Corrupción: obligan a pagar más de $80 millones a Janina Ortiz, Daniel Orozco y otros exfuncionarios de Las Heras
El Tribunal de Cuentas aplicó duras sanciones y obligará a que el exintendente de Las Heras, Daniel Orozco, y la diputada Janina Ortiz, exfuncionaria del departamento y Osvaldo Oyhenart devuelvan más de 60 millones de pesos que, según el Tribunal, se pagaron de manera irregular; sin justificación. Se trata de una sanción administrativa que tiene la misma raíz que las denuncias judiciales por supuestos fraudes en la Municipalidad cometidos a través de cooperativas. La sospecha es que se usaban las cooperativas de trabajo, particularmente la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra, para simular la prestación de servicios y que el Municipio pague. Entre multas y cargos, los exfuncionarios de Las Heras deberán pagar más de 80 millones de pesos.
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En el Fallo 18.025 el Tribunal de Cuentas se analizó la rendición de cuentas de la Municipalidad de Las Heras del año 2022. En ese momento Orozco aún era parte de Cambia Mendoza, partido con el que rompió en 2023, antes de las elecciones. El tribunal consideró como erogaciones sin justificar los pagos a esa cooperativa y formula cargos "solidarios" contra Janina Ortiz, exsecretaria de Gobierno, y Osvaldo Oyhenart, que era subsecretario de Políticas Sociales, por $59.231.278. En otro artículo de la resolución suma más cargos: $1.932.142 contra los mismos protagonistas.
El exintendente Daniel Orozco también fue sancionado económicamente, pero a través de una multa de $13.470.000, de las más altas sanciones de ese tipo que se recuerden en el Tribunal de Cuentas. Los sancionados tienen la posibilidad de recurrir el fallo ante la Suprema Corte de Mendoza, organismo que hace de instancia de apelación administrativa y donde varios exfuncionarios han sido salvados de pagar. Janina Ortiz y Oyhenart son los más afectados. Tendrá que devolver más de 60 millones de pesos por los cargos y fueron multados por $1.600.000 en el caso de Ortiz y $1.500.000 en el caso de Oyhenart.
Entre otras cosas, el Tribunal de Cuentas consideró que se observaron prestaciones de servicios no acreditados "con documentación auténtica, legítima y suficiente" pero sí pagados. Entre las irregularidades hay superposición y duplicación horaria en las planillas, "una gran cantidad de personas que habrían prestado servicios de limpieza (según planillas), que no son asociados". Lo novedoso es que se consultaron las declaraciones realizadas en la justicia donde hay supuestos operarios que no reconocen su firma o haber participado de la cooperativa. Entre ellos hay, incluso, trabajadores municipales. "La auditoría considera que las planillas de detalle de operarios suscriptas por el Sr. Subsecretario de Políticas Sociales y la Sra. Secretaria de Gobierno no reúnen las condiciones de suficiencia, autenticidad y legitimidad necesaria como prueba de rendición documental del gasto", concluyeron los auditores. "Sumado a lo anteriormente expuesto, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), dispuso por Resolución, suspender la operatoria de la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra, debido a que el organismo de control, luego de una exhaustiva investigación, «no encontró indicios de su existencia»", agregaron.
El proceso dentro del Tribunal tiene pasos. Están los auditores, los responsables de cuentas y finalmente los vocales del Tribunal, muchos de ellos dirigentes políticos. Los vocales pueden tomar las recomendaciones y aplicar sanciones, o dar algún perdón. En este caso, sancionaron con un fuerte rigor. "Este Tribunal entiende que todos los movimientos de la Hacienda deben comprobarse mediante documentos y asientos contables...Si los movimientos de la Hacienda no cuentan con esas demostraciones se está en presencia de una partida no comprobada que merece la aplicación de cargo en forma solidaria", indicaron los vocales del Tribunal. Según el cálculo que hacen, las erogaciones sin justificar "ascienden a la suma de pesos $10.260.000,00 (punto 1.1.5), y la suma de pesos $11.258.600,00 (punto 1.2.5), y totalizan un capital de $ 21.518.600,00; más los intereses de ley correspondientes $37.712.678,64, ascendiendo el monto total a la suma de $59.231.278,64".
La cadena de responsabilidad administrativa tiene el foco en Oyhenart y Ortiz, quienes manejaban el área social y de vinculación con las cooperativas. Pero también tocaron a Orozco, quien como intendente lo acusan de no controlar. "Omitieron el cumplimiento de lo solicitado en Pliego de Condiciones Particulares", dicen sobre el Intendente y sus secretarios.
Daniel Orozco y Osvaldo Oyhenart están formalmente imputados por fraude. Janina Ortiz también, pero su acusación está en pausa. La mujer es legisladora y en un hecho sin precedentes la Cámara de Diputados la suspendió.
El fallo del Tribunal de Cuentas está firmado por Néstor Parés, Liliana de Lázaro, Héctor Caputto, Ricardo Pettignano, Francisco Angelini y el secretario relator Gustavo Riera.
El fallo completo del Tribunal de Cuentas