La ley pendiente del paquete de Seguridad de Alfredo Cornejo que no será sancionada en lo queda del 2024

En mayo del corriente año, el Gobierno de Mendoza presentó en la Legislatura provincial un conjunto de reformas planificadas por el Ministerio de Seguridad y Justicia. Precisamente, son once leyes ideadas por el Ejecutivo, de las cuales diez ya fueron sancionadas. Sin embargo, quedó una pendiente y todo parece indicar que no será aprobada antes de que concluya el 2024.

Se trata de la Ampliación del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas, que fue incluida en el paquete legislativo, pero que se dilató debido a que la iniciativa -bajo el nombre de Ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos- fue sancionada de forma definitiva en el Congreso de la Nación a fines de septiembre, por lo que desde Mendoza optaron por esperar a la reglamentación a nivel nacional para recién ahí poder hacer comparaciones entre propuestas, adherir o establecer algún tipo de modificación permitida.

En tanto que, la propuesta mendocina anunciada inicialmente en mayo -indica su fundamentación- "busca mejorar la capacidad del sistema para identificar personas y esclarecer hechos violentos". El objetivo es aumentar la capacidad de match positivos en pos del esclarecimiento de causas. No solo identificar autores, sino también víctimas. "Apunta a ampliar la posibilidad de extraer huellas en el marco de un procedimiento policial o jurídico penal a la persona sometida a un procedimiento cuando resulte necesario para una mejor identificación. Se propone la ampliación del registro de huellas genéticas para incluir a personas que vayan a sacarse el DNI o carnet de conducir, de forma aleatoria, mediante convenios con la nación o registro civil", señala su contenido.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza comentaron a MDZ que la iniciativa relacionada a la ampliación del registro de huellas genéticas quedó en pausa, ya que se encuentran a la espera de cómo se implementará la ley aprobada en el Congreso a nivel nacional. También subrayaron que, a largo plazo, su intención es avanzar hacia la "universalización" del registro de huellas. Mendoza ya tiene una base de datos con casi 90.000 registros. El esclarecimiento de hechos supera los 4.500 casos.

Fuente legislativas provinciales respondieron de forma similar. "Estamos viendo si adherimos a Nación. Vamos a esperar a que salga la reglamentación. Se puede modificar y son cuestiones técnicas", deslizaron. Asimismo, confirmaron que no se aprobara la ampliación en lo que resta del año, por lo que pasará recién para 2025 cuando regrese la actividad en la Casa de las Leyes. "El 2024 lo cerramos con Presupuesto y quedan tres leyes de Educación", aportaron.

Mientras tanto, la Cámara de Diputados de la Legislatura dio inicio al Programa de Respaldo y Adhesión a la Carga de Huellas Genéticas, a través del cual personal, legisladores y funcionarios de la institución, de forma voluntaria, comenzaron a dejar una muestra de su perfil genético al Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas. A través de la Resolución de la Cámara Baja, se establece que a partir del 1 de enero de 2025, todos los diputados, funcionarios y agentes que se incorporen a la Cámara de Diputados deberán contribuir, incorporando su perfil genético al Registro.

