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Energía y recursos naturales: las decisiones clave que deberá tomar Cornejo que influirán en el futuro

El gobernador Alfredo Cornejo tendrá en sus manos decisiones clave sobre el futuro del petróleo, la minería, la energía y el agua. El complejo escenario y las presiones que lo rodean.

Pablo Icardi
Pablo Icardi domingo, 7 de abril de 2024 · 09:18 hs
Energía y recursos naturales: las decisiones clave que deberá tomar Cornejo que influirán en el futuro
Cornejo y Horacio Marín, de YPF. Ambos negociarán el retiro de la petrolera estatal y la transferencia a otras empresas de áreas petroleras. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Mendoza se empequeñece productivamente, mientras crece en otros indicadores. La riqueza que genera no alcanza para mejorar la calidad de vida de todos y hay cierta sensación de zozobra. Es, quizá, el desafío más profundo que tiene el Gobierno que comanda políticamente la provincia desde hace 8 años y va camino a superar la década. En el mapa de posibilidades que aparecen y analiza el gobernador Alfredo Cornejo hay un tema que lo pone ante decisiones trascendentes que deberá tomar: qué, cómo y de qué manera aprovechar los recursos naturales renovables y no renovables que tiene Mendoza para generar riqueza. Energía, minería, petróleo, agua y acceso a la tierra.

Esa lista de decisiones incluye transferencias de áreas petroleras, con alto impacto económico, social y ambiental; autorización de proyectos mineros y puesta en marcha del nuevo esquema político para no caer en los mismos errores del pasado; inversión estratégica en obras hídricas para garantizar el acceso en tiempos de escasez y una plataforma política que permita una convivencia de actividades. El petróleo, por ejemplo, era la estrella de la economía y los recursos del Estado. Hoy representa menos de un 5% de los ingresos provinciales, contra una alta dependencia de impuestos nocivos y de la Nación. Mendoza no se preparó para la transición por el agotamiento de esa actividad y los intentos para impulsar la minería tuvieron la torpeza política y la falta de gestión como obstáculos.

Uno de los desafíos que se le suman es romper la concentración y la dependencia de las mismas personas y empresas que construyó Mendoza en los últimos años y la hace más frágil. Los accionistas de la principal empresa distribuidora eléctrica son los mismos que tienen a cargo Potasio Río Colorado, el único proyecto de explotación minera vigente y que fue re concesionado recientemente, y también la misma empresa tiene permisos petroleros importantes y hasta vínculos con empresas relacionadas con la gestión de seguridad. Si el holding Integra Capitals tiene un problema, todo puede tambalear como un efecto dominó. También se genera un esquema de presiones cruzadas que debilita al poder concedente. En el petróleo la altísima dependencia de YPF (más del 70% de la actividad depende de esa firma) también aumentó la vulnerabilidad y ahora que la empresa estatal se retira estará a prueba la pericia política de Cornejo para que el proceso termine en algo virtuoso y no en un desastre. En obras públicas relevantes también se arrastra una alta dependencia por la cantidad de contratos cedidos a las mismas empresas.

YPF dejará de invertir en áreas maduras de Mendoza y esperan que haya nuevas empresas. 

Futuro

En la energía y la gestión de los recursos naturales está, según analizan en la política y los sectores empresarios, el futuro económico de Mendoza y el país. Decidir con la presión de la necesidad no siempre es lo mejor y, menos aún, buscar soluciones mágicas. Pero a largo plazo, hay posibilidades que aparecen. Para la provincia no es nuevo, pues gran parte de su matriz productiva tiene ese origen. La actividad petrolera, por ejemplo, es uno de ellos, aunque fue ejecutado con un modelo poco sustentable: en más de 5 décadas se estrujó el subsuelo de la provincia y la reinversión para promocionar otras actividades fue escasa. Por eso Malargüe, la meca del petróleo en el pasado, está en una crisis terminal y la provincia destina el 100% de los recursos originados en el petróleo en gastos corrientes, aún cuando las leyes indican otra cosa. Lo mismo ocurre con la actividad minera. No es del todo cierto que en Mendoza no hubo minería; lo sí hay son malas experiencias previas por pésima gestión política, ambiental y estratégica.

La actividad petrolera está en crisis en Mendoza desde hace más de una década y el problema se abordó con errores profundos. En primer lugar, no hubo una gestión estratégica para hacerle frente a una contingencia inevitable: los recursos se agotan y no se previó una transición que evitar el trauma que vive hoy la Provincia. Solo tomando en cuenta las regalías, los indicadores son dramáticos.  En 2002 los ingresos por regalías representaban el 16% de los recursos totales de la provincia y el 36% de los recursos de origen provincial. En el presupuesto 2024 las regalías representan solo el 4% de los recursos totales y solo el 10% de los recursos de origen provincial. Esa reducción marcan una alta dependencia de otros ingresos más nocivos. La gran parte de los recursos que recauda el Estado vienen de impuestos a las actividades económicas y, en menor medida aún, de los patrimoniales. La principal pata es la coparticipación nacional que, también, está en decadencia. Las regalías son solo un indicador, pues el impacto en la actividad privada es aún más duro.

