Médico y concejal de Lavalle pide mantener los dos puestos

En una verdadera novela se ha convertido el caso del concejal peronista de Lavalle, Maximiliano Rivera. El edil tuvo que renunciar a su banca luego de que sus compañeros sacaran un dictamen que lo obligó a elegir entre ser edil o médico. Es que, en el Concejo Deliberante entendían que mantener ambos puestos era un caso de "incompatibilidad horaria y doble cargo en el Estado"; basándose en un dictamen de la oficina de Ética Pública.

Rivera asegura que renunció como concejal el pasado viernes 29 de noviembre -así se lo manifestó al Ministerio de Salud y se lo reafirmó a MDZ-, pero desde el municipio negaron que se haya presentado una nota formal.  Sin embargo, un trámite que sí ingresó a Ética Pública fue un reclamo para que se reconsidere su situación, es decir, para que pueda ejercer ambos cargos.

En diálogo con este diario, Rivera explicó: "Renuncié como concejal. Sólo trabajo para el área sanitaria de Lavalle, pero mandé este descargo para que se tenga en cuenta que debía haberse hecho en el Concejo Deliberante una comisión investigadora como lo marca la ley orgánica de municipalidades y lo indicó el despacho de minoría. En mi caso, hago énfasis en que estamos en emergencia sanitaria, por lo tanto, se me permitiría la doble función".

El recurso de reconsideración está firmado como "concejal", a pesar de haber afirmado que ya dejó de serlo, de acuerdo a sus palabras. Desde el municipio informaron que el justicialista no ha presentado ninguna nota formal con su dimisión, por lo tanto, no podría ingresar su reemplazante.

En la nota que envió a la Oficina de Ética Pública, a cargo de Gabriel Balsells Miró, expresó que en la votación donde el Concejo Deliberante le pidió que optara entre ser concejal o médico no se consiguieron los votos necesarios para aprobar la resolución. 

Además, expresó que se violó el derecho de defensa porque no se le dio el tiempo ni las formas para expresar su posición. Lo más importante de su declaración remite al artículo 54 de la ley 1.079 el cual establece:  "Declárese las siguientes incompatibilidades respectos de los miembros de los Concejos Deliberantes.(...) 4. los empleados nacionales, provinciales, municipales, o las empresas que tengan contratos con la municipalidad con excepción de quienes ejerzan la docencia nacional provincial o municipal y los profesionales del servicio público asistencial cuyas remuneraciones no sean costeadas por la misma municipalidad". 

En conclusión, el pedido concreto fue: "Ordene suspender todo plazo y procedimiento que estuviere corriendo hasta la resolución del presente recurso de reconsideración". Además, "haga lugar al mismo y ordene retrotraer todas las actuaciones a fin de otorgar el debido derecho constitucional de ser oído, ejercer el derecho de defensa" y que "finalmente resuelva el presente expediente mediante el rechazo de la supuesta incompatibilidad resuelta en las actuaciones referenciadas".

En septiembre de este año, Rivera (quien es peronista, pero del sector del exintendente Roberto Righi) fue cuestionado por el Tribunal de Cuentas y la oficina de Ética Pública por posible incompatibilidad horaria y trabajo en el Estado, ya que también es médico rural (hace guardias 24 horas los domingos en un centro de salud de Costa de Araujo). Fue concejal y médico casi 7 años y nunca se lo cuestionó. Mientras él ejercía ambos cargos, hubo planteos hacia otros funcionarios, como fueron los casos en 2022 de dos concejales de Tunuyán que dejaron sus cargos como concejales y se quedaron ejerciendo la medicina en el sector público.