Empleo público: "Que sirva el mejor"

Conviene alejarse de la tentación simplista de pensar que los males de este país se resolverían achicando al Estado. Es cierto que el poder público no tiene el monopolio del bien común, pero es falso que no sea el mejor legitimado para su realización. Para ello necesita de algo elemental: personas idóneas que estén a su servicio o, lo que es lo mismo, al servicio de toda la comunidad. La burocracia es esencial.

La Constitución Nacional se asegura de calificar a la idoneidad como la única condición de acceso al empleo público por dos razones: (i) asegurar que quien cumpla una función de bien común esté en capacidad de hacerlo; y (ii) excluir cualquier privilegio, prerrogativa o discriminación arbitraria como baremo para elegir a los empleados. En pocas palabras, garantizar que a las filas de la Administración solo ingresen los mejores, quienes deberán demostrar su capacidad en igualdad de condiciones con quienes se consideren aptos. Por eso, la Convención Americana establece en su artículo 23.1.c que “todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”.

La Constitución de Mendoza sigue ese mismo principio al disponer que todos los argentinos son admisibles en los empleos públicos de la Provincia sin otras condiciones que su buena conducta y capacidad.

Esa idoneidad debe ser objetivamente comprobada, no solo para asegurar su existencia, sino también porque es lo que da derecho a la permanencia en el empleo público. Mientras el servidor sea idóneo, podrá acceder a planta permanente y permanecer en ella. La estabilidad está íntimamente vinculada al bienestar general: la presencia de agentes públicos independientes y con la posibilidad de especializarse a través de una carrera administrativa plantea la enorme ventaja de lograr una administración más eficiente, eficaz y profesionalizada.