Detalles de la relación extorsiva de Javier Milei con los gobernadores y su impacto en el Senado

“Veo todo mal, porque los gobernadores no ceden, y Javier Milei tampoco”. El pronóstico de uno de los diputados que se sienta en las mesas de negociación fue previo a la aprobación en general de la ley ómnibus. Sin embargo, los cambios de último momento en el dictamen que se terminó votando son una demostración de que nada está cerrado.

Desde el martes a las 14, cuando se reanude la sesión, la clave estará puesta en lo que pase con el Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (más conocido como Impuesto País), que como el resto del paquete fiscal iba a ser retirado del proyecto pero a último momento se decidió mantenerlo para facilitar la aprobación. “Fue como una garantía, como para acordar algo de acá hasta el martes”, resumen en el Congreso.

Los que más insistieron con el tema son los cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora. Pero detrás suyo se alineaban otros gobernadores, que tienen en dos bloques del Congreso a sus negociadores: Hacemos Coalición Federal (HCF), que lidera Miguel Pichetto, e Innovación Federal, donde están los diputados que responden a los gobernadores de partidos provinciales.

En HCF no solo tiene 7 diputados Llaryora, sino también 3 Rogelio Frigerio (sus socios Emilio Monzó y Nicolás Massot y el entrerriano Francisco Morchio). Y el resto del bloque se mueve todavía de manera incierta. En la votación hubo 4 que se cortaron y votaron en contra (Margarita Stolbizer, la cordobesa Natalia de la Sota y los dos socialistas de Santa Fe). Los 6 de la Coalición Cívica tienen una disciplina propia, que se vio en la comisión donde firmaron su dictamen de minoría. No negocian con la mira en recursos para distritos. Y Ricardo López Murphy es un librepensador. Suman 23.

De lado de Innovación Federal, Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Rolo Figueroa (Neuquén) tienen 9 diputados que se vuelven determinantes.

Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy), en tanto, tienen su método de presión a través del bloque radical. 

El club de la extorsión

En la política ya de un lado y de otro se habla de que se está conformando una relación extorsiva. Como una pareja tóxica, se acusan mutuamente desde el gobierno y desde el bando de los gobernadores. Javier Milei y Luis “Toto” Caputo plantearon sin matices que si no tenían el aval para ajustar por donde pretendían terminarían dejando a las provincias sin más fondos que los que reciben automáticamente.

Los gobernadores, con el discurso hacia fuera de mostrarse siempre dispuestos a darle al gobierno las herramientas para gobernar, retrucaron retaceando los votos necesarios en la sesión. La aprobación en general nunca estuvo en duda (salvo cuando el propio oficialismo amenazó con retirar el proyecto en una reunión), pero en particular siempre quedó la sensación de que podía pasar cualquier cosa.

El propio Milei retuiteó un mensaje que hablaba del “club de la extorsión”. La relación entre el poder central y las provincias en todos los gobiernos es dificultosa, generalmente en una relación de sometimiento del ejecutivo nacional. En este caso, la debilidad política de Milei lo vuelve susceptible de ser extorsionado. Y ajeno a los códigos tradicionales, el presidente responde con todo.

“La mayoría de los gobernadores ya no les cree nada”, señalan desde el entorno de uno de los mandatarios. Y añaden: “Se manejaron con una mezcla de amateurismo y soberbia complicada”.

Pero otro diputado que siguió de cerca las negociaciones no duda en disparar críticas contra los gobernadores. “Son capaces de todo”, responde ante la consulta de si podían hacer voltear la ley. Y etiqueta: “Extorsionadores”.

Lo que viene

La pregunta que queda abierta es cómo se resuelve el dilema de cara a la continuidad de la sesión del martes. “Vamos a llegar a un acuerdo con los gobernadores, pero sin coparticipar el Impuesto País explícitamente”, asume una fuente oficialista. “La clave está en que logren compensar a Córdoba por otro lado, y después ver en el paquete fiscal que reciben”, asegura otro de los actores involucrados.

El problema para los gobernadores es que gran parte de los economistas coinciden en que es un error avanzar en ese sentido. Para recuperar lo perdido con el Impuesto a las Ganancias, primero pidieron coparticipar el impuesto al cheque. Ahora van por el País. Los especialistas insisten en que son impuestos que no deberían existir, por lo que coparticiparlos sería una peor idea ya que después no los sacás más.

El Impuesto País se volvió cada vez más atractivo, fruto de la devaluación y el aumento de las alícuotas se volvió el ítem que mayor creció en recaudación en enero: 1.200% interanual. En enero llegaron a ser $ 469.199 millones. Cuantiosos fondos que todos quieren retener. La ven.

En la actualidad, según lo que dispuso el gobierno de Alberto Fernández, los ingresos de este impuesto tienen asignación específica: 42% al Anses y 28% al PAMI (un 70% que va a Nación), 9% al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) que se usa para obras de vivienda social impulsado por los movimientos sociales, el 19,5% va a obras de infraestructura económica, y el 1,5% para fomento del turismo nacional.

