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La estrategia de los grupos ambientalistas para frenar los proyectos de Malargüe Distrito Minero

La Asamblea Popular por el Agua pidió una nueva audiencia pública a través de la Legislatura para exigirle a los funcionarios que detallen el impacto ambiental de los proyectos mineros de Malargüe.
Empresas estatales que administran fondos millonarios, nombres que se repiten, bienes que son dispuestos de manera discrecional y socios en la actividad privada son parte del entramado minero.

Empresas estatales que administran fondos millonarios, nombres que se repiten, bienes que son dispuestos de manera discrecional y socios en la actividad privada son parte del entramado minero.

Foto: Impulsa Mendoza

Continúa el desarrollo de Malargüe Distrito Minero Occidental después de que en septiembre se haya procedido exitosamente con la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), que en la audiencia pública contó con el apoyo de vecinos, especialistas y profesionales. El Gobierno provincial espera su aprobación. Sin embargo, desde Asamblea Popular por el Agua Pura argumentan que 'las objeciones y planteos en oposición fueron numerosos y no han sido respondidos por el gobierno'. Ahora, sectores ambientalistas de la provincia buscan enfrentar el proyecto en la Legislatura y convocar a una nueva audiencia pública para seguir debatiendo el desarrollo del proyecto minero.

Federico Soria, vocero de Asamblea Popular por el Agua, explicó en MDZ Radio 105.5 FM las objeciones que los ambientalistas tienen contra el desarrollo de Malargüe Distrito Minero Occidental.

Desde la Asamblea convocan a la audiencia pública a través del Acuerdo Escazú, que, en palabras de la organización, 'impone la obligatoriedad de dar intervención a la población en las decisiones de gobierno en materia ambiental', algo que no se estaría cumpliendo con el proyecto que se desarrolla en Malargüe. "Hubo 45 intervenciones en la audiencia pública y no fueron contestados o fueron directamente omitidos por el gobierno. Y en eso nos basamos", explicó el vocero

Fragmento del comunicado / Facebook Asamblea Popular por el Agua

"En realidad la ley 7722 no prevé el tema de la audiencia pública, pero sí en el fallo de la Corte Suprema de Mendoza de 2015, que avala la constitucionalidad de la ley". En el escrito de los jueces, se afirma que "el otorgamiento de las vías deben ser ratificadas por una cuestión de dar intervención a la sociedad" en este tipo de proyectos cruciales para el bienestar de la provincia. "Por eso entendemos que, en función de estas dos cuestiones, debería haber también una convocatoria a audiencia pública por parte de la Legislatura" para tratar las 45 intervenciones "que no han sido contestadas". 

El objetivo de la Asamblea a través de esta convocatoria es que "los legisladores sepan explicar todos y cada uno de los 34 proyectos" que se han planeado para Malargüe Distrito Minero Occidental. "Hay proyectos que se sitúan en orillas de espejos de agua que ni siquiera están mencionados en la Evaluación de Impacto Ambiental porque no tienen estudios de campo. Por ejemplo, la Laguna Negra, que está situada en la triple frontera entre Neuquén, Mendoza y Chile, no está mencionada", remarcó Soria.

Sobre el aparente apoyo social que recibe el proyecto desde las vecindades de Malargüe, el vocero dijo que "yo entiendo que las cámaras y la dirigencia política quieren desarrollar la megaminería, pero no así la población y menos quienes habitan en el territorio". En ese sentido, el debate "tiene un sentido ideológico" porque "hay otras alternativas" que beneficiarían tanto a Malargüe como al medio ambiente. "Hay informes del INTA de que Malargüe tiene 60.000 hectáreas de tierra cultivable y suelos de primera calidad. Incluso 10.000 hectáreas se podrían cultivar sin mayores obras de riego, por ejemplo, en el Valle del Río Grande"

"Esto de que la vocación territorial de Malargüe es la minería a gran escala entendemos que es falso y es parte de un relato ideológico", concluyó.

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