Legislatura de Mendoza

Con respaldo del PJ, el Senado aprobó la reforma del Código Minero de Alfredo Cornejo

Los senadores aprobaron el proyecto de ley impulsado por el gobernador que apunta a agilizar la actividad minera en la provincia. Una porción de seis legisladores del Partido Justicialista acompañó.

MDZ Política
MDZ Política martes, 23 de abril de 2024 · 16:11 hs
Con respaldo del PJ, el Senado aprobó la reforma del Código Minero de Alfredo Cornejo
El senador Martín Kerchner y la vicegobernadora y titular del Senado, Hebe Casado. Foto: Prensa Legislatura de Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo consiguió este martes el primer paso de su plan para promover el desarrollo de la industria de la minería en Mendoza. El Senado de la Legislatura provincial convirtió en ley la reforma del Código de Procedimientos Minero, que apunta a agilizar la actividad en la provincia. La iniciativa se aprobó con el visto bueno oficialista y el respaldo de seis senadores del peronismo, que votó dividido. El demarchismo, a través de La Unión Mendocina, no acompañó. Ocurrió lo mismo con el Partido Verde.

El proyecto obtuvo 25 votos a favor y 12 en contra (hubo un ausente de LUM). Todos los miembros del frente Cambia Mendoza -19- lo hicieron de forma afirmativa. Del Partido Justicialista respaldaron Adriana Cano -que es titular del bloque-, Mauricio Sat, Mercedes Derrache, Cristina Gómez, Pedro Serra y Alejandra Barro. Los cuatro peronistas que expresaron su negativa fueron Gerardo Vaquer, Helio Perviú, Duilio Pezzutti y Félix González.

El Gobierno de Mendoza apunta a que el nuevo código agilice los procesos para el desarrollo de nuevos proyectos mineros y genero las condiciones necesarias para atraer inversiones para estos emprendimientos. Una de las modificaciones realizadas al proyecto original, tiene que ver con la incorporación del Consejo de Minería como autoridad minera de la provincia “en segunda instancia” y como órgano consultivo. Tanto el Consejo como la Dirección de Minería, estarán bajo la órbita del Ministerio de Energía y Ambiente.

El Director de Minería atenderá y resolverá sobre los asuntos, peticiones y cuestiones que versen sobre los derechos mineros en todo el territorio provincial, y dictará las resoluciones definitivas que conceden, deniegan o declaran caducos los derechos mineros de acuerdo con lo dispuesto por el Código de Minería y la presente Ley, sin perjuicio de las restantes competencias, misiones y funciones, de conformidad a la Ley Orgánicas de Ministerios.

En tanto, el Consejo de Minería atenderá en la instancia recursiva contra las resoluciones apelables y que causen gravamen irreparable emanadas de la Dirección de Minería. Además, tendrá funciones de órgano consultivo cuando la Dirección lo requiera. El Poder Ejecutivo entenderá solo contra las resoluciones del Consejo de Minería

Asimismo, de acuerdo al texto de esa normativa, la Autoridad Minera ejercerá el poder de Policía Minera con inspectores que tendrán mayores funciones y facultades que en la actualidad. Podrán vigilar los trabajos subterráneos y superficiales y los elementos, equipos, maquinarias y plantas, hacer cumplir las normas ambientales, de salud, seguridad e higiene de las labores, controlar el transporte de minerales, comprobar que los trabajos que se realicen y certificar los datos que coincidan con las Declaraciones Juradas de Producción y realizar actas e imponer las sanciones.

 

Uno por uno, el voto de los senadores presentes.

Natacha Eisenchlas, titular del interbloque de Cambia Mendoza, indicó en su intervención que el nuevo Código "va a abrir la puerta para poner a Mendoza a tono con las principales fuentes de crecimiento y empleo en el mundo. Es un Código Minero que se puede titular perfectamente como 'Código de Minería, sostenible, responsable y con participación ciudadana'. Ninguna de estas características estaban en el anterior".

Y sumó: "En Mendoza tenemos una matriz productiva cuyo protagonismo tiene que ver con el petróleo, la vitivinicultura y el turismo; actividades que desarrollan y necesitan minería. Ante este panorama, para que crezca la matriz, necesitamos incrementar los proyectos de exploración. Cada 40 de explotación, se necesitan 4 de exploración. Si en cuatro años hacemos ocho de exploración, tendríamos inversiones de USD 160 millones. Si hacia el 2050 le damos un impulso sustentable a la minería, tendríamos USD 1.332 millones en proyectos de exploración, USD 12 millones en explotación y exportaciones por USD 3.150 millones. Todo, más allá de los 8 mil empleos que generaría".

Martín Kerchner, también del oficialismo, sostuvo que "la idea es que avancemos en un proyecto que va a mejorar el desarrollo de la actividad minera. No lo va a resolver. Todos manifestamos que es un motor de desarrollo, sin embargo hay que poner los pies sobre la tierra y ponerle realidad a todas las expectativas que escucho".

El senador peronista Gerardo Vaquer expresó su acuerdo con la modernización del Código Minero, pero anunció su voto negativo al proyecto oficialista como una señal de alerta. Asimismo, destacó la importancia de mantener licencias sociales para futuras modificaciones de leyes ambientales y advirtió sobre posibles intenciones de modificar la Ley 7.722 en el futuro.

Estuvieron presentes el intendente de Malargüe, Celso Jaque; la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; y el director de Minería, Jerónimo Shantal. Foto: Prensa Legislatura.