Mendoza se volvió altamente dependiente de YPF y desde que tomó posesión de la administración de los recursos no logró cambiar ni diversificar la matriz de empresas asociadas. De hecho hubo más procesos dañinos que virtuosos, como lo ocurrido en 2008 con la primera licitación (con costos que aún se pagan).

La petrolera estatal está camino a dejar de lado las áreas petroleras que no le son rentables para concentrar las inversiones en la explotación no convencional sobre la formación Vaca Muerta. Es un sinceramiento brutal sobre una realidad que ya ocurría: la desinversión. YPF se retira de las áreas maduras, donde entrarán al menos 16 de Mendoza, muchas de ellas prorrogadas en 2011. Cornejo tendrá ante sí la firma para autorizar o vetar las decisiones. El Gobernador está de acuerdo con el proceso porque considera que YPF ya venía desinvirtiendo y hasta lo había puesto en su plataforma política. Confluyen en ideas con Milei y Horacio Marín,  CEO de la petrolera, para dejar en manos de otras empresas las áreas que para ellos no son rentables. En la práctica hay puestos de trabajo en juego, empresas asociadas y también un delicado equilibrio ambiental.

El área Barrancas, por poner un ejemplo, es la de mayor producción de petróleo de Mendoza. Tiene más de 5 décadas de actividad y es una especie de hormiguero gigante: más de 1000 pozos perforados a 2 mil metros de profundidad. Pero la mayoría de ellos está abandonado o en proceso de abandono. Según los datos de la Secretaría de Energía, tiene 571 pozos abandonados, 71 a abandonar, 37 en reparación y 71 improductivos por la cantidad de agua. Del total, 304 pozos están en extracción efectiva. Barrancas produce mucho: en enero ingresaron 1000 millones de pesos en regalías por esa área y representa más de un 10% de todo el petróleo extraído en Mendoza. Pero es un área vieja y el 95% de lo que se extrae es agua, por lo que la extracción de petróleo es compleja. El mantenimiento también lo es: cada pozo tiene cerca de 3 kilómetros de cañerías que deben ser monitoreados, reparados y reemplazados continuamente. Quien reemplace a YPF deberá responder a esa demanda. La petrolera estatal cumplió el año pasado con el saneamiento del 98% de los pasivos ambientales que había en Barrancas, tras más de una década. Algo similar pasa con las áreas La Ventana y Vizcacheras, todas maduras, sobre la exprimida cuenca cuyana y con una larga historia de producción que generó impactos positivo y negativos.

Los próximos días serán cruciales. YPF había encomendado a una consultora internacional para sumar una voz técnica a una decisión política ya tomada: dejar de lado las áreas que no son rentables. Aunque Marín y Milei tomen discursivamente otro camino, la decisión de abandonar la inversión en Mendoza, Chubut y otras áreas es política. El CEO de YPF lo relata de manera simpática con una liviana alegoría tenística, deporte al que se dedicó. Suele repetir que a YPF le interesan los “gran slam”, los Master 1000 y algún ATP 500 (torneos que Marín nunca jugó en primera) es decir solo los “torneos” más importantes. El yerro en esa llana metáfora es que el tenis es un deporte individualista; la actividad petrolera y en particular YPF es una empresa de la que dependen familias, empresas y pueblos enteros.  

El Gobierno de Mendoza trabaja para definir los parámetros que le darán a YPF y a las nuevas empresas para la transición. El control y saneamiento de pasivos ambientales y sobre todo la inversión mínima a considerar, son dos de los ejes. También el horizonte de producción. Saben que no pueden exigir mucho más en ese plano porque la geología no puede cambiar. Mantener la meseta y crecer hasta un 30% es el tope. YPF está dispuesto, en principio, a ser una especie de garante y hasta aportar parte de los salarios de los trabajadores por un tiempo. Pero nada será gratis: bajo el brazo viene un nuevo pedido de rebaja de regalías para áreas maduras, también para el proyecto piloto en Vaca Muerta y otros beneficios. Piensan en “equiparar las condiciones a las ganancias que otorgan otros activos”, como los de Vaca Muerta en Neuquén.

Cornejo y su equipo deberán tener en cuenta la arquitectura legal, administrativa, financiera y societaria que tengan los herederos de YPF para no tropezar de nuevo como ocurrió en 2008, donde se ejecutó un enorme negocio inmobiliario con las áreas petroleras.

Minería

El desarrollo de la actividad minera metalífera en Mendoza se ha transformado en el principal desafío de Alfredo Cornejo. Por el valor estratégico que tiene, pero también por contrastes políticos. Cornejo trabaja en generar mejores condiciones. La minería es una actividad que otorga resultados a larguísimo plazo, por lo que los decisores también deberán trabajar la paciencia. Más cuando primero deben desandar malos pasos. En principio todo se concentrará en Malargüe y el Gobierno demora en difundir los detalles del Distrito Minero que promociona.

Mendoza busca promocionar la exploración minera como primer paso para impulsar la actividad. 

 Ese departamento tiene una alta concentración de propiedades y el aval social le permite discutir con más soltura. Por ahora descartan del discurso de promoción otras zonas, como Las Heras. Ese departamento tiene más propiedades e historia minera que Malargüe: hay 136 posibles minas metalíferas (contra 82 de Malargüe), algunas de ellas con trabaos de exploración avanzados y congelados. San Jorge es la mina que más lejos llegó, pero el veto legislativo y social frenó todo. Esa empresa, por ejemplo, tiene 70 propiedades mineras con cobre y se suma a otros como Minera del Oeste (asociada con empresas de San Juan) que tenían altos intereses en la zona. Los conflictos son tan profundos que hasta una empresa que se opone a la actividad minera, como Danone, tiene propiedades mineras: la empresa de capitales franceses tiene 7 propiedades mineras metalíferas en los terrenos donde produce agua y tiene una reserva natural.

Aunque la minería en Mendoza se ha realizado más en tribunales y escribanías que en la montaña, hay antecedentes que el propio Gobierno debería sanear para generar la confianza que busca. Los sureños lo saben. Los pasivos ambientales dejados en Sierra Pintada, por ejemplo, aún generan malos recursos. El proceso de saneamiento comenzó y avanzó; aunque ahora hay dudas por el desfinanciamiento que el presidente Javier Milei ejecuta sobre la Comisión Nacional de Energía Atómica, organismo que tiene a cargo la mina y el proceso. Con Potasio Río Colorado también se recorre una compleja línea. El derrumbe de 2012, con más de 3 mil puestos de trabajo perdidos, es otro mal recuerdo y ahora hay algo tangible: la promesa de reactivación a escala de esa mina, que debería estar este año en proceso de construcción. El propio gobierno también tiene el desafío de mantener coherencia y un plan normativo estable.

Desde 2005 en adelante Mendoza legisló de manera espasmódica. Habrá un nuevo código de procedimiento minero, pero el desafío más grande será el Distrito Minero Malargüe, que no es una norma regulatoria general, sino un mega proyecto que servirá de salvoconducto para evitar que todas las propuestas de exploración pasen por la Legislatura. La otra clave es la gestión de Impulsa Mendoza. Sobre el quehacer de esa firma estatal están puestos los ojos en la provincia y en el exterior. Adentro, porque le dan superpoderes para negociar y transferir concesiones y temen que se caiga en favoritismos según la gestión política que esté a cargo de la Provincia. Afuera, porque más allá de los eufemismos lo consideran una intervención estatal en el negocio. Un ensayo de lo que puede pasar es el proceso que terminó con la concesión de Potasio Río Colorado en manos de Minera Aguilar (Integra Capitals): se hizo un largo proceso para buscar inversores afuera, pero no hubo interesados con relevancia y se otorgó a empresarios locales con intereses cruzados y mientras se negociaban otros contratos con empresas asociadas al mismo holding.

Energía

Uno de los ejemplos más notorios de la decadencia de Mendoza a nivel productivo y estratégico es lo ocurrido con la generación de energía. De ser una provincia “exportadora” y de alta innovación, pasó a ser dependiente y sin renovación. Potrerillos fue el último dique construido, pero además no se generó la infraestructura de transporte necesaria para promocionar otras fuentes de generación, como la solar.

Mendoza viene un paso atrás en el desarrollo de energía solar. 

Cornejo detesta que se compare con otros distritos. Pero es difícil de evitar. San Juan tiene una magnitud de otra escala, pero en el mismo período construyó tres diques y se convirtió en un polo de generación de energía solar. Gran parte de la infraestructura se generó con alianzas público privadas o con inversión estatal en líneas eléctricas que se “alquilan” a los generadores. Los parques solares, por ejemplo, ya nacen con contratos fijos: empresas como Toyota e YPF (que invierte más en parques solares en San Juan que en exploración petrolera en Mendoza) ya tienen firmados convenios de generación de energía limpia.  Mendoza viene muy detrás, pero aparecen algunos datos. La empresa Genneia, por ejemplo, amplió sus posesiones en la provincia y puede construir parques solares relevantes.

La energía y la gestión de recursos naturales requieren planificación a largo plazo. Mendoza tiene disponibles recursos para ejecutar y lo que se demora es, justamente, el plan. El destino de los 1023 millones de dólares que habrá acumulados en octubre (quedan las cuotas más bajas) está aún en el camino de supuestos. La intención es evitar que los recursos se evaporen y que se genere un círculo virtuoso. Pero aún no se aclaran las prioridades puertas afuera de Casa de Gobierno. La gestión del agua, como principal recurso para la producción y la generación de energía, sería el principal destino.

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