Con el FONID descartado, Tadeo insistió en que Nación le pague una deuda a Mendoza

El ministro de Educación, Cultura e Infancias y titular de la Dirección General de Escuelas (DGE), Tadeo García Zalazar, se refirió a la reunión que mantuvieron los titulares de las carteras de Hacienda provinciales con el Gobierno nacional, en la cual se confirmó que el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) no volverá a ser abonado. En ese orden, le reclamó a la Nación que Mendoza reciba el monto correspondiente a cinco meses de deuda. También celebró que la administración de Javier Milei haya oficializado este jueves el envío de fondos educativos coparticipables.

"Ayer el ministro de Hacienda, junto con todos los ministros de haciendas, estuvo en Buenos Aires con el área de Economía de la Nación. Todavía no hay precisiones específicas. Lo que ha salido hoy publicado -y que ya es un avance- es que lo que está garantizado son los fondos que tradicionalmente teníamos las provincias por coparticipación y, a su vez, hay un porcentaje, que es el 18% de ese fondo, que se traspasa a los municipios también para inversión educativa. Eso es conocido como la Ley de Financiamiento Educativo y la coparticipación educativa. Ese fondo, que es importante pero que es habitual y ha venido siempre, ya está garantizado y hoy salió publicado el decreto en el Boletín Oficial", dijo en San Rafael, durante la firma de un convenio con el Instituto de Juegos y Casinos, oficinas educativas y reparticiones del Registro Civil.

García Zalazar sumó al respecto: "Lo que nosotros estamos pidiendo son algunas precisiones en cuanto a dos fondos importantes: el FONID ya no existe más y no se liquida más. Estaba prorrogado por un Decreto y se dejó de pagar en enero. Lo que estamos pidiendo las provincias es que la deuda que hay para atrás. En el caso de Mendoza son cinco meses de deuda".

"A mí personalmente el secretario de Educación de la Nación -junto a otros ministros- garantizó que en el transcurso de los próximos 10 días la Nación va a empezar con los desembolsos. El segundo punto tiene que ver con los fondos de la cláusula de garantía, que asegura un piso salarial mínimo a todos los docentes del país. Ayer, los los ministros de Hacienda tuvieron la seguridad de que esa cláusula la garantía se va a seguir respetando a nivel nacional. ¿De qué depende eso? De la paritaria que está en este momento en curso y que tiene un cuarto intermedio hasta la semana que viene a nivel nacional. Esa paritaria fija el salario mínimo docente. A partir de eso, la cláusula de garantía, hace que la Nación -con las provincias que no llegan a ese salario mínimo- cumple y da la contraparte para que se cumpla el salario mínimo", comentó ante la prensa el "superministro" educativo.

Luego, agregó que "Mendoza, a partir del 1 de marzo, está por encima de esa cláusula de garantía. Ya lo firmamos en una paritaria en de febrero. En marzo, el salario mínimo docente del cargo testigo, de un cargo de maestro de primaria con 10 años de antigüedad es de $290.000 Pasamos de estar de $250.000 a $290.000 y eso fija para arriba una serie de escalones. Por lo tanto, eso trata de absorber o de compensar el descuento que todos los docentes del sistema van a tener del FONID. Recordemos se pagaba un FONID cada 18 horas y hasta dos FONID en el caso que los docentes tuvieran más de 18 horas".

"Eso ya no lo tenemos más, entonces hay una parte que se compensa con el aumento de la pirámide y otra que estamos a la espera de ver cómo viene la deuda que tiene la Nación con las provincias y será motivo de discusión en la paritaria provincial, que está citada para el día 3 de abril. Ese día nos volvemos juntar con el SUTE y ahí se va a fijar la pauta salarial de abrir el adelante. Por ahora, lo que está garantizado es el piso de 290,000 provincia que los docentes van a cobrar a fin de marzo", concluyó Tadeo García Zalazar.

El Decreto publicado en el Boletín Oficial

El Gobierno prorrogó la vigencia de un artículo de la Ley N°26.075 de Financiamiento Educativo, que establece el envío de recursos coparticipables a las provincias, a través del Decreto 231/2024, publicado este jueves en el Boletín Oficial.

El documento oficial dispuso "la vigencia para el Ejercicio Fiscal 2024 del artículo 7° de la Ley N° 26.075, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 9° y 11 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y sus modificatorias, teniendo en mira los fines, objetivos y metas de la política educativa nacional y asegurando el reparto automático de los recursos a los ministerios de Educación u organismos equivalentes de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los Municipios, para cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función educación".

La medida se da en el marco del conflictivo inicio del ciclo lectivo, con disputas del Ejecutivo con los gremios y las provincias por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el recorte del presupuesto educativo y la demora para la convocatoria a la paritaria nacional, en la que aún no se alcanzó un acuerdo.

En los considerandos, el Gobierno explicó que ante la prórroga del Presupuesto 2023 para el actual Ejercicio, "resulta necesario y urgente incorporar disposiciones complementarias a la prórroga, necesarias para garantizar el financiamiento del sistema educativo nacional".

Al mismo tiempo, la norma recordó que el artículo 7° de la Ley de Financiamiento Educativo fijaba por el plazo de 5 años "una asignación específica de recursos coparticipables con la finalidad de garantizar condiciones equitativas y solidarias en el sistema educativo nacional y de coadyuvar a la disponibilidad de los recursos previstos en dicha ley en los presupuestos de las Provincias y de la CABA". Una vez que se venció dicho plazo, se dispusieron sucesivas prórrogas con el objetivo de asegurar el financiamiento del sector.

De acuerdo a lo que establece dicha ley, "el monto total anual de la afectación referida será equivalente al 60% del incremento en la participación del gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología en el Producto Interno Bruto". En el Decreto firmado por el presidente Javier Milei junto con todos los ministros, se argumentó que "la asignación específica de recursos coparticipables busca aumentar el nivel de inversión del presupuesto de las Provincias y de la Ciudad de Buenos Aires en educación, destinando dichos recursos al pago de salarios y al mejoramiento de la calidad y la infraestructura educativa".

La renovación en la vigencia de la normativa que establece el envío de fondos de Nación a las provincias se da en la previa de la reunión del Ejecutivo con los gobernadores por el Pacto de Mayo y significa un alivio para las arcas de los Estados provinciales en un contexto de recorte generalizado, que no escapa al ámbito educativo.