Alberto Fernández citó en Olivos a amigos que facturaron millones de dólares al Estado

Es el viejo truco, decía el Super agente 86 cuando se repetían las tropelías de Kaos. Es en este caso el viejo truco del "broker" que usaron distintos políticos durante décadas: el Estado contrata una empresa que a su vez contrata un intermediario que cobra comisiones por encima del mercado, en general, para desviar fondos públicos y financiar distintas personas. Alberto Fernández, o su Gobierno, no es son excepción a ojos del fiscal Ramiro González, que entiende que tanto el expresidente y su grupo de amigos que fueron a reuniones privadas a Olivos y que facturaron millones de dólares, pueden haber llevado a cabo innumerables actos de corrupción.

Es la primera denuncia por corrupción presunta de Alberto Fernández, el juez Julián Ercolini grió el caso a la fiscalía 6 y proviene de Silvia Martínez, investigadora también de la causa conocida como Los Sauces. De mínima, la Justicia entiende que puede haber habido delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.

Corría el mes de diciembre de 2021 y la pandemia lentamente empezaba a despedirse, mientras la foto del cumpleaños de la entonces primera dama Fabiola lacraba el epitafio de un experimento electoral únicamente exitoso que logró unir tres enemigos de antaño, Sergio Massa, Cristina Kirchner y Alberto Fernández. La gestión empezaba su recta final en caída libre con récord de inflación, pobreza y parate económico, y la emisión de billetes sin respaldo empezaba a comerse los salarios cada treinta días.

Alberto Fernández no contestó los reiterados pedidos de testimonios de MDZ, habiendo sido invitado a una entrevista en distintos momentos de su gestión sin una respuesta positiva. El presidente Alberto Fernández entonces firmó el decreto 0823/2021 el 2 de diciembre, donde se cristalizaba lo conversado anteriormente en la quinta presidencial, y donde se rubricaba la exigencia del sector público estatal de contratar Nación Seguros, que a su vez usaría intermediarios conocidos por el presidente y esencialmente su secretaria histórica, Ana Cantero.

El negocio que se quedarían pocas manos es de dimensiones colosales: unos 300 millones de pesos por mes para completar un total de 20.000.000.000 pesos anuales producto de ese sistema en ANSES, tal como publicó Ricardo Roa en Clarín el pasado fin de semana. La comisión según la publicación orilló el 17%, algo así como el triple de lo que paga el mercado para ese tipo de actividades, eso valió según la fiscalía la imputación de Alberto Fernández, Alberto Pagliano, extitular de Nación Seguros, y Héctor Martínez Sosa, esposo de la entonces secretaria presidencial.

Se habían reunido muchas veces, pero Alberto Fernández cometió la osadía de invitarlos a la noche a la quinta presidencial con fichaje en puerta, donde ingresaron Héctor Sosa, Fernando Salim, Guadalupe Cortés y Guillermo Alonso, todos integrantes del sector de seguros, era la noche del ocho de enero de 2020, la pandemia todavía no había empezado, pero se gestaba un negocio millonario que ahora puede complicar la imagen del ex presidente, que buscó antes que nada despejar dudas y poner en el lugar de acusada a su secretaria, a quien pensó que "si fue así no lo avalo y se extralimitó" si se llevó a cabo un señalamiento de personas para ser brokers de seguros. 

Lo cierto es que el expresidente se reunió con quienes después conformarían un grupo de salida de mismo horario, a la 1.20 de la madrugada del 9 de enero, por lo que se desprende que el encuentro fue únicamente entre quienes luego emprendieron la aventura millonaria del sector seguros. La Justicia empieza a desarrollar la primera denuncia por corrupción del gobierno de Alberto Fernández, Sergio Massa y Cristina Kirchner.