Germán Vicchi, presidente del interbloque de La Unión Mendocina -que votó en contra en su totalidad-, dijo durante su alocución: "Acá hay una discusión para dar que es más profunda y es cuál debe ser el rol del Estado en el desarrollo de la minería. En función de los antecedentes en los que se vienen manejando las empresas del Estado, diferimos absolutamente. Creemos en un Estado que debe determinar reglas claras con transparencia y que permita a todos los inversores competir".

Respecto al rol de Impulsa Mendoza SA, un aspecto que fue cuestionado por sectores empresariales y cámaras durante los plenarios de comisiones, manifestó en tono desafiante: "No nos interesa que una empresa del Estado esté de los dos lados del mostrador o que tenga preferencias para explorar en materia minera. De cien proyectos de exploración, uno sólo llega a ser efectivo", dijo en referencia a lo que sostuvo en comisiones Raúl Rodríguez, presidente de la Cámara de Empresarios Mineros de Mendoza (Camem), quien explicó que de cien proyectos mineros, solo uno se convierte en mina. Es una estadística internacional del rubro, debido a que no solo hay que sopesar la existencia del mineral sino también su calidad y ubicación. Resulta clave para evaluar el resto de las variables, como por ejemplo el costo de extracción, donde la infraestructura existente es clave. Otras variables son inflación, seguridad jurídica y costos, comparados con otras regiones mineras.

"Ya que hicieron alusión a la Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima (EMESA), me parece que son pésimos manejando empresas. ¿Qué quieren que les diga? En el balance 2021 hubo pérdidas equivalentes a USD 20 millones. En 2022 USD 4 millones. Son USD 25 millones en dos años y después me hablan de que son los gurúes del desarrollo energético", deslizó el demarchista. Y agregó: "Nosotros queremos una provincia que desarrolle la minería, pero no en estos términos. La verdad es que no les creemos nada. Por eso nosotros apoyamos nuestro proyecto en minoría".

Una de las principales discusiones para aprobar el nuevo Código de Procedimientos tuvo que ver con el rol de Impulsa Mendoza SA. en su Artículo 39°. Esa empresa estatal será el pivot principal de la actividad. Al recibir rechazo por partes de numerosas cámaras que expresaron sus reparos, el Gobierno intentó explicar que no se trata de una intervención estatal y que la empresa tampoco tendrá participación en los proyectos.

La ley sancionada establece que Impulsa Mendoza heredará y será el heredero natural de las áreas mineras vacantes. Pero no mantendrá la posesión, sino que deberá llamar a concurso público en un plazo de hasta 180 días. Los adjudicatarios serían los dueños de las concesiones y deberán ejecutar en plan de inversión propuesto. La duda política estuvo puesta en el poder de otorgar esas concesiones que tendrá Impulsa Mendoza, pues consideran que es una delegación de una potestad.

El escrito oficial dice que  la sanción estipula que “toda resolución firme que disponga la liberación de áreas registradas, ocupadas por derechos mineros, deberá ser publicada de oficio en extracto por la Autoridad Minera, por dos (2) días en el Boletín Oficial. De las publicaciones se dejará constancia en los expedientes respectivos. Las zonas ocupadas solo quedarán disponibles para la petición de terceros, después de transcurridos diez (10) días de la fecha de publicación.

En todos los casos de caducidad o revocación de permisos de exploración o declaración de minas vacantes, por cualquiera de las causales previstas en esta Ley o el Código de h, previo a la publicación ordenada en el párrafo anterior, y de los artículos 71 y 131 del presente Código, deberá notificarse a la empresa minera Impulsa Mendoza Sostenible S.A. o empresa del sector público provincial que la reemplace y siempre que detente un porcentaje igual o mayor al 51% de las acciones el Estado Provincial, con facultades y atribuciones en la materia, para que en el plazo de treinta (30) días hábiles exprese su decisión o no de declarar las áreas como de Investigación Geológica Minera en el marco de lo dispuesto por el Título XXI del Código de Minería, o bien solicitar las áreas de acuerdo al Código de Minería.

Al optar por áreas de exploración cuyo derecho haya sido declarado caduco, la graficación provisoria en el Catastro Minero del pedido de Impulsa Mendoza Sostenible S.A. -o empresa del sector público provincial que la reemplace-, y el borrado del anterior derecho, se realizarán de manera simultánea”.

En el caso de que Impulsa Mendoza Sostenible S.A. “ejerciere el derecho de preferencia mencionado en los párrafos anteriores y no declarara las áreas a lo dispuesto por el Título XXI del Código Minero, deberá cumplir con los requisitos establecidos en la presente ley y en el Código Minero, y convocar, en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días, a un concurso público en el que toda persona humana o jurídica tenga la posibilidad de presentar una oferta que deberá contener como mínimo, sus antecedentes, un programa de trabajo y un compromiso de inversión; no pudiendo Impulsa Mendoza Sostenible S.A. -o la empresa del sector público provincial que la reemplace-, participar en porcentaje societario o asociativo de ningún tipo”. Y en el caso de que Impulsa “no ejerciese el derecho de preferencia o expresamente manifestara a la Autoridad Minera que no ejercerá dicho derecho, o quedara el desierto el Concurso Público mencionado en el párrafo anterior, se publicará en el Boletín Oficial dicha circunstancia y el derecho quedará a disposición de cualquier persona interesada, pasados diez (10) días hábiles de aquella publicación”.

El próximo paso que tiene en carpeta el gobernador es el avance de la propuesta Malargüe Distrito Minero Occidental, que consiste en el impulso de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para un gran área del departamento sureño en la que se planea desarrollar varios proyectos de exploración.

 

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