El proyecto de ley Bases cambia esas fórmulas y prevé la “distribución en su totalidad” de lo recaudado para Anses y PAMI. Los gobernadores buscan distribuir esa torta. La solución, que incluso ya fue planteada en la última reunión de los gobernadores y legisladores con Guillermo Francos, es que Nación mantenga un 70 u 80%, pero que el restante sea para las provincias a través de proyectos específicos (sin intermediarios como los movimientos sociales). Así, no sería técnicamente coparticipar el impuesto. 

De no acceder a modificaciones (para unos negociación, para otros extorsión), el oficialismo se enfrenta al riesgo de que en la discusión de ese artículo 179, la oposición proponga una redacción con una distribución a favor de las provincias. Tendría amplio respaldo incluso de la bancada kirchnerista, ya que favorecería a los gobernadores de Unión por la Patria. Ya lo dijo este sábado Victoria Tolosa Paz. "Hay un solo artículo que vale la pena y fue la lucha de los gobernadores: la coparticipación del Impuesto País", confesó. 

Por temor a esta maniobra es que “Toto” Caputo había anunciado que se retiraba todo el paquete fiscal de la ley ómnibus. Sin embargo, la presión final de los gobernadores generó que el tema se mantenga sobre la mesa en la aprobación en general y la amenaza sigue latente. Negociación o extorsión.

Gobernadores, la clave del Senado

La negociación hasta el martes es imposible analizarla sin una mirada puesta en el Senado. Allí, los gobernadores tienen incluso mucho más peso que en Diputados. Y la debilidad de La Libertad Avanza es todavía mayor, con apenas 7 senadores (necesita 37 para la mayoría).

Allí está al nacer un nuevo bloque con gobernadores patagónicos que buscarán negociar en conjunto. En realidad es el existente “Cambio Federal”, donde hay dos chubutenses que responden a Ignacio Torres, la neuquina Lucila Crexell (aliada de Figueroa) y el salteño Juan Carlos Romero (el único no patagónico). A ellos se sumarán los dos santacruceños que responden a Claudio Vidal (en Diputados también hay dos y votaron separados) y la rionegrina Mónica Silva del espacio de Weretilneck. 

Esos 7, más los 3 de Unidad Federal (donde está la cordobesa Alejandra Vigo), los 13 de la UCR, los 6 del PRO, los 2 de Misiones y la tucumana Ávila son los que junto a los 7 libertarios construyeron el número de 39 que le permitió en diciembre a Victoria Villarruel elegir a las autoridades de la Cámara. Ahora deberán negociar para mantenerlo. 

A diferencia de lo que pasó en Diputados, los dos tucumanos del peronismo, entre los que está Juan Manzur, no están alineados con el gobernador Osvaldo Jaldo, por lo que no se los cuentan como votos probables. En cambio, sí se mira con expectativa lo que pueda hacer el catamarqueño Guillermo Andrada, que estuvo en la reunión de los dialoguistas con Francos. El gobernador Raúl Jalil es otro de los que está coqueteando aunque en la Cámara baja los de su provincia votaron todos en contra.

La postura de los gobernadores fue uno de los temas que abordó la última encuesta de RDT. “¿A quién debería priorizar el gobernador en tu provincia?”, era la consulta. El 58% respondió “a la gente del sector público”, respuesta que sorprende al considerar que en el mismo trabajo Milei mantiene un 54% de imagen positiva y dice lo contrario. 

“A primera vista, esto puede parecer una contradicción después de la victoria de Milei, quien prometió ‘motosierra’ para reducir el sector público. Sin embargo, la pregunta es esclarecedora para entender las presiones financieras a las que se enfrentan los gobernadores, ya que una parte significativa de la sociedad demanda medidas y servicios diversos a nivel local en comparación con las expectativas hacia el presidente”, concluye Martha Reale, directora de la consultora.

A la larga, para Milei será clave el apoyo popular para mantener una relativa posición de dureza frente a los gobernadores, punto sobre el cual también profundiza el monitor sobre el humor social de RDT. “¿Teniendo en cuenta tu situación económica familiar, cuánto tiempo podrías esperar para que el Plan Económico de Milei comience a dar resultados positivos?”, es la pregunta. El 28% dice que nada porque no tiene margen para esperar, y luego el 13,5% dice 3 meses; el 16,5%, 6 meses; el 17,7%, hasta un año; y el 15,3%, más de un año. Que casi el 50% podría esperar hasta 6 meses o más es el salvavidas del que se agarra Milei para mantenerse a flote sin respaldo político.

Después de los 6 meses, Milei ya necesitará de resultados económicos, con una inflación dando señales de bajar. El pánico de los gobernadores, en esa lógica, es que llegue ese momento, no tengan el acuerdo fiscal alcanzado y el presidente aproveche para desplumarlos. Por eso, en el club de la extorsión, el “no hay plata” y “no hay votos en el Congreso” seguirán siendo moneda corriente, aunque algunos esperan que con la ley ómnibus aprobada la relación se vuelva más madura.