complejidad social que hay en materia delictiva y que tratemos de reinsertar socialmente a aquel que ha cometido un hecho ilícito ya que es algo saludable, pero siempre que las garantías del resto de la comunidad estén a salvo".