Las 10 leyes del paquete de Seguridad que sí fueron sancionadas

• Ampliación de juicios por jurado: a partir de esta ampliación se incluyen los delitos como el homicidio simple y el robo agravado por lesiones graves y gravísimas, según los Artículos 79 y 166 inciso 1° del Código Penal de la Nación a la modalidad de juicios que está vigente desde 2018. Asimismo, pretende regular dentro de la audiencia preliminar del Código Procesal Penal un procedimiento de descubrimiento y admisión de evidencias, conocido como "discovery". Se trata de una etapa crucial en el juicio por jurado.
• Modificaciones al Código Contravencional: tiene como ejes principales la conducción bajo efectos del alcohol entre otros puntos, promueve como sanciones ante infracciones al Código, acoso sexual callejero y sanciones por dejar a un menor de edad solo en un vehículo. Se reglamenta el arresto “desde 1 a 120 días, para darle ese margen al juez de una sanción mayor y se aumenta la multa hasta 12000 UF”, que -de acuerdo al valor actual de las Unidades Fiscales-, superaría $1.000.000. También, trabajo comunitario de 4 a 80 días a razón de 4 horas por día. Por otra parte, agrega un párrafo al artículo 31 del Código, indicando que “para la reiterancia contravencional se tendrán en cuenta los antecedentes penales, contravencionales y, en su caso, del derecho administrativo sancionador, y serán un criterio de valoración de las disposiciones del Título II de este Código”. Sobre la reincidencia, dispone que “es reincidente, a los efectos de este Código, la persona que ha sido condenada por una contravención e incurriere en otra dentro del término de un (1) año a partir de la fecha en que quedó firme la anterior sentencia condenatoria”.
• Modificación de la Ley de Tránsito: uno de los puntos destacados de la reforma es la incorporación de la facultad del juez para exigir, según la gravedad del caso, la asistencia del infractor a cursos de capacitación, prevención y/o conducción responsable. En casos de primera reincidencia de la infracción prevista en el inciso 7 del Artículo 52, la sanción de inhabilitación podrá extenderse de 180 a 365 días, con la posibilidad de que el juez ordene la concurrencia a dichos cursos. También simplifica la certificación de alcoholímetros y establece nuevas regulaciones para los vehículos que se encuentran en playas de secuestro.
• El registro de compra venta de bienes muebles usados: la propuesta busca actualizar la legislación sobre la compraventa de bienes muebles usados. Esta iniciativa, presentada por el Ministerio de Seguridad y Justicia, reemplaza la antigua Ley 8124 de 2009, la cual establecía un procedimiento analógico para este tipo de transacciones. Dada la evolución tecnológica desde entonces, se plantea ahora un sistema digital que facilite el control y registro de estos bienes.
• Ampliación de la inserción en la orden del día: el fin es incorporar al sistema los pedidos de paraderos, prohibiciones de ingreso a eventos deportivos, prohibiciones de acercamiento, inhabilitaciones para conducir. El objetivo es lograr una mejor coordinación con el Ministerio Público Fiscal y la Justicia en relación con las medidas dispuestas con impacto en materia de seguridad.
• Sistema provincial de videovigilancia y captación de datos e imágenes: se amplía el sistema de videovigilancia a la captación de datos y el uso de inteligencia artificial, habilitando reconocimiento facial, reconocimiento de patentes y patrones delictivos. Asimismo, se legisla la posibilidad de incorporar cámaras privadas, que cumplan con los requisitos técnicos, para ampliar las bases del sistema.
• Ley Orgánica del Servicio Penitenciario de Mendoza: la nueva ley supone una mejor supervisión y control. Implica, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el control tecnológico que la ley vieja no establecía e implementa una estricta clasificación de las personas privadas de la libertad que es útil a la seguridad de los internos. Además, se establece dentro de esa refuncionalización orgánica las competencias para vehiculizar que los internos estudien y trabajen, y así evitar que tengan tiempo ocioso. "Cuando se creó la ley había sólo cuatro complejos. Hoy tenemos 22 unidades penitenciarias, había 2.600 internos, hoy tenemos 6.369 internos. Este crecimiento ha hecho que se vuelva necesario organizar", argumentaron desde el Gobierno en un principio.
• Seguimiento, control y del seguimiento y promoción de liberados: busca mejorar el control, monitoreo y seguimiento de liberados a través de la nueva figura del Oficial de Libertad Vigilada y mediante tecnología, para evitar que las personas reincidan en comportamientos delictivos y facilitándoles su reintegración a la sociedad.
• Seguridad privada humana y tecnológica: en 1997, cuando se sancionó la ley, existían aproximadamente 20 empresas de seguridad privada, con un total de 400 vigiladores. Actualmente, se han habilitado 175 empresas y más de 10 mil personas están registradas para trabajar como vigilantes en este sector. Este proyecto busca mejorar los controles, incorporar el sector de seguridad privada tecnológica, profesionalizar los servicios y lograr una mejor coordinación y colaboración con la seguridad pública.
• Se establece la audiencia oral para pedir allanamientos y la presencia del juez en casos graves y complejos: dentro del plan impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo se incluye una reforma al Código Procesal Penal apuntada a agilizar los allanamientos en casos graves y complejos estableciendo la oralidad en la solicitud y la presencia del juez en los procedimientos.