El capítulo de la Ley Bases que Mendoza mira de reojo por la minería y el petróleo

La Ley Bases que aprobó la Cámara de Diputados tuvo recortes en la idea original del Gobierno, pero mantuvo un capítulo que era seguido de cerca por empresas de capitales extranjeros que tienen en carpeta grandes proyectos de inversión, sobre todo en la extracción e industrialización de recursos naturales. Se trata del régimen de grandes inversiones y de Exportación Estratégica de Largo Plazo, que genera una burbuja legal y fiscal que garantiza beneficios diferenciales.

Menos impuestos, libre disponibilidad de divisas, manejo de dividendos, importaciones liberadas y blindaje legal, son algunas de esas ventajas. Incluso las provincias que adhieran no podrían imponer gravámenes o trabas de ningún tipo. A diferencia del proyecto original, se incluyen los montos mínimos de inversión para ser incluidos: 200 millones de dólares para el régimen de grandes inversiones y 1.000 millones para los proyectos de Exportación Estratégica, régimen que incluye a las áreas productivas que pongan a Argentina como “nuevo proveedor de mercados globales en los que aún no cuente con participación relevante”. Con ese concepto resalta un tema y un producto específico: minería de cobre.

Justamente, los proyectos de explotación de cobre son los que más presión ejercen por la demanda que tiene el producto y porque hay al menos 8 que están en etapa avanzada de exploración y que buscan financiamiento para la etapa de explotación. La minería metalífera sería la principal destinataria de ese régimen y el propio presidente Javier Milei lo dijo. Los proyectos que están en la puerta son Josemaría, de Lunding, Los Azules, de McEwen, El Pachón, Taca Taca, propiedad de First Quantum Minerals  y Mara, de Glencore. Relegado desde lo político está el proyecto mendocino San Jorge, de capitales estonios.

En Mendoza también siguen de cerca el impacto y calculan. Aunque la provincia tiene rezago en proyectos de gran envergadura, creen que en el mediano plazo podría impactar. Allí radica algo de la ansiedad de Alfredo Cornejo por acelerar los proyectos de exploración minera que hay en la provincia y que son incipientes. La sanción del Código de Procedimiento Minero fue el primer paso y por ahora se demora la presentación del proyecto que es el eje central del impulso a esa actividad: la “mega” Manifestación de Impacto Ambiental para el Distrito Minero Malargüe Occidental. En un solo trámite incluirían más de 200 proyectos de exploración. La maniobra hace caminar al límite de lo permitido por la ley provincial de ambiente, la 5.961, que reglamenta el impacto ambiental de los proyectos. También de la 7.722, pues evitará que cada empresa que explore deba esperar la aprobación legislativa.

El régimen de incentivos podría acelerar los procesos de inversión, siempre y cuando se aprueben. Allí podría entrar el único proyecto de explotación minera que tiene Mendoza y que por ahora no ha dado noticias este año, aún a pesar del contrato firmado en 2023. Se trata de Potasio Río Colorado, la mina de potasio que abandonó Vale y que la Provincia transfirió a Minera Aguilar (una de las empresas de Integra Capitals, de José Luis Manzano). La escala de inversiones proyectada es paulatina. Para este año se prevén 10 millones de dólares. Pero la promesa es que se inyecten 1000 millones de dólares. Por ahora ni Miniera Aguilar, ni Impulsa Mendoza (socio con el 12%), ni el Ministerio de Energía comunicaron qué avance hubo en el cronograma de inversión acordado, incluida la contratación de las primeras 60 personas. 

El potasio puede ser considerado un producto estratégico, pues Argentina tiene recursos, pero no los explota y la demanda mundial también puede crecer. De manera subsidiaria hay quienes sugieren que puede haber litio detrás del potasio y el cloruro de sodio remanente. Otros proyectos de energía renovable podrían entrar en el régimen, siempre y cuando conceptualmente logren incluirlos. Para Mendoza podría ser una descarga, pues Cornejo busca que haya participación privada en la inversión que se planifique para las represas, por ejemplo. 

Mendoza va a licitar 12 áreas petroleras, a las que se le suman las 14 que YPF explota y va a abandonar. Por el tipo de yacimientos que se ofrecen, la Provincia corre detrás de Neuquén y el auge por el no convencional de Vaca Muerta.

El régimen puede generar una distorsión con otras actividades que requieren inversiones de menor volumen, pero con períodos extensos. Las actividades tradicionales de Mendoza lo pueden sufrir. Igual, no lo ven como un problema de fondo.  “No hay competencia entre provincias, sino un trabajo como región. A todas las provincias nos hace bien que se potencia la minería y el petróleo”, explican desde el Gobierno. Incluso, resaltan que los ministros de producción de San Juan, San Luis y Neuquén trabajan alineados. Las claves para la ejecución de los proyectos son, además de la Ley Bases, que se mantenga la “tendencia estable”, se elimine el cepo y baje el riesgo país. La Ley Bases quita el cepo de hecho para las grandes inversiones.