El escalofriante desenlace que puede tener la intervención federal en la lucha contra los narcos de Rosario
"Cerca, Rosario siempre estuvo Cerca", cantaba Fito Paez. Ahora, esa distancia pasa a ser más que peligrosa ante la posible migración o mutación de las bandas de allá con las del conurbano bonaerense.
¿Cuánto falta para que lo de Rosario se vea en el conurbano bonaerense? le pregunta MDZ a varios expertos que dedicaron buena parte de su labor pública a la lucha contra el narcotráfico y a decidir si valía la pena informar de los procedimientos a las autoridades policiales y políticas del territorio.
Sin “grandes bandas” como las que se conocieron en Colombia hace más de dos décadas o fortísimamente militarizadas como las de Río de Janeiro o Ecuador, en Argentina funcionan células que se desprendieron de las dominantes en Rosario o armaron una propia, como el mini cartel de Miguel Ángel Villalba en General San Martín y la región noroeste.
Un exfuncionario bonaerense explica que esto se pudo dar en esta región porque “es en la zona norte porteña y del conurbano donde se consume más estupefacientes. Si querés, la ruta Panamericana, desde sus dos ramales, Pilar y Escobar, hasta chocarte con la Ciudad de Buenos Aires, en todos los barrios desde Núñez hasta Caballito, pasando por Recoleta, Barrio Norte y aledaños”.
El episodio que demostró que Rosario siempre estuvo cerca fue la fatídica aparición de la droga adulterada hace tres años, cuando murieron 24 personas en las zonas de Tres de Febrero, General San Martín y Hurlingham. Ese cargamento llegó a Puerta 8, en Loma Hermosa por una experiencia de venta que había querido implementar el clan Villalba, pero todo terminó en una catástrofe, tanto para los consumidores habituales como para la banda misma.
En esa ocasión aparecieron en diferentes ajustes de cuenta muertos por doquier y en más de una investigación se detectó la participación de “rosarinos” entre los sicarios involucrados. “Y con todo el bardo que está ocurriendo en Rosario, no te extrañe que empiecen a tirar tiros por cualquier lado para hacerse notar”, le dijo a MDZ un abogado penalista del Departamento Judicial San Martín que prefirió, obviamente, mantener el anonimato.
Un exjuez federal y reciente ministro provincial no tienen dudas que, tarde o temprano, el Método Rosario, se empezará a dar en el Gran Buenos Aires y en los “conurbanos de todos lados, máxime donde hay puertos. Tigre, La Plata, Quequén y Bahía Blanca son unos coladores de droga”, grafica uno de los que habló con este medio.
Siempre se dice que “explotado un hormiguero, luego de un tiempo, las hormigas se reagrupan en lugares de similares características más o menos cerca de ahí”. En el caso de la ciudad santafecina y el Conurbano bonaerense, la distancia es solo una hora y media, y las islas del Delta sirven, además, para el traslado y la reserva de la actividad.

Este martes, el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, reclamó una labor integral e interjurisdiccional para la lucha contra el narcotráfico. Y también pidió la creación de una fuerza federal nueva solamente para combatir este delito.
A treinta años de la paulatina pero determinada penetración narco en Rosario a través de la hidrovía, la conexión con la política, la policía y la Justicia es un hecho que permitió el crecimiento de la actividad. Y si bien todos desean que los cambios operados con la llegada del nuevo gobernador Maximiliano Pullaro y sus reformas en el sistema carcelario tengan efecto, nadie puede poner las manos en el fuego. En plena campaña, su rival interna, la senadora Carolina Losada denunciaba que él tenía relación con las bandas narcos y había grabaciones que lo perjudicaban.
Hoy, su ministro de Seguridad, Pablo Coccochioni, no se le animó a nombrar las bandas que está persiguiendo y cortó la comunicación que tenía con Marcelo Longobardi. Esto complica en instalar la idea de que la lucha sea seria. Los operativos nacionales, por supuesto, tampoco ayudan, ya que la “saturación”, tal cual quedó demostrada, solo produce un paréntesis en la actividad delictiva que, sin barreras, se replicará en otros lugares.
En el ámbito bonaerense todos manifiestan su preocupación y desde el Ministerio de Seguridad que conduce Javier Alonso se pusieron a disposición de la Ministra Patricia Bullrich. Inclusive estuvo Sergio Berni en la conferencia de prensa. Pero, en off, no dan certezas cuando se les pregunta, a funcionarios municipales y provinciales, sobre la implicancia que tienen los policías, las autoridades políticas y la Justicia en todas las causas relevantes vinculadas con el narcotráfico en ese territorio.
“En cada proceso tenemos entre cinco y siete policías en actividad involucrados”, reveló un funcionario judicial de la Justicia Federal que participa activamente en la causa que tiene como máximo responsable a Mameluco Villalba. “Igualmente, esas bandas se reciclan, no desaparecen” le confió a MDZ un penalista que conoce a todas partes involucradas.
“La Policía actúa cuando no la arreglan. Después, cuando llegan a un acuerdo, no las jode más. Entonces, terminan involucrados cuando la misma causa, que dependía de narcomenudeo y estaba en el ámbito provincial pasa a la Justicia Federal. Ahí vuela todo por el aire, pero la mitad de las bandas se pierden por diferentes circunstancias o nulidades en el proceso”, graficó.
Uno de los investigadores sabe de lo que habla el profesional y agrega datos asombrosos sobre lo complejo que es tratar de llegar a cada una de las partes involucradas. A fines de diciembre, la Justicia Federal de General San Martín acompañó a la ministra Patricia Bullrich donde se describió la utilización de una supuesta “fachada financiera” para blanquear la recaudación ilegal de la banda de Villalba.
Los denunciados, que no tienen ninguna imputación pero están siendo investigados, son desarrolladores urbanos en muchos puntos del Gran Buenos Aires pero con epicentro en San Martín. La firma Dinal fue allanada como así también las propiedades de los diferentes socios. Sin embargo, todavía hoy están tratando de constatar lo conseguido en esos procedimientos con la información que no les terminan de brindar los organismos públicos como la AFIP, ARBA o municipios y, lo que es más llamativo, las entidades bancarias con las que operaban habitualmente. Forzados, tuvieron que allanar los bancos Galicia y Santander por la reticencia a brindar información por los depósitos realizados en esas cuentas.

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