Anabel Fernández Sagasti, imputada por irregularidades de fondos para viviendas

El fiscal Carlos Stornelli imputó hoy a la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, al exfuncionario nacional Jorge Tanús, al dirigente social Juan Grabois y a la militante Ramona Fernanda Miño por irregularidades en los fondos para un plan de viviendas. Se trata del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Las irregularidades habrían ocurrido entre 2020 y 2023.

Las irregularidades habrían ocurrido entre 2020 y 2023 -durante la gestión de Alberto Fernández- cuando Jorge Tanús estuvo al frente del BICE Fideicomisos. La investigación surgió después de la auditoría ordenada por el Gobierno de Javier Milei en la que se encontraron irregularidades en el manejo del FISU. 

“Resulta objeto de investigación la presunta administración fraudulenta, y/o malversación de caudales públicos, y/o abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en relación al Fondo de Integración Social Urbano (FISU), ocurridos en el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2019 y el 10 de diciembre de 2023", indica el dictamen del fiscal Stornelli entregado al juez Sebastián Ramos. 

La denuncia indica que los fondos dependían de la Unidad Administrativa del Estado (BIFISA) que estaban a cargo de Anabel Fernández Sagasti, Jorge Tanús y Fernanda Ramona Miño. Miño tenía un doble rol: integrante de la Secretaría de Integración Socio Urbana y militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Juan Grabois es el líder del MTE y, según la denuncia, tenía injerencia en el manejo o distribución de los fondos del FISU. 

Según la auditoría ordenada por Javier Milei, el FISU era para urbanizar barrios populares y de las 6.517 obras asignadas solo se realizaron 400. Según la denuncia, el FISU manejó USD 1.000.000.00 en el periodo investigado y el dinero se habría utilizado para campañas políticas, viajes y gastos que no se rindieron. Además, el FISU pasó de tener 60 empleados a 600 y los nuevos trabajadores estaban todos afiliados al MTE.

Carlos Stornelli citó al denunciante, Jorge Luis Vitale, como testigo y ordenó una serie de medidas de pruebas. Primero le pidió al Ministerio de Economía de la Nación un informe sobre el organigrama del Ministerio de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda (áreas, autoridades, funciones y misiones) durante la gestión de Alberto Fernández.

También, requirió detalle de los nombramientos de todos los funcionarios designados durante esos años y todo la documentación referida a Jorge Tanús porque el fiscal quiere reconstruir la historia del área Integración Socio Urbana, el manejo de los fondos y el sistema de rendición.