Información pública

Un informe muestra qué deudas existen en Mendoza en materia de transparencia activa

Un relevamiento de la fundación Nuestra Mendoza indica cuáles son las falencias a la hora de dar detalles acerca de información pública a la que debería acceder cualquier ciudadano con facilidad.

Diego Gubinelli
Diego Gubinelli martes, 29 de octubre de 2024 · 10:36 hs
Un informe muestra qué deudas existen en Mendoza en materia de transparencia activa
Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Como suele ocurrir cada año desde 2020, la fundación Nuestra Mendoza -en colaboración con la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) publica su informe especial en el cual pone de manifiesto cuáles son las deudas pendientes que existen en materia de transparencia activa en los organismos estatales. Allí, se realizan recomendaciones en virtud del cumplimiento de la Ley Provincial de Acceso a la Información Pública (Ley 9.070).

Por un lado, la transparencia pasiva se relaciona al deber del Estado de responder ante pedidos específicos de información por parte de las personas. Por el otro, la transparencia activa supone una obligación de publicar información de manera permanente, sin que sea necesario un requerimiento por parte de la ciudadanía. La Ley Provincial 9.070 de Acceso a la Información Pública (AIP) justamente regula este derecho. Respecto al tipo de información a publicar en el universo de la transparencia activa, se incluye información institucional, jurídica y económica. Además, esos datos deben ser difundidos en las correspondientes sedes electrónicas/digitales de manera clara y en formatos reutilizables. También deben ser de acceso fácil y gratuito, y sobre todo, puestos a disposición de personas con discapacidad en los formatos adecuados.

El documento, en su versión 2024, contiene decenas de comentarios de cómo podrían mejorarse distintos aspectos para que la comunicación de la información pública sea más clara. Forman parte más de 70 actores públicos. Entre ellos ministerios, entes autárquicos, las cámaras de la Legislatura, Fiscalía y hasta municipios (los que adhieren a la Ley ya que Maipú y Lavalle optaron por no hacerlo). También figuran todas las recomendaciones de los años anteriores, donde se deja en claro si fueron tenidas en cuenta o no por la Oficina.

Para ponerlo en palabras más simples, la mayoría de los sitios estatales cuentan con una pestaña para acceder a información pública. No obstante, una de las críticas planteadas es que nadie se fija en si la información está actualizada o cargada, los links proporcionados están rotos o el camino para llegar a información muchas veces de carácter "sensible" -pero pública- es complicado para el ciudadano común que quiere conocer en detalle lo que sucede en el Estado. Por ello es que se hacen recomendaciones para que se produzcan transformaciones.

Es que la información pública mencionada corresponde a información económica, presupuestaria y estadística, presupuesto asignado, ejecución presupuestaria periódica, información vinculada a planta de personal, compras y licitaciones, contratos generales, convenios, subsidios otorgados, rendición de cuentas y auditorías y declaraciones juradas (DDJJ).

Fuente: Nuestra Mendoza.

Algunos ejemplos

Presupuesto asignado: el informe indica que el mismo pudo ser identificado solamente en el 28.6% de los portales analizados. Del total, se logró acceder de manera “parcial” a 35,7%, los que a su vez en su mayoría hacían mención a la Ley de Responsabilidad Fisca. En un 35.7% el acceso al presupuesto asignado no fue posible. En algunos casos no existía referencia a esta información mientras que, en otras, se derivaba a la Ley de Presupuesto Provincial. La fundación considera que "para diversos sujetos es imposible identificar el presupuesto que le es asignado".

Planta de personal: el 37,1% de los portales analizados permite conocer información vinculada a la planta de personal, el 18.6% lo permite de manera parcial y un 44.3% de los casos no difunde estos datos. "Publicar este tipo de información es un componente fundamental en la transparencia de las administraciones públicas. Es importante que la ciudadanía conozca aspectos tan básicos como el número de empleados de planta y contratados, los niveles agregados de educación, género, entre otras cuestiones", señala la crítica planteada.

Compras y licitaciones: "Conocer qué compra y cómo lo hacen los diferentes sujetos obligados por la Ley 9.070 resulta importante para dotar de transparencia a éstas acciones realizadas con dinero público", indica el documento. No obstante, en el 50% de los casos analizados no se pudo acceder a información referida a compras y/o licitaciones. En un 30% se lo pudo hacer sólo de manera parcial, dado que lo que se publica es un enlace al portal COMPR.AR pero sin otra información o filtro que permita identificar la información buscada. Se trata de un portal que, sin instrucciones previas, es sumamente difícil de navegar para un ciudadano común y corriente.

La fundación también critica que "por otra parte, ni los organismos provinciales ni municipales publican las compras y contrataciones por montos menores. Si bien la Ley no les exige hacerlo, sería una buena práctica de transparencia y rendición de cuentas para implementar".

Subsidios: de los sujetos obligados que se analizaron, se desprende una altísima falta de publicidad de esta información, siendo ésta accesible sólo en uno de los casos abordados. Tal es así que el no cumplimiento es 98,57%

Declaraciones juradas: el 10% de los sujetos analizados permite consultar las DDJJ desde sus propios sitios y/o bien desde la OIAyEP, pero de manera directa, mientras que un 31% deriva al portal de este organismo pero sin la aplicación del filtro. Casi en el 60% de los casos analizados (41 de 70) no fue posible acceder a esta información, ya sea porque directamente no se hacía referencia o bien porque el enlace que redirige a otro sitio, se encuentra dañado. Una particularidad es que en el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) dos de la DDJJ de funcionarios no están disponibles y que deben ser solicitadas por mesa de entrada.

Qué es un funcionario garante

Otro cuestionamiento de la Fundación Nuestra Mendoza es que en muchos casos no se identifica al funcionario garante, quien se encarga de controlar, pero que tiene un rol desdibujado porque nunca se destinaron más recursos para que resuelva la infinidad de tareas que se le asignan. Para entender este rol, la Ley 9.070 dice en su Artículo 7 que "cada una de las autoridades públicas designará un miembro de su planta como funcionario garante responsable de la aplicación de la presente Ley. El funcionario tendrá la responsabilidad de la atención directa y resolución de las solicitudes de información pública". A ese empleado de planta se le delega la responsabilidad de mantener 

El documento indica que "solo el 34.3% de los sujetos analizados publica en sus sitios quién es dicho funcionario". Desde la fundación enfatizan que "la no identificación va en contra de la idea de rendición de cuentas del Estado y priva a la ciudadanía de información fundamental respecto a las personas que deberían asegurar el reconocimiento de sus derechos. Además no todos los órganos que mencionan al funcionario garante, incluyen su información de contacto. Sólo el 24.3% del total de los sujetos analizados han incorporado los respectivos datos de contacto"

Un ejemplo de cómo figura el funcionario garante. Fuente: Nuestra Mendoza.

Entre el mar de datos volcados en el informe hay uno que llama la atención: desde la creación de la Oficina de Ética Pública el 14 de mayo 2018, solamente se llevó adelante una auditoría en 2021, que relevó a a 7 sujetos públicos de 77. En los años posteriores no volvió a ocurrir.

En diálogo con MDZ, Facundo Heras -uno de los profesionales que participó en la elaboración del informe- explicó: "La Subdirección de Acceso a la Información viene haciendo revisiones trimestrales respecto al cumplimiento y qué grado de cumplimiento hay. Nosotros pensamos que tiene que ser en la totalidad. Todo lo que refiere a transparencia activa y como se están comportando los sujetos obligados. Es importante para evitar una avalancha de pedidos de acceso. Que el ejercicio esté para ir publicando y así actualizar"

"Se deben hacer auditorias permanentes y publicar para conocer quién está cumpliendo y quién no para mejorar. Hasta el 2021 no había ninguna auditoría o evaluación. En 2020 lo reflejamos en el informe. Recién en 2021 se realizaron auditorías en la Suboficina de la página. Dice que se hicieron 2 o 3 más, pero no tenemos acceso porque no están colgadas. A partir de ese año no se publicaron ni se rindió cuenta de cómo se están comportando los sujetos obligados", dijo.

"Creemos fundamental que exista un ejercicio periódico y una planificación cotidiana. Garantizaría que la información esté completa, que no estén rotos los enlaces, etc. Si no monitoreamos y no sabemos lo que estamos comunicando, vamos a estar lejos de cumplir con el espíritu de la ley: que el ciudadano esté informado", aportó.

Heras manifestó que "hay reclamos que persisten y no se producen cambios", aunque reconoció que -a partir de los informes anuales- se tomaron algunos cambios. "Al principio estaba diseminada, pero ahora la mayoría de los sujetos tienen una pestaña de información pública. Se sumaron más municipios. Antes los Concejos Deliberantes no tenían funcionarios garantes. Hoy hay algunos que sí. También planteamos la necesidad de bajar la norma a cada uno de los sujetos porque involucra a Ejecutivo, Legislativo, empresas con participación estatal. No es lo mismo lo que publica un Concejo Deliberante que el Consejo de la Magistratura".

Desde la Subdirección de Acceso a la Información Pública -espacio conducido por Diego Seoane y dependiente de la Oficina de Ética Pública- explicaron respecto al hecho de que la única auditoría abierta al público fue llevada adelante en 2021: "La Ley 9.070 otorga a la Auditoría de Ética Pública el derecho y autoridad para monitorear el cumplimiento de esa fase. Esto se ha realizado de 2 maneras. Al inicio, avanzando en un proceso de auditoría a 10 organismos elegidos aleatoriamente, que se realizó en 2021. 7 de ellos resultaron satisfactorios. Los 3 restantes, recibieron sugerencias de ajustes".

Y argumentaron que se hacen controles de carácter interno, pero que no quedan registrados (lo cual fue criticado por la Fundación Nuestra Mendoza. "A partir de la comprobación que este proceso de seguimiento individual de cada organismo (75), es muy difícil de desarrollar con la estructura actual de la Subdirección de Acceso a la Información; y que obligaría a descuidar el proceso de transparencia pasiva; es que se modificó la forma de monitorear generando instancias de encuentros virtuales periódicos por segmentos de organismos obligados, en donde se analiza de forma genérica el estado de los sitios de los organismos que participan de cada encuentro. Estas instancias, por su propia dinámica dialogada y de trabajo in situ no se documenta de forma específica, sino que las recomendaciones se expresan en el momento de cierre de cada encuentro", sostuvieron.

Gabriel Balsells Miró y Diego Seoane.

Diego Seaone conversó con este diario y aseguró que "Tomamos las recomendaciones. Trabajamos cercanamente (con la fundación). Nos detectan lo que según ellos estaría ausente e intercambiamos opiniones. Hemos tratado de aplicar las que creemos que son viables y corresponde".

Asimismo, habló del rol del funcionario garante. "Insistimos todo el tiempo que se coloque. Muchas veces pasa que se cambia gestión y hay que cambiar el funcionario garante. Están todos designados, que no estén identificados es una falencia", fueron sus palabras.

En relación al límite existente entre insistencia y obligación a la hora de hacer cumplir la Ley 9.070 y los posibles apercibimientos de no ser así. "Tenemos resoluciones emitidas al respecto. Viene una recomendación, luego un llamado de atención y después un apercibimiento", sostuvo el sociólogo.

Y añadió: "En 2025 vamos a trabajar mucho en transparencia activa. Es una consecuencia lógica de que funcione bien la transparencia pasiva".

En lo que refiere a la información pasiva, que son los pedidos de acceso a la información pública, la Oficina de Ética de Pública detalla que, en cinco años, ingresaron 5213 pedidos (un promedio de 1100 por año). Se respondieron 4978, dando un tasa de respuesta efectiva de 95,50%. Desde 2018 se presentaron 434 recursos por incumplimiento. El promedio de denuncia en relación con los pedidos es del 8%.

El informe completo

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