Dictadura e indemnizaciones: sobreseyeron a un exfuncionario acusado por una "falsa historia"

En su testimonio, Saiegh alegó que mantuvo 30 años de mutismo acerca de esos hechos aberrantes por miedo a la represalia de los policías, con quienes había celebrado un “pacto de silencio” para que le perdonasen su vida.

En el medio, la Corte Suprema de Justicia debió intervenir en 2021 revocando un fallo de la Cámara de Casación que, en forma arbitraria (con voto del juez Alejandro Slokar), tomó varias veces partido por Saiegh. "El máximo Tribunal descalificó por arbitrariedad el auto apelado, en el entendimiento de que la Cámara de Casación para avanzar en la anulación que dispuso le reprochó a la Cámara Federal de Apelaciones ´…una omisión que no era tal, y que sólo era producto de prescindir del contenido y alcance de lo que esta última había resuelto´”, repasa la jueza María Servini en el fallo firmado la semana pasada.

Tras 15 años en la Justicia, la jueza federal finalmente le dio la razón a Reynal y decidió absolverlo de la querella penal.

La magistrada dispuso decretar el sobreseimiento, ya que se comprobó que Saiegh inventó la historia de secuestro y torturas a partir de una real detención de tuvo en 1980 por denuncia de un gerente infiel, en un asunto ajeno a la investigación que recaía sobre Reynal. Según el expediente, Saiegh invocó "una falsa historia de lesa humanidad". "Anexó un relato de ´una semana de torturas´ en un libro que adjuntó a su nueva denuncia de 2009, cuando las torturas que luego recordó, habrían sido en 1980", dice.

Por lo tanto, el expediente remarcó que el hecho que denunciaba el exbanquero "no fue denunciado nunca por Saiegh en ningún otro momento porque era falso" y por lo tanto "nada de lo recabado en el expediente permitió acreditar la hipótesis introducida" en contra del exfuncionario.

"Ha quedado sumamente demostrada la certeza negativa y la inexistencia de los (falsos) hechos denunciados por quien fuera querellante por lo que el sobreseimiento es la única solución lógica en este caso", argumenta el fallo.

En la resolución de 34 páginas, se determinó además que el plazo de duración de la pesquisa del fiscal, sin resultado alguno, ya excedía con creces lo razonable conforme a las normas constitucionales.

"Mantener expectante el trámite del presente proceso luego del camino recorrido (2009 a la fecha) atentaría directamente contra una de las garantías constitucionales más importantes de la que gozan los imputados, como lo es el plazo razonable. No sólo el transcurso del tiempo me lleva a inclinarme por esta decisión, sino lo dispuesto por la superior y el resultado negativo de la prolongada instrucción del presente sumario", sentenció Servini.

No es el único caso donde la quiebra o venta de un banco durante la dictadura termina siendo denunciada tardíamente como un delito de lesa humanidad con la sospecha de que así podría acceder al cobro de un resarcimiento. En otro expediente, el extitular de la CNV Juan Alfredo Etchebarne fue acusado por la familia de René Grassi por la venta del Banco de Hurlingham. Todo, en su momento, con el aval de Alberto Fernández como abogado. 

En este caso, el Ministerio de Economía se aprestaba a pagar un resarcimiento para otra familia (los Greco) cuando el rechazo de los senadores radicales Ernesto Sanz y Gerardo Morales generó que la entonces ministra Felisa Miceli se retracte y, a partir de ahí, le fijaron a las familias que debían tener un dictamen judicial favorable. Por eso, Saiegh denunció un delito de lesa humanidad en su contra. Pero la Justicia lo terminó rechazando.