Escándalo: acusan a 120 mil usuarios de planes sociales de viajar al exterior
Más de 22 mil son beneficiarios del plan Potenciar Trabajo. Emilio Pérsico, a cargo de ese programa, queda de nuevo en la mira por el manejo de los fondos públicos.
Una nueva denuncia del Gobierno pone en el foco de la polémica otra vez a Emilio Pérsico: según la presentación realizada por el ministerio de Desarrollo Humano, a cargo de Sandra Pettovello, miles de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo viajaron fuera de Latinoamérica, en cruceros o aviones, y estuvieron más de un mes fuera del país.
Cabe recordar que la organización social que lidera Pérsico, Movimiento Evita, fue apuntada el año pasado a través de un trabajo de investigación de la Coalición Cívica, por recibir el 55% de los fondos que el Gobierno anterior repartió a organizaciones sociales en el marco del programa Potenciar Trabajo. Esos convenios justamente fueron firmados por el dirigente social.
La acusación la realizó esta cartera de gobierno ante el fiscal Eduardo Taiano, que viene reuniendo esta información desde la gestión de Alberto Fernández, en una causa que le delegó el juez federal Julián Ercolini.
En el expediente se presentó Leila Daniela Gianni, subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, y adjuntó un informe que registró el cruce de las bases de datos de Migraciones con la de beneficiarios del Potenciar Trabajo.
Como conclusión: entre marzo de 2020 (cuando se creó el programa) y diciembre de 2023 hubo 122.600 titulares activos que aparecieron en los registros migratorios.
De la totalidad, unos 85 beneficiarios viajaron a destinos fuera de Latinoamérica, 2.939 lo hicieron en avión o crucero. Mientras que 14.695 personas viajaron por un período mayor a 30 días y 4.782 titulares registraron más de un criterio analizado.
Así, contabilizaron 22.501 usuarios activos de este programa que aparecen en al menos alguno de las tres categorías analizadas, según indicó el documento que el gobierno presentó ante la Justicia.
El fiscal federal Guillermo Marijuán comenzó el año pasado haciendo un entrecruzamiento de información de la base de beneficiarios del plan con la AFIP y radicó una denuncia que quedó en el juzgado de Julián Ercolini.
Ercolini delegó la investigación en el fiscal Eduardo Taiano, quien tomó también la denuncia realizada por el diputado Waldo Wolf, ahora ministro de Seguridad porteño.
Las mayores sospechas apuntan a que los inscriptos tienen empleo formal registrado. Otras hipótesis apuntan a que algunos son prófugos de la Justicia o bien son titulares de locales comerciales, así como arrendatarios.
El fiscal Taiano solicitó a la AFIP un informe y al Banco Central pidió que notifique “cuál es la cantidad de beneficiarios que cobran por transferencia y qué otros lo hacen por cajero”.
Cabe destacar que tanto Pérsico como la entonces ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, fueron imputados por Marijuan el año pasado por no dar de baja a los beneficiarios que cobraban ese plan social por fuera de las normas establecidas